Por Ezequiel Koper (para el portal Nueva Sociedad, NUSO).- La escalada de violencia que comenzó en Jerusalén ya provocó más muertes. El histórico conflicto entre israelíes y palestinos retorna con fuerza y pone en debate la política israelí en los territorios ocupados. Las alternativas frente al conflicto existen, pero son pocos quienes están dispuestos a apoyarlas y los pirómanos parecen estar ganando la batalla.
En Jerusalén Este (la zona árabe), más precisamente en el barrio de Sheikh Jarrah, los habitantes palestinos de la ciudad encontraron la excusa perfecta para protestar ante la discriminación continua que sufren a manos del gobierno de Israel. Allí, cientos de palestinos –con la presencia solidaria de un puñado de activistas israelíes– elevaron su voz ante la orden de desalojo que recibieron varias familias árabes de parte del Poder Judicial de Jerusalén, el cual argumentó que familias palestinas se encontraban ocupando ilegalmente viviendas que antes de que se conformara el Estado de Israel en 1948 (y Jerusalén se dividiera entre control israelí al oeste y jordano al este) eran de propiedad judía.
Los ocupantes palestinos explicaron una y otra vez que la mayoría de ellos también eran refugiados que, a su vez, habían sido expulsados de poblados que habían quedado bajo dominio israelí con posterioridad al establecimiento del Estado hebreo, y que las autoridades jordanas los habían reacomodado en viviendas que antes eran de judíos. La pregunta que se hacían los damnificados ante la decisión judicial era clara y estaba dirigida hacia el corazón de una cuestión aún no saldada: ¿por qué familias judías pueden presentar reclamos por propiedades que debieron abandonar por la conflagración de 1948, pero ningún palestino puede hacer lo mismo con sus antiguas viviendas hoy ocupadas por israelíes después la guerra, a lo largo y ancho de todo Israel?
Las llamas actuales comenzaron a avivarse hacia un punto de no retorno cuando Haram Al Sharif (la explanada elevada donde se encuentran el Domo de la Roca y la Mezquita de Al Aqsa y que los judíos también reverencian, pues allí se encontraba el Templo de Salomón), repleto por la festividad musulmana de Ramadán, protestó masivamente en solidaridad con el barrio de Sheikh Jarrah. Los disturbios incluyeron el lanzamiento de piedras y cánticos palestinos en favor de la independencia, y las fuerzas israelíes contestaron con una violenta represión.
A partir de entonces, todo estuvo servido para la ganancia de los piromaníacos: la organización fundamentalista Hamas –que controla una Franja de Gaza bloqueada por Israel– aprovechó la oportunidad e hizo su entrada triunfal para posicionarse como protectora de los palestinos y así avanzar su disputa interna contra la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) (que administra algunas ciudades de Cisjordania bajo supervisión israelí y trató de contener las protestas). Para ello lanzó ataques con cohetes contra Israel. Hamas sabe muy bien –de igual manera que lo comprenden los extremistas judíos– que cualquier disturbio acontecido en Haram al Sharif potencia su discurso nacional-religioso a expensas de la posición mayoritaria palestina de llegar a un acuerdo con los israelíes.
A esto se debe que los fundamentalistas de ambos lados anhelen la violencia en Jerusalén, pues los problemas pueden empezar en la mítica ciudad santa pero nunca terminan dentro de sus límites. La realidad es que Hamas le hizo un flaco favor a la causa palestina al entrar en un intercambio violento con Israel, que, al fin y al cabo, mueve el escenario de una lucha de resistencia civil en Jerusalén –que Israel no sabe manejar– a una disputa armada que Israel dominará tarde o temprano.
Para hacer más complicada la cuestión, Israel se encuentra en una impasse política: el actual primer ministro Benjamin Netanyahu no pudo formar una coalición de gobierno luego de las elecciones y hoy la oportunidad de hacerlo la tiene una heterogénea alianza que integran derechistas e izquierdistas israelíes junto con islamistas árabes israelíes. La escalada violenta sin dudas beneficia al líder del Likud, pues será muy difícil para sus rivales políticos, encabezados por el nacionalista religioso Naftali Bennett y el centrista secular Yair Lapid, conformar en los días por venir una coalición para la cual necesitan el apoyo de los partidos árabes israelíes (un eufemismo para denominar a los palestinos con ciudadanía de Israel). Y cualquier colaboración de los partidos palestinos dentro de Israel en el medio de un conflicto violento será vista como una traición a su pueblo.
La historia
Volviendo a Jerusalén, la actual disputa en la ciudad encuentra su origen en el problema irresuelto de su estatus legal y a la fallida partición del territorio de Palestina en un Estado judío y otro árabe. Bajo el plan de partición de las Naciones Unidas, aprobado en noviembre de 1947, Jerusalén estaría bajo control internacional y sin manejo efectivo ni del Estado judío ni de los árabes. La tutela internacional –que habría implicado que varios países tuvieran una representación diplomática separada en Jerusalén– nunca llegó a implementarse debido a la guerra que pelearon, en primer lugar, israelíes contra palestinos y, a partir de la Declaración de Independencia israelí, en mayo de 1948, el naciente Estado judío contra cinco países árabes. Hoy, el estado legal de Jerusalén, según las Naciones Unidas y casi todos los países del mundo, no está resuelto y sigue en disputa. Asimismo, la amplia mayoría de la comunidad internacional nunca reconoció la decisión israelí de coronar a Jerusalén Oeste como la capital de Israel en 1949 o la anexión de Jerusalén oriental (luego de la conquista israelí en la Guerra de los Seis Días de manos de Jordania) en 1967. La anexión puso a Jerusalén Este dentro de los límites de Israel, pero que no les otorgó derechos plenos a sus ciudadanos árabes.
Mientras tanto, la organización humanitaria Human Rights Watch publicó un exhaustivo trabajo de investigación de 213 páginas titulado Un umbral cruzado, en el que afirma que Israel gobierna un régimen de «apartheid y persecución» sobre los palestinos, lo que fue definido como un crimen de lesa humanidad en la década de 1970.
Durante años, siempre que Israel ha sido acusado de mantener un régimen de apartheid en los territorios ocupados palestinos ha contestado con el argumento de que se trata de una situación «temporal» (producto de la guerra de 1967) y que el futuro de Cisjordania se determinará mediante negociaciones que se han estancado –según los argumentos israelíes– como resultado de la negativa de la parte palestina a participar. Es decir: la responsabilidad es de los palestinos y no del propio Estado israelí, el cual ha motorizado que hoy en día 8% de su población civil –cerca de 700.000 personas– se haya asentado en territorio ocupado en un conflicto militar y construido allí más de 120 asentamientos (hay otros 100 en proceso de legalización) que controlan de una forma u otra entre 20% y 30% del territorio total de Cisjordania.
La pregunta que se impone entonces es la siguiente: ¿es comparable la situación en Israel/Palestina a la Sudáfrica del apartheid? Muchos concluyen que sí.
Si bien la caracterización de Israel como un estado de apartheid deja de lado algunos aspectos únicos de la ocupación israelí, en muchas otras cuestiones las similitudes son sorprendentes: Israel controla todo el registro de la población en los territorios ocupados, todos los palestinos deben llevar tarjetas de identificación emitidas por Israel y su identidad está sujeta a verificación por parte del ejército israelí en todo momento. Existe un complicado sistema de permisos y regulación tanto del movimiento dentro de Cisjordania como de los desplazamientos fuera de la zona: hay más de 100 tipos de permisos para entrar en Israel desde Cisjordania, en lo que constituye el sistema más sofisticado de control de una población en todo el mundo. El grado de cooperación de un palestino con el ejército israelí es directamente proporcional a su capacidad para viajar libremente, y solo una pequeña parte de la población –un par de decenas de miles entre casi tres millones– tiene permisos para trabajar en Israel, al oeste de la Línea Verde, límite internacionalmente reconocido entre los israelíes y los palestinos.
De esa sumisión a la violencia hay pocos pasos
Construcción mediática
Organizaciones de derechos humanos, como la israelí B’Tselem y la ligada a Estados Unidos Humans Right Watch han publicado informes donde muestran las políticas de apartheid hacia los palestinos. “Israel se presenta como la democracia en Medio Oriente, se jacta de garantizar los derechos humanos, legisla y tiene leyes que consagran no solamente la ocupación sino la discriminación y el apartheid”, denunció Abdel Wahed, embajador palestino en Argentina.
“El pretexto es el de siempre, la democracia israelí, Israel que se autodefiende, ¿de qué? ¿y de quién? si ocupa a Palestina al 100%, reprime al 100 por ciento de la población Palestina en territorio palestino ocupado. Inventan fantasmas y ustedes están obligados a creer lo que dice Israel, y pobre de ustedes si critican a Israel porque serían antisemitas”, agregó.
El origen de todos los conflictos
La creación del Estado de Israel, en un territorio que ya tenía una nación y población viviendo allí es la esencia del problema. “Primero desde el año 1948 la creación del Estado de Israel sobre el 78 por ciento de la Palestina histórica, y la expulsión de tres cuartas partes de la población Palestina, y luego en el año 1967 en la llamada Guerra de los Seis Días, la ocupación del 20 por ciento restante de Palestina, que son los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania incluido Jerusalén Oriental”, repasó el embajador.
No se trata de un Estado convencional, sino que es un Estado que se fundó para los judíos en todo el mundo y no para los ciudadanos que allí habitan. El presidente Benjamín Netanyahu llegó al poder en 1996 con el partido de Likud, la derecha israelí. Mientras tanto, gran parte de la población judía de Israel “cada vez se facistiza más, ha terminado el proceso de fascistización”.
“En dos años ha tenido cuatro elecciones y no logran conformar un gobierno, y por lo tanto como tienen una crisis interna tratan de exportar su crisis para aglutinar a diferentes segmentos del mozaico político israelí llamando la atención o desviando la atención donde la víctima siempre es el pueblo palestino”, remarcó el diplomático.
Supremacía y discriminación
Israel logró vacunar a la mayoría de su población contra el COVID-19, pero obstaculiza la llegada de insumos sanitarios, así como alimentos y otros bienes a Palestina. “Conforme al derecho internacional y las convenciones de Ginebra una potencia de ocupación tiene la obligación y la responsabilidad de atender las necesidades del pueblo bajo su ocupación, pero no solo no se ocupa sino que no permite o no facilita la vacunación del pueblo palestino por nuestras cuentas o por la ayuda de otros, obstaculiza la llegada de vacunas”, explicó el embajador.
“El problema mayor del pueblo palestino es la desinformación, porque se pretende difundir el relato de la fuerza ocupante y hacer desaparecer el relato palestino”, remarcó Husni Abdel Wahed.
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