La Comisión Provincial por la Memoria realizó un informe especial y denuncia ante el consejo de la magistratura a un año de la muerte de Facundo Astudillo Castro.
El pasado 30 de abril se cumplió un año de la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. A pesar de la gran cantidad de pruebas que vinculan a integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con el hecho, la causa no tiene imputados. La actuación de las policías Bonaerense y Federal, de la jueza María Gabriela Marrón y del Fiscal Ulpiano Martínez abrieron el camino que lleva a la impunidad. Medidas de pruebas rechazadas sin fundamento, testigos amenazados y hostigados, detenciones y allanamientos sin orden judicial, policías que declaran como testigos sin informar su condición, testigos «plantados», producción de prueba sin control de las querellas e incumplimiento de la normativa y recomendaciones de los organismos internacionales. A un año, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante institucional en la causa en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, presenta un informe especial a los poderes del Estado. Además, junto a Cristina Castro y sus abogados, el organismo denunció a la jueza Marrón ante el Consejo de la Magistratura.
Facundo Astudillo Castro fue visto con vida por última vez, junto a personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a la vera de la ruta 3 cerca de la localidad de Teniente Origone. Es lo que último que se conoce con certeza. El 15 de agosto, su cuerpo fue hallado por pescadores en una zona de cangrejal de la ría del canal Cola de Ballena, en Villarino Viejo.
A un año de su desaparición seguida de muerte, la causa que tramita en la justicia federal tiene una importante cantidad de prueba testimonial y técnica que vincula a la policía bonaerense con el hecho. Hay al menos cuatro efectivos policiales identificados por sus intervenciones aquel día: todos ellos reconocieron haber estado en contacto con Facundo, sus testimonios fueron inconsistentes y ocultaron o borraron información.
El Ministerio Público Fiscal, la Comisión Provincial por la Memoria –que interviene en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura como querella institucional– y la querella familiar coinciden en que la lectura integral de las pruebas del expediente refuerzan como principal hipótesis la participación de la Policía Bonaerense en la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo.
Sin embargo, a pesar de la prueba ya existente, de los reiterados pedidos de los fiscales y las querellas para avanzar en la producción de prueba y en la concreción de otras medidas de coerción, la jueza federal María Gabriela Marrón obstruye cualquier intento por avanzar con la investigación judicial y conocer la verdad de lo que pasó.
A un año de la desaparición, la CPM presentó un informe especial dirigido a los tres poderes del estado y a la sociedad bonaerense, sobre el estado de la causa: las pruebas, los allanamientos y objetos de Facundo secuestrados en dependencias y móviles policiales, las inconsistencias y contradicciones de los testigos aportados por la policía, las irregularidades en las actuaciones investigativas a cargo de la Policía Bonaerense primero y la Policía Federal luego, las estrategias de encubrimiento y protección policial, y la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esta causa, como tantas otras donde las fuerzas de seguridad están sospechadas de la comisión de delitos de gravedad institucional, permite dar cuenta de la prácticas policiales habituales: “inventaron” y “plantaron” testigos, brindaron testimonios falsos, adulteraron pruebas, realizaron allanamientos ilegales, hostigaron testigos claves para que desistan de declarar, intentaron incriminar a familiares de la ex pareja de Facundo forzándolos a declarar que habían sido autores de su homicidio, amenazaron a los abogados querellantes.
La situación es tan grave que, actualmente, hay ocho causas vinculadas a la investigación por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro: dos habeas corpus y dos investigaciones penales por las amenazas y hostigamientos a testigos, familiares, abogados de la familia y allegados del joven; otra investigación por adulteración de instrumento público por parte de un funcionario del Municipio de Villarino; una denuncia por falso testimonio de un policía que se presentó en la causa para desviar la investigación; otra denuncia por abuso de autoridad por parte de la Fiscalía Federal de Bahía Blanca, a cargo de Santiago Ulpiano Martínez; y, finalmente, el octavo expediente judicial refiere a la investigación por los restos humanos sin identificar encontrados en la misma zona de la ría donde apareció el cuerpo de Facundo.
La denuncia contra la jueza Marrón
Las maniobras de cobertura y encubrimiento no serían posibles sin participación de los actores judiciales que generan condiciones y garantías para consagrar la impunidad. Marrón instruye la causa desde el 7 de julio, cuando ante la evidencia que vincularía a la Policía bonaerense con la desaparición de Facundo, el expediente pasa de la justicia provincial a la federal.
Al principio de la investigación mostró un trato debido a la víctima, las querellas y fiscales, pero cuando se comenzaron a solicitar medidas que requerían un mayor grado de compromiso con la investigación –como ser imputaciones, detenciones, medidas de prueba–, denegó lo pedido, desconociendo las pruebas colectadas respecto de la participación policial.
Lamentablemente, a esta altura, la actitud de la Jueza Marrón ya causó gravámenes irreparables en la investigación: su conducta obstruye la instrucción, avasalla las funciones principales del Ministerio Público Fiscal, instaura sospechas en el accionar de la víctima, sus familiares y allegados, manipula elementos de prueba dándole un sentido diferente al que consta en el expediente, demora y desestima medidas esenciales para la investigación sin una argumentación jurídica sólida; lo que configura una protección de las fuerzas de seguridad, cuyos miembros son los únicos sospechados de la autoría del hecho.
Por todos estos motivos, la jueza ya fue recusada, tanto por las querellas como por los fiscales Andrés Heim de la Procuvin y Horacio Azzolin de la Unidad Especializada de Ciberdelincuencia. Para estas partes, la jueza perdió la imparcialidad y sus acciones expresan una idea clara: seguir como única hipótesis de la causa que Facundo se ahogó, desestimando cualquier medida de prueba que no se circunscriba a esa idea. A pesar de las graves irregularidades, en dos oportunidades, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanco la confirmó al frente de la causa.
A un año de la desaparición de Facundo, la CPM y Cristina Castro –representada por sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparacio– denunciaron a la jueza federal María Gabriela Marrón ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
“No venimos aquí a exponer una denuncia a la Magistrada por el contenido de sus sentencias, sino a exhibir que en las mismas demuestra un grave desconocimiento del derecho y la vulneración del mismo de manera arbitraria, lo que culmina en un mal desempeño, por obstruir el ejercicio de derechos fundamentales”, expresan las querellas en la denuncia.
La presentación al Consejo de la Magistratura describe varias acciones de la jueza Marrón que explican la denuncia por mal desempeño. Entre ellas, los actos de manifiesta arbitrariedad que se plasmaron en la decisión de denegar medidas de pruebas solicitadas por los fiscales y las querellas con argumentos que desconocían, incluso, la prueba ya producida. En dos oportunidades, la Cámara Federal terminó por aceptar y pedir que esas pruebas se produzcan.
En otro momento de la actuación, en una resolución donde se debía expedir sobre el pedido de medidas de coerción real a través de un argumento jurídico, la Jueza se puso a reflexionar sobre la situación que está pasando la fuerza de seguridad ante el desprestigio de la misma y a defenderla: “Es fácil para la sociedad creer que haya sido la policía… ser policías no los vuelve delincuentes”. Afirmando luego que Facundo no ingresó al Puesto de Vigilancia de Teniente Origone porque “no hay registros de su ingreso al lugar”, entre otras apreciaciones que toma como certeras sólo con lo informado por la policía e ignorando pruebas que dan cuenta de una actuación policial irregular e ilegal.
Además de estas actitudes, la denuncia ante el Consejo de la Magistratura suma otros hechos: la intromisión en la instrucción de los fiscales avasallando sus competencias, el incumplimiento de la ley de víctima –reiteradamente puso en sospecha la palabra de Cristina Castro–, la denuncia al abogado de la familia, la filtración de información sensible del expediente a pesar de la obligación de velar por las condiciones de reserva y confidencialidad.
Por último, la jueza ignoró completamente los señalamientos realizados por el Comité internacional sobre desaparición forzada de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A partir de las presentaciones realizadas por la CPM en el marco de esta causa, ambos organismos internacionales emitieron una serie de recomendaciones para garantizar la oficiosidad, inmediatez y exhaustividad de la investigación, y para que se garantice la participación de la víctima en todas las etapas de la instrucción. La jueza Marrón no cumplió con nada de esto.
Por otra parte, las querellas también ampliaron la denuncia en la Procuración General al Fiscal Ulpiano Martínez, que fue parte de la trama de encubrimiento e impunidad.
Al cumplirse un año de la desaparición de Facundo, el entramado policial-judicial amenaza una vez más el derecho a la justicia y la verdad en un caso de gravedad institucional.
El Presidente de la Nación Alberto Fernández y el Gobernador Axel Kicillof recibieron y escucharon los reclamos de Cristina Castro y manifestaron públicamente su decisión de no encubrir a ninguno de los responsables de este hecho.
Por su parte, el Ministro de seguridad de Buenos Aires Sergio Berni hizo todo lo contrario: en sus apariciones públicas o mediáticas sostuvo la defensa corporativa del accionar policial, avaló la cuestionada actuación judicial y reveló información sensible de la causa, incluso información que podría identificar a testigos de identidad reservada.
“Debemos concluir que los esfuerzos estatales no fueron suficientes en la búsqueda de verdad y justicia por Facundo. Los niveles de articulación o connivencia judicial-policial que exhibe el caso, vienen a demostrar una vez más, que las prácticas de este tipo continúan alojadas y naturalizadas en un sistema judicial que poco contribuye a la realización de la justicia y la reparación de los daños que el mismo Estado provoca”, concluye el informe especial de la CPM a un año de la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.
