La organización y la protesta, el principal enemigo del gobierno.
Por Jimena Frankel (coordinadora del Monitor de respuestas represivas IEF-CTA); y María José Cano (directora de Derechos Humanos de la CTA-A).
Foto: CTA Autónoma.
Durante el primer semestre del Gobierno de Javier Milei, se registraron al menos 60 acciones represivas y 22 hechos de detenciones, resultando en un total de 115 personas arrestadas. Además, 147 personas enfrentaron causas penales y 992 sufrieron heridas a manos de las fuerzas de seguridad.
Estos datos surgen del relevamiento del “Monitor de Respuestas Represivas Estatales y Paraestatales contra las Organizaciones del Campo Popular”, desarrollado por el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Se trata de un monitor construido a la luz de las represiones ocurridas en la provincia Jujuy a fines del año pasado, que avizoraban un nuevo ciclo represivo. Busca ser una herramienta de relevamiento, seguimiento y análisis de los hechos de detención, represión y apertura de causas contra las organizaciones del campo popular. Además, produce insumos desde y hacia la clase trabajadora para entender e intervenir frente a la realidad represiva que limita las luchas populares.
En los 60 episodios que contabilizó el Monitor, un total de 26 estuvieron relacionados con la represión de manifestantes que estaban ejerciendo su derecho constitucional a protestar. Por otro lado, 31 casos fueron registrados específicamente contra organizaciones sociales, con allanamientos de domicilio y locales para desarticular y debilitar colectivos territoriales que trabajan en la defensa de derechos y reivindicaciones populares. También se han documentado tres casos en los cuales fuerzas paraestatales atacaron a personas o vandalizaron locales pertenecientes a organizaciones de este tipo.
En el marco de las 26 represiones, se estima que al menos 992 personas resultaron heridas debido al uso desmedido de balas de goma, gases lacrimógenos y sprays de pimienta. La atención médica en estos incidentes fue proporcionada principalmente por postas de salud gestionadas por organizaciones sociales y agrupaciones de derechos humanos. Esto incluye a periodistas y personal sanitario que se encontraban presentes para atender a los afectados. Uno de los aspectos más preocupantes que destaca este informe es el uso de un nuevo gas pimienta de color amarillo, el cual ha demostrado causar daños severos, junto con la utilización de gases lacrimógenos vencidos, que representan una clara violación de los derechos de quienes protestan.
Otro aspecto alarmante que resalta el monitor son las detenciones de manifestantes, militantes y dirigentes en el contexto de protestas. De los 20 hechos de detención registrados, 13 ocurrieron en el contexto de represiones, resultando en 95 arrestos, mientras que en 7 eventos adicionales las detenciones se llevaron a cabo para limitar protestas, con 20 individuos arrestados.
Particularmente inquietantes son las detenciones de dos detenidos en Jujuy a comienzos de 2024 y las 33 personas arrestadas durante la movilización del 12 de junio en las afueras del Congreso. Estas detenciones superaron las 24 horas y se denunciaron maltratos físicos y psicológicos en comisarías o cárceles que podrían considerarse tortura. En Jujuy, los detenidos permanecieron más de un mes en prisión, mientras que en el episodio del 12 de julio, las liberaciones se produjeron de forma escalonada, con dos personas aún encarceladas luego de más de un mes.
En cuanto a la apertura de causas, 147 individuos tienen procesos judiciales en curso. Los cargos más comunes en el marco de las protestas incluyen “daños” y “resistencia a la autoridad”, aunque también se han reportado acusaciones por delitos contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva y pertenencia a agrupaciones que busquen imponer ideas mediante la fuerza o el temor, entre otros delitos relacionados con el orden constitucional y el respeto a la autoridad. Se observa un patrón común en las causas contra comunidades originarias, que suelen involucrar acusaciones de “robo” o “usurpación” en conflictos por tierras y territorios que históricamente han sido reclamos de los pueblos indígenas. Por su parte, a los integrantes de organizaciones sociales se les imponen cargos como “coacción” o “extorsión”, reflejando un esfuerzo sistemático por deslegitimar sus luchas y reivindicaciones.
En el ámbito normativo e institucional se percibe un avance contra las organizaciones populares y el derecho a la protesta. Poco después de la llegada al poder del nuevo Gobierno, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó el protocolo “antipiquetes” que se ha aplicado de manera sistemática durante las manifestaciones, incluso en aquellas que no implican cortes de calles. Este marco institucional facilitó la detención masiva de manifestantes y permitió el uso de “armas no letales”, permitiendo la utilización directa de gases y balas de goma en el rostro de los manifestantes. Estas acciones se llevaron a cabo en numerosas ocasiones en coordinación con la policía de la ciudad. Asimismo, se registra un nuevo giro represivo con la aprobación de la ley de Reiterancia en la legislatura porteña, que vulnera el derecho constitucional a la presunción de inocencia.
En una línea similar, el Ministerio de Seguridad de la Nación promovió la “unidad de seguridad productiva”, cuyo objetivo es asegurar el funcionamiento de sectores o empresas, lo cual puede estar en conflicto con el ejercicio del derecho a la huelga. Además, se han planteado reformas en la legislación laboral que limitan el derecho a la huelga, haciendo posible la sanción o el despido de trabajadores que protestan y facilitando la indemnización por despidos discriminatorios.
Es evidente que, en el contexto actual, la organización y la protesta han sido percibidas como el principal enemigo del gobierno. Este clima represivo es alarmante para nuestras reivindicaciones y derechos, pero no es la primera vez que enfrentamos un gobierno que actúa en contra de los intereses del pueblo trabajador. Por ello, resulta urgente avanzar con medidas de autocuidado colectivo, así como fortalecer la organización y la solidaridad ante el embate del individualismo y la represión. Libertad, cierre de causas y desprocesamiento ya a todxs los luchadores populares.
