El virus Zika transmitido por el mosquito Aedes Aegypti (también transmisor del virus Dengue y Chikungunya) hoy preocupa a gobiernos, familias y mujeres en edad reproductiva, a lo largo de toda América, y es por razones fundadas. Alrededor 4.000 niños han nacido con microcefalia, una condición observable caracterizada por una cabeza anormalmente pequeña y la presencia de daño cerebral potencialmente devastador, muy posiblemente causada por el virus. El Zika se ha encontrado en más de 20 países, y se cree que podría infectar a 4 millones de personas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, han alertado a las mujeres embarazadas en los Estados Unidos acerca de los peligros de viajar a los países afectados por la epidemia.
La amenaza es tan grave, que el gobierno de El Salvador instó a las mujeres a posponer su embarazo hasta el año 2018.
Además de la obvia paradoja confesional (¿cómo se supondría que las mujeres van a prevenir su embarazo en un país católico en el que la Iglesia se opone a los preservativos y los anticonceptivos?), la respuesta a la epidemia del Zika de los gobiernos de América Latina es sorprendente: se deja entrever la falta interés que muchos de ellos demuestran hacia la mujer, la maternidad, y las decisiones profundamente personales que las mujeres toman al convertirse, o no, en madres, a menudo a expensas de leyes de salud pública.
Según una encuesta de la consultora Gallup, las personas que viven en América Latina son mucho menos propensas a manifestar que las mujeres son tratadas con respeto y dignidad, que las personas que viven en cualquier otro lugar en el mundo. La violencia contra las mujeres es endémica: en Perú , por ejemplo, la mitad de las mujeres dicen que su primera experiencia sexual fue forzada. La pobreza sigue siendo feminizada. El acceso a la anticoncepción va en aumento, pero sigue siendo escaso sobre todo para los adolescentes y las mujeres de bajos ingresos. La mitad de los embarazos son no deseados. A pesar de que las leyes contra el aborto son severamente restrictivas en la región, se estima que hay 4.4 millones de abortos cada año en América Latina y el Caribe, el 95 por ciento de ellos es clandestino. Cada año, un millón de mujeres de América Latina terminan hospitalizadas, y se estima que 2.000 mueren por abortos clandestinos. Esas son epidemias también, y han sido históricamente ignoradas.
Véase ahora el caso de El Salvador. Por cada 100.000 mujeres que dan a luz, 54 mueren por causas relacionadas con el embarazo, por el contrario, en Dinamarca es el número siete, ocho y Francia es los Estados Unidos es de 14 años, Y a diferencia de la mayor parte del mundo, las muertes maternas en El Salvador han aumentado desde 2003.
El aumento de las muertes maternas han generado poca autocrítica por parte de los líderes del país. El Salvador es uno de los siete países de la región que prohíbe el aborto en todos los casos; ni siquiera los procedimientos destinados a salvar la vida de una mujer embarazada. Las mujeres van a la cárcel no solo por realizarse un aborto, sino también por dar a luz un hijo muerto o prematuro, si es que las autoridades sospechan que el incidente tuvo que ver con una practica abortiva. Un caso mundialmente conocido fue el de Beatriz, una mujer que llevaba un embarazo que no sólo amenazaba su vida, sino que además era anencefálico (es decir, el feto carecía de un cerebro), y solicitó a la Corte Suprema de El Salvador que le permitiera realizarse un aborto para salvar su vida. La corte se lo negó , argumentando que la amenaza para su vida “no era real o inminente, sino más bien eventual”.
En virtud de la ley en El Salvador, la exposición al virus Zika durante el embarazo, o un feto con microcefalia, no serían a priori un motivo de un aborto.
La microcefalia cuenta con una variedad de causas que la producen, de las cuales el Zika se sospecha que es solo una, pero los sanitaristas dicen que los niños microcefálicos, cuyos trastornos parecen ser causados por el Zika, pueden manifestar anormalidades particulares, y aquellos cuyas madres fueron infectadas durante el primer trimestre, sufren el daño cerebral más grave. Muchos de los niños que nacen en América Latina tendrán discapacidades crónicas y requerirán atención para el resto de sus vidas. Al respecto, el gobierno de El Salvador ha expresado su preocupación por los niños, pero, paralelamente, destina nula o escasa asistencia a sus madres, y claramente no considera el criterio de las mujeres al tomar decisiones acerca de sus propios embarazos.
A las mujeres de América Latina, fuera de El Salvador, no les va mejor. La zona cero del brote del virus Zika es Recife, una ciudad brasileña con pobreza extrema generalizada. Hace algunos años, en Recife, na niña de 9 años de edad, se presentó en el hospital con su madre. Ella estaba embarazada de gemelos tras ser violada por su padrastro. Bajo la ley brasileña, su caso fue una trifecta de excepcionalidades para el aborto: ella era menor de edad, víctima de una violación y, como una niña pequeña que llevaba dos fetos, el embarazo puso en peligro su vida. Los tribunales brasileños le concedieron el aborto legal. Sin embargo, la influyente Iglesia Católica intervino – el arzobispo local, finalmente, hizo un triste espectáculo internacional cuando excomulgó a la madre de la niña y al médico que realizó el procedimiento, pero no al padrastro violador.
El médico que realizó dicho procedimiento y fue excomulgado por ello, Olimpio Moraes, aún vive en Brasil. (Fue su segunda excomunión y la Iglesia nunca le envió la documentación apropiada, dijo, así que tal vez no contaba…) Lo entrevisté un año y medio atrás, en su casa de Recife. La niña y su madre, que eran de una zona rural en las afueras de la ciudad, se vieron obligados a asumir nuevas identidades, y mudarse después de la tensión generada por las protestas contra el aborto de la Iglesia.
La actual tendencia “pro-vida” de la política brasileña, y la influencia de la religión, ponen en peligro la salud de las mujeres más allá de aborto – según Moraes; una firme oposición al derecho al aborto también conlleva a que muchas mujeres embarazadas y parturientas reciban atención deficiente. El ejemplo más claro, paradójico según él, es el caso del Misoprostol, un fármaco comercializado por la marca Cytotec en América Latina, que induce tanto al parto como al aborto y se utiliza para combatir la hemorragia después de dar a luz.
La droga ha bajado las tasas de muerte materna en todo el mundo de manera significativa; también ha disminuido las muertes por aborto ilegal, ya que el uso casero de Misoprostol es una forma mucho más segura de poner fin a un embarazo que tener una cirugía clandestina. Sin embargo, el gobierno de Brasil, preocupado porque las mujeres interrumpen su embarazo de forma ilícita, ha restringido en gran medida el acceso al Misoprostol, lo que hace que no esté disponible en farmacias y, según Moraes, haciendo que las maternidades no lo tengan en stock como recurso. La prohibición a las mujeres para interrumpir sus embarazos es, en Brasil, más importante que dar a las madres un parto fácil, teniendo acceso a un medicamento que podría salvar sus vidas.
El Zika es una realidad, y, una vez más, las mujeres, excluidas de las agendas públicas de la salud, se ven imposibilitadas de tomar sus propias decisiones sobre su maternidad, aun cuando los gobiernos del continente procuran evitar que miles de niños nazcan con un deterioro irreversible. Una vez más, el peso cae sobre las mujeres para decidir sobre sus embarazos, y de nuevo, esas mismas mujeres tienen pocas, o escasas, herramientas para hacerlo. Una vez más, las mujeres son tratadas con desdén. En ningún momento las mujeres han tenido el apoyo sanitario, social y económico necesario para llevar a cabo de manera adecuada el ejercicio de su salud reproductiva.
La contingencia que supone el virus, implica, concretamente, que las mujeres que, histórica y culturalmente, ya cargaban per sé con un peso enorme en sus espaldas, ahora también se ven en la obligación de tomar (por la fuerza) nuevas responsabilidades en materia reproductiva, situación que se agrava en los países donde se degrada este tipo de responsabilidades, y donde las decisiones personales de las mujeres son denigradas. El estatus socioeconómico de millones de mujeres es poco probable que cambie en unas pocas semanas, aunque su acceso a la atención sanitaria, incluyendo la anticoncepción y el aborto, podría ser hoy una realidad; siempre y cuando haya voluntad política. Tal vez, el virus finalmente hará que los gobiernos de América Latina se den cuenta de la tremenda carga a la que se está sometiendo a las mujeres. Tal vez un mosquito finalmente pueda inclinar la balanza…
*Jill es periodista y abogada. Vive en Nairobi, Kenia.
Nota original publicada el 3 de febrero en The Washington Post
