Redacción Malas Palabras
Ilustración: Adictos Gráficos
A poco más de dos meses de la noche en que Fernando Sabag Montiel gatilló en la frente de Cristina Fernández de Kirchner, la Justicia Federal se encamina a cerrar una investigación que quedará limitada a la banda de vendedores ambulantes que planificaron y perpetraron el atentado, sin abrir el foco al vínculo de los autores materiales e intelectuales con grupos de extrema derecha y, a la vez, sus nexos con figuras políticas del PRO, como cada vez resulta más evidente.
Pese a los planteos de los abogados defensores de la Vicepresidenta, la Justicia Federal porteña, de ADN macrista, se resiste a avanzar en la pista de las conexiones políticas, rechazando el pedido de unificar dos causas estrechamente vinculadas: la que se abrió por el atentado en sí mismo y la que involucra al grupo de extrema derecha Revolución Federal.
Elementos para tirar de la cuerda política en la causa no parecen faltar. Revolución Federal -el grupo cuyas ideas inspiraron el atentado- recibió este año un millonario aporte de fondos por parte de un fideicomiso de la familia Caputo, socios y amigos de Mauricio Macri. Figuras muy cercanas a la presidenta del PRO, como el diputado Gerardo Milman, fueron escuchadas por testigos hablando del asesinato horas antes de que ocurra. Y todos ellos se movían en escraches a políticos peronistas junto a Brenda Uliarte, el cerebro del intento de magnicidio.
Al igual que los hermanos Caputo, Milman es una figura cuyo accionar debería ser analizado con mucho más rigor por la Justicia. El ex número dos de Bullrich en el Ministerio de Seguridad participaba de las movidas callejeras de los grupos violentos encabezados por Jonathan Morel, el carpintero que proponía en redes sociales matar “de un tiro” a Cristina, Máximo Kirchner o Alberto Fernández. Ahora diputado nacional, semanas antes del atentado había presentado un inentendible pedido de informes sobre un eventual autoatentado contra la Vicepresidente para “victimizarse” y eludir sus causas con la Justicia. Y un día antes del hecho fue escuchado en un bar diciendo: “Cuando la maten, yo voy a estar camino a la Costa”.
Si quisieran avanzar más allá, los fiscales, jueces y camaristas que intervienen en las causas podrían hacerlo fácilmente. Hasta ahora, restringen su rango de acción a los “copitos”, Sabag Montiel, Brenda Ulliarte y Nicolás Carrizo, procesados, detenidos y en camino a enfrentar un juicio oral con condenas casi seguras. Los tres son exponentes de una nueva marginalidad que crece en Argentina, parte de una generación criada en las ruinas del neoliberalismo, signados por la alienación, la violencia y la antipolítica que decidieron pasar a los hechos, inspirados en ideas de grupos de derecha y antikirchneristas. Y ahora, el foco central en la investigación por el episodio de violencia política más grave de los últimos tiempos.
En la causa paralela contra Revolución Federal por incitación a la violencia pública, por otro lado, la Cámara Federal Porteña investiga a cuatro integrantes del grupo, Jonathan Morel, Gastón Guerra, Leonardo Sosa y Sabrina Basile, quienes habían sido detenidos por su accionar fascista en las calles de Buenos Aires en los meses previos al atentado: “No tengo la culpa si un loquito quiso disparar contra Cristina”, dijo el carpintero Morel cuando dejó su celda, beneficiado por la excarcelación que le firmaron jueces cercanos a Macri.
Morel es el líder del grupo que construyó guillotinas, pedía “bala, cárcel o exilio” para los dirigentes kirchneristas y hasta proponía en redes sociales infiltrarse para matar a Cristina o Máximo Kirchner. Junto a Sosa, Guerra y la hija del “Coco” Basile, están procesados, pero fueron liberados por decisión de los ya célebres camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
Dos de esos jueces -Bruglia y Bertuzzi- ocupan sus cargos en forma irregular, a partir de un traslado firmado por el ex presidente Mauricio Macri. El tercero, Llorens, es nada menos que el arquero de Liverpool FC, el “deportivo Lawfare” que integran otros jueces y fiscales que llevan causas contra Cristina Fernández.
Además de ordenarle al juez Marcelo Martínez de Giorgi que libere a los detenidos de Revolución Federal, los tres camaristas que integran la denominada “sala M” (por macrista), intervinieron en la causa del atentado, que lleva adelante la jueza María Eugenia Capuchetti y emitieron una resolución que básicamente pide que se avance rápidamente hacia el juicio oral a los tres “copitos”. En su dictamen, omiten mencionar las posibles conexiones con otros instigadores y sugieren en cambio que se investigue a la custodia de Cristina, a la Policía Federal “y a los jóvenes de La Cámpora que le daban seguridad a la vicepresidenta”.
La resolución de Bruglia, Bertuzzi y Llorens va en sentido contrario a lo que vienen planteando los abogados defensores de la Vicepresidenta: que se profundice la investigación, se analicen las relaciones entre los “copitos” y los grupos neonazis y a su vez los nexos con figuras del PRO y determinar si hubo financiamiento para sus actividades.
Las conexiones y los vínculos entre estos grupos de derecha y los grupos marginales que terminan atentando contra Cristina son innegables y saltan a la vista. Apenas dos semanas antes del intento de magnicidio, en los chats y grupos de Twitter live de Revolución Federal se mencionaba la idea de matar a CFK, a Máximo Kirchner y a Alberto Fernández. Incluso, Morel detalló su idea de infiltrarse entre los manifestantes kirchneristas frente al departamento de Uruguay y Juncal, tal como finalmente terminaron haciendo Sabag Montiel y Brenda Uliarte.
Pero además, el grupo produjo hechos de violencia contra la Casa Rosada, la asunción de Sergio Massa y la de Silvina Batakis, así como agresiones contra otras figuras políticas. En la marcha de antorchas frente a Casa Rosada, con tentativa de incendio incluido, también estaba presente Brenda Uliarte.
¿Qué elementos, pistas y personajes quedan fuera de foco con estos movimientos de la Justicia Federal porteña? En principio, todo lo que tiene que ver con las vinculaciones directas entre Revolución Federal y los “copitos”. Al tramitarse como causas separadas, Morel, Guerra y Sosa, los líderes del grupo fascista, sólo serán juzgados por incitación a la violencia, pero no como lo que fueron: los ideólogos de un ataque que vinieron promoviendo en redes sociales y para el que dieron hasta instrucciones precisas, cuando en una transmisión de Twitter sugerían “infiltrarse entre los pibitos de La Cámpora, cantar la marcha y convertirse en héroes”.
En pocos meses, se estima, la instrucción de las causas quedará cerrada. Si no cambia el foco de la investigación, la causa por el atentado contra la Vicepresidenta va a quedar limitada al grupito de vendedores ambulantes con aspiraciones de trascender en los grupos violentos antikirchneristas. Los “copitos” recibirán duras condenas. Sus instigadores e ideólogos seguirán en las calles y en las redes.
