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Nota publicada el 16 / 11 / 2020

Marchar al campo como paso a una transformación social

Por Carlos Fanjul

Si no fuera tan triste, no dejaría de tener un costado divertido este bolonqui por la herencia de los hermanos Etchevehere.
El país entero pareció puesto en alerta por la disputa de dos hermanos que tienen una mirada bien opuesta sobre qué hacer con un pedazo de tierra en desuso en la provincia de Entre Rios, que le pertenece a los dos (bah, a tres porque también anda un poco mas silencioso un tal Juan Diego).

Todo se desató, según cuentan en coro los más masivos medios, porque la tal Dolores rompió los ‘cimientos de la civilización’ al decidir que estaba bien prestárselas a un grupo de personas que querían trabajarla, sin pedirle permiso a su hermano Luis que se puso como loco.

Para peor, Luís es ni más ni menos que un ex ministro macrista y ex presidente de la Sociedad Rural, nada menos, y entonces la comedia, es transmitida en cadena nacional por cada radio, canal o diario que bien se precie de pertenecer al primer mundo argento.

Y al toque, claro está, surgieron los bandos opuestos de opinadores, militantes amarillos o K, para hacer de todo esto como una causa nacional que, queriéndose o no, fue tapando en simultaneo, lo que no debió haber sido tapado: la degradación moral que sí significó el otro desalojo, el de los pobres de Guernica, a manos de una fuerza policial, que, como es habitual a la hora de reprimir, no hace diferencia entre vigencia o no del sistema democrático. O de si el gobierno mandante de la represión es el de la Maria Eugenia, o el del progre Kici.

Sin embargo, y como contrapartida, el sainete también sirvió para que tuviera prensa una idea que se va generalizando, en muchos jóvenes especialmente, y que se orienta a pensar en el inmenso campo argentino como espacio de transformación social, y de recuperación de la igualdad de posibilidades.

El Proyecto Artigas

Está más que claro que el anterior razonamiento, bien lejos está de parecerse a lo dicho y escrito por aquellos grandes medios, que, para mejor, encontraron en el dirigente social Juan Grabois, a un apuntado ideal en su doble rol de abogado defensor de Dolores, y líder del grupo que había ingresado al terreno en disputa.

El dirigente fue claro a la hora de desarticular tanto debate: “Comenzamos el Proyecto Artigas con la esperanza de poder llevar una Argentina tan llena de mentira, injusticia y despojo un poco de verdad, justicia y reparación histórica”.
Grabois finalizó con que “la lucha sigue. El Proyecto Artigas, la Reforma Agraria, la Integración Urbana, la Economía Popular son utopías posibles y necesarias”.

“Ideas como sacar a la gente de centros urbanos en donde viven hacinadas y ver cómo se pueden desarrollar cultivando la tierra, haciendo una producción ecológica de verduras, de alimentos, es muy valiosa”. La definición no fue formulada ni por Dolores, ni por Grabois, sino que le pertenecen al mismísimo presidente Alberto Fernández, quien respalda esa idea de desconcentrar las grandes urbes y de pensar en el amplio territorio nacional como proyecto de vida.

Esa línea de acción remite a otro proyecto ambicioso al que hizo referencia el propio titular del Ejecutivo: el Plan de Desarrollo Humano Integral que impulsan los movimientos sociales en conjunto con sindicatos. Bautizada como un “Plan Marshall criollo”, esa propuesta fue presentada en mayo pasado y busca crear 4 millones de puestos de trabajo y “repoblar la Argentina” con una inversión de $750.000 millones anuales.

El Proyecto Artigas tiene una escala más pequeña pero se inspira en principios similares. Se trata de una red conformada por movimientos sociales, abogados, comunicadores y activistas de la ecología que se movilizan “por la búsqueda de la verdad, la justicia y el bien común” en causas donde “se vulneran los derechos de la tierra” y que “han sido ignoradas, cajoneadas y/o boicoteadas por las propias instituciones de la República”, según indica la web oficial.

La Marcha al Campo

En una misma dirección aparece la iniciativa denominada “Marcha al Campo” que también apunta a democratizar la producción y descentralizar las ciudades y tiene como objetivo movilizar fuerza de trabajo ociosa o que está próxima a serlo, tanto la que resiste en el medio rural como la que ya ha migrado a los cordones urbanos, pero conserva el sentido de pertenencia al sector agropecuario. Para eso estipula la promoción y reordenamiento del uso de tierras fiscales en manos del Estado y busca activar proyectos productivos, vinculados a la agricultura, para que personas y grupos familiares puedan establecerse.

El proyecto define tres herramientas que serán necesarias para su éxito. En primer lugar, se deberá realizar un relevamiento de las tierras fiscales existentes para determinar si son de orden nacional, provincial o municipal.

Según explicó uno de sus redactores, el abogado y dirigente Rubén Famá, las tierras serán cedidas en comodato, es decir que nunca dejarán de ser propiedad del Estado, y en extensiones de no más de 150 hectáreas. “La idea es evitar que estos proyectos fracasen a mediano o largo plazo y se conviertan en una tentación para el sector inmobiliario”, agregó el dirigente.

Luego se deberá definir el sujeto social objetivo de este programa, realizando encuestas a los grupos familiares para determinar sus necesidades.

Por último, con los beneficiarios bien elegidos, se llevará adelante un programa de capacitación que disponga los criterios para trabajar en forma cooperativa y conformar unidades de trabajo y producción.

En la iniciativa legislativa, se prevé el otorgamiento de una renta básica por localización y créditos para acompañar a las familias y generar condiciones de infraestructura básicas para su radicación, desde la vivienda, el acceso a servicios públicos, entre otras.

El proyecto debe pasar por las comisiones de Legislación General, Agricultura y Ganadería, Población y Desarrollo Humano y Presupuesto y Hacienda. De aprobarse, se estima que la primera etapa (el análisis de las tierras fiscales disponibles) se extendería por 48 meses. Luego de eso, a largo plazo, la aspiración de los legisladores es poder llegar a generar entre 700.000 y 1 millón de puestos de trabajo en el interior del país.

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