Daiana Abregú tenía muchos planes para la noche del sábado 4 de junio pasado. Quería hacerse un tatuaje nuevo, tomar una cerveza con su mejor amigo y después ir al Castillo, el mejor baile de General Laprida. Estaba contenta y entusiasmada. Tenía 26 años, un hijo de nueve y un montón de planes: mudarse a La Plata, estudiar enfermería y conseguir trabajo.
A la salida del baile, pasadas las siete de la mañana, una patrulla de la Policía local la detuvo en la calle y la llevó a la comisaría, a apenas cinco cuadras de su casa, donde su mamá y su hijo dormían. El acta dice que fue por descontrol en la vía pública. Pero los médicos del hospital municipal que la revisaron antes de que la trasladen al destacamento dicen que estaba tranquila y que la llevaban sin esposas.
Pasadas las dos de la tarde del domingo -según el acta adulterada de la comisaría- el policía que hacía el control de los calabozos encontró a Daiana muerta, ahorcada con su propia campera, atada a una reja de poca altura.
Pero la familia, los vecinos y los amigos de la víctima saben que Daiana no se suicidó. “Nadie se suicida en una comisaría” es la frase que repiten en las marchas por Laprida y que pintaron en banderas y paredones.
El caso de Daiana escribe un nombre más en una larga lista en todo el país. De todas los casos de víctimas que mueren a manos del Estado en Argentina, las que se producen en cárceles y comisarías son mayoría.
Aunque no existen datos sistemáticos, un reciente informe del Comité contra la Tortura registró 83 muertes bajo custodia o por uso de la fuerza por parte de las policías entre 2019 y 2021. Esos decesos incluyen los que ocurren por enfermedad (muchas adquiridas debido al largo periodo que las personas permanecen en estas dependencias); por causas externas -como homicidio, suicidio o siniestro bajo custodia-, que en algunos casos puede implicar el uso directo de la fuerza letal policial.
Los casos se extienden por todo el país. En la capital, la policía de la Ciudad de Buenos Aires conducida por Horacio Rodríguez Larreta mató en noviembre de 2021 a Lucas González, el futbolista de las inferiores que volvía a su casa con amigos después de una prueba en inferiores de San Lorenzo y fue perseguido y baleado por un patrullero de esa fuerza.
La Bonaerense conducida por Sergio Berni también aparece envuelta en episodios con patrones comunes. A fines del año pasado, Alejandro Nicolás Martínez fue demorado por provocar daños en un hotel de San Clemente del Tuyú, en lo que todo indica fue una crisis psicótica derivada del consumo de drogas. Martínez fue detenido y trasladado hasta la Comisaría 3ra, donde murió. La autopsia posterior reveló que había sufrido golpes en distintas partes del cuerpo y que falleció como consecuencia de una “asfixia por sofocación”.
Tres policías de la Comisaría están detenidos, procesados e imputados por “homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento, por el concurso premeditado de más de dos personas y por haber sido cometido por miembros de una fuerza de seguridad abusando de sus funciones”.
Dos casos con tantas similitudes a tantos kilómetros de distancia con policías de la Bonaerense como protagonistas no puede ser casualidad.
Entre octubre de 1983 y julio de 2022, la provincia de Buenos Aires registra 2.462 muertes bajo custodia, es decir en cárceles, comisarías e institutos de menores”, cuenta María del Carmen Verdú, abogada de la Corriente contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). De ese total, explica, 302 ocurrieron en comisarías de la provincia. “La mitad corresponde a personas que no estaban detenidas por orden judicial o acusadas de cometer un delito, sino detenidas arbitrariamente por averiguación de antecedentes, arrestos preventivos contravencionales, como Daiana, o razzias”.
En Laprida todos los vecinos sabían que un grupito de policías se llevaban detenidos a los chicos por cualquier cosa. “Cuando pasó lo de Daiana y convocamos a las marchas, en el pueblo hubo mucha gente que empezó a hablar y a contar lo que pasaba en la comisaría, que los policías detenían a los chicos por cualquier cosa, que les pegaban”, dice a Malas Palabras, Antonella, la hermana de Daiana.
La muerte de Daiana fue seguida de un intento coordinado de encubrimiento y un inexplicable retraso y torpeza judicial. Pero dejaron rastros que, señalados por la familia y organismos de DD.HH, derivaron en la detención de cinco efectivos de la Estación de Policía Comunal de Laprida, acusados de “homicidio doblemente agravado por su comisión con el concurso premeditado de dos o más personas y por tratarse de miembros de las fuerzas de seguridad policial”.
A tres meses del episodio, los cinco policías bonaerenses sospechados de haber asesinado a Daiana fueron liberados, después de que un ateneo de peritos de la Policía Federal diera por cierta las conclusiones de la primera autopsia, viciada de irregularidades.
“El ateneo se extralimitó en sus funciones y por lo tanto está viciado de nulidad, cometió errores groseros e interpretaciones estigmatizantes de la víctima y revalorizó y tomó por ciertas las diligencias y declaraciones de la propia policía investigada”, señaló la CPM en un comunicado de prensa en el que también anunciaron que pedirán la nulidad del informe.
La familia, sus amigos y los vecinos de Laprida organizaron actividades para volver a salir a la calle a pedir justicia, que se convoque a los peritos de parte, que se analicen nuevamente las pruebas. Que la muerte de Daiana, en definitiva, no quede impune.
