La brutal represión estatal ordenada por Gerardo Morales ensaya un hipotético gobierno de derecha en Argentina: profundización del extractivismo, ajuste, reformas inconsultas, y utilización de la fuerza pública para acallar la protesta.
Por Redacción Malas Palabras
Ilustración; Juan Soto
La brutal represión de mediados de junio en la provincia de Jujuy anticipa el escenario que prepara la derecha en caso de volver al gobierno: profundización del extractivismo, ajuste, reformas inconsultas e impuestas a balazos, y utilización de la fuerza pública para acallar la protesta sin medir (ni temer) los costos.
Eso es lo que mostraron las jornadas críticas en Purmamarca, donde un amplio espectro de sectores políticos, sociales, gremiales y de las comunidades originarias plantearon un rechazo a la reforma constitucional impulsada por el gobernador radical Gerardo Morales, y que tiene como principal objetivo modificar la relación de fuerzas en la administración de los recursos naturales en desmedro de las familias indígenas.
Pese a los pedidos de gran parte del arco político, con un reclamo puntual del Gobierno nacional por el cese de la violencia estatal, la administración de Morales hizo oídos sordos y sancionó (y juró) la reforma en medio del clima de convulsión.
Morales, que acompaña en una de las fórmulas de Juntos por el Cambio (JxC) al precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, preparó la Operación Jujuy de modo tal que la reforma se discutiera en los meses previos del anuncio de su aventura nacional, garantizando así un escenario represivo en los días previos a la oficialización del binomio.
Fue una declaración de principios y, además, un operativo de beneficio mutuo: a Rodríguez Larreta, que busca endurecer su discurso para evitar una fuga de votos hacia su contrincante interna Bullrich, el ensayo general jujeño le sirvió para radicalizar su posición. Ex moderados.
CONSTITUCIÓN CUESTIONADA
Las reuniones de comisión en las que se redactó la reforma constitucional de Jujuy no fueron públicas, no hubo registro taquigráfico y no hubo audiencia a representantes sociales y/o ciudadanos. Esto resume el oscurantismo que caracterizó el proceso.
En la amplitud de la reforma, dos puntos concentraron el mayor rechazo: el que establece la prohibición de los cortes de calles y rutas como metodología de protesta (Art. 67); y el referido a la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo (art. 74).
Para las comunidades indígenas, este último punto permitiría la apropiación de sus tierras ya que muchas familias no pueden demostrar titularidad dominial sobre algunos territorios que figuran como “fiscales”. Esta acción está prohibida por la Ley de Relevamiento Territorial Indígena, prorrogada por el Poder Ejecutivo nacional en 2022, pero se sospecha que en el fondo lo que Morales pretende es el control discrecional de los territorios para la explotación de litio, la “vaca sagrada” del norte argentino y un recurso sobre el cual el gobierno que asuma el 10 de diciembre cifra buena parte de su destino.
REPUDIO POPULAR UNÁNIME
Al principio fue una chispa. A la protesta de los pueblos originarios se sumaron los gremios docentes jujeños en reclamos por mejores salarios. Dato no menor es que los docentes de Jujuy perciben uno de los peores salarios del país, que por supuesto se ubica por debajo de la línea de la pobreza. También se contaron partidos de izquierda y el ala disidente del justicialismo jujeño. El fuego de la represión terminó impactando sobre un bloque diverso, masivo y heterogéneo en rechazo a las últimas acciones de gobierno de Morales, con el foco puesto en una reforma constitucional rematada en los últimos meses de su administración.
La escalada del conflicto derivó en una marcha multisectorial a Plaza de Mayo y otra a la Casa de Jujuy, en el centro porteño, donde se movilizaron columnas de las centrales de la CTA, la Ctera y organismos de derechos humanos, además de sindicatos y movimientos sociales. En solidaridad con el reclamo, gremios docentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hicieron paro de actividades.
Durante esas jornadas de protesta metropolitana,el secretario general de ATE y la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, alertó que la represión en Jujuy es “globo de ensayo” de la derecha que “pretende trasladar las políticas represivas y apropiatorias a todo el país” en caso de ganar las elecciones.
Como parte del mismo repudio, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, dijo que detrás de la reforma “están el litio, el cobre y las riquezas de la que quieren apoderarse las multinacionales”. Y pidió “unidad del campo popular”, una reacción que se dio de hecho durante las protestas de esos días.
Las comunidades jujeñas llevaron el reclamo hasta la Residencia de Olivos, donde se entrevistaron con el presidente Alberto Fernández.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que se había trasladado a la provincia durante las primeras jornadas de protesta, elaboró un informe que presentó a la Justicia y donde consignó que hubo “disparos de balas de goma al rostro” y “detenciones arbitrarias” (incluso fueron demorados hasta turistas que pasaban por el lugar)
También señaló que durante la represión en Jujuy hubo “vehículos sin identificación, ingresos a viviendas particulares sin orden de allanamiento y policías infiltrados entre los manifestantes”.
No sólo el Gobierno nacional y buena parte del arco político llamaron al diálogo y al cese de la violencia, que dejó en en la provincia más de 170 heridos y 68 detenidos, sino que distintas organizaciones civiles sin afiliaciones partidarias reclamaron una solución pacífica al conflicto y objetaron la celeridad del tratamiento de la reforma constitucional y el apartamiento de los pueblos originarios de la discusión.
Amnistía Internacional denunció que Morales “le dio la espalda a quienes ejercieron su derecho a protestar” y advirtió que “la seguridad de la población no se puede garantizar violando los derechos humanos”.
Así lo dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. La organización recordó además que la Convención Constituyente de Jujuy aprobó la reforma el 15 de junio “de manera exprés, sin espacio para la participación pública y la consulta”, en “un proceso que se propuso durar al menos 90 días para su debate pero fue resuelto en apenas tres semanas, y sin dar a conocer el texto final sino hasta el día de su sanción”.
También pidió que se investiguen de manera “pronta, exhaustiva, independiente e imparcial las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía en todas las protestas ocurridas en la provincia”.
Con la misma preocupación se expresaron otras organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, la Oficina de Derechos Humanos de Argentina de la ONU (que pidió investigar posibles violaciones a los derechos humanos) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), que habló de una “cacería”.
De hecho, Clacso planteó que la represión en Jujuy fue parte de una “disputa geopolítica por el dominio y el control de los bienes comunes y, particularmente sobre el litio argentino por parte de las potencias y corporaciones multinacionales extractivistas de nuestros territorios”.
También se manifestaron personalidades referentes en materia de Derechos Humanos y medio ambiente como el ex juez Baltasar Garzón, quien hizo un llamado de atención porque “las comunidades de los pueblos originarios no pueden ser masacrados como están siendo”. La activista Greta Thunberg, por su parte, envió desde Suiza un mensaje de solidaridad con el pueblo jujeño que “está siendo masacrado por la extracción del litio”.
El carácter estratégico de los recursos naturales plantea una nueva geografía de los conflictos en el mundo. Las imágenes de la feroz represión estatal en Jujuy condensan apenas una escala incipiente de lo que implicaría un escenario de victoria de la derecha, históricamente vinculada a los intereses de las potencias, y lejos del empeño por la soberanía.
