Por Sofía Acosta y Mariana Portilla
Collage: Adictos Gráficos
En la primera mitad de este año en Argentina se registraron entre 114 y 155 femicidios y trans-travesticidios. Sólo el 16% de las víctimas había denunciado previamente, y apenas el 11% tenía medidas de protección. A pesar de haber pedido ayuda, 24 de estas mujeres fueron asesinadas.
Desde el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que si nos ven” consideran que las denuncias son pocas, y que esto se asocia a la histórica y constante revictimización y maltrato que reciben mujeres y disidencias cuando se acercan a pedir ayuda: “En nuestro país hay una justicia patriarcal que no escucha a las víctimas, que obstaculiza las denuncias, revictimiza y perpetúa la violencia machista”.
Existe un grupo de colectivos feministas, organizaciones sociales y referentes de la política que exigen pensar en una reforma judicial transfeminista, con capacitaciones reales en género, diversidad, interseccional y derechos humanos; concursos donde sea requisito la adopción de dicha perspectiva; fomentan el acceso de mujeres y LGBTIQ+ a puestos jerárquicos en la Justicia; y proponen una escucha real, amorosa y atenta con las víctimas.
Al pacto machista, justicia feminista
“Considero que es necesaria una reforma feminista que tenga que ver con analizar realmente si las personas que acceden a los cargos tienen perspectiva de género y diversidad o no. El cupo no logra resolver esto porque hay mujeres que no tienen perspectiva de género y se ve muy claro en sus votos”, asegura a Malas Palabras Nadia Marina Rivas, abogada especializada en género.
Natalia Salvo, también abogada, agrega que una reforma judicial se podría llevar a cabo bajo varios aspectos: primero, con una profunda democratización y oxigenación del Poder Judicial “que es un reducto machista por la forma en que se ve el derecho y por su misma composición”.
“En los cargos jerárquicos de la justicia hay una proporción de 70 por ciento de varones y 30 por ciento de mujeres. También hay fueros que están absolutamente masculinizados como el Penal, y otros totalmente feminizados como el Civil o el de Familia. Se proyecta un poco lo doméstico en el ámbito del derecho”, puntualiza.
Ley Micaela: un primer paso que ni siquiera se cumple
La Ley Micaela fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. La formación está a cargo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
La adhesión a esta normativa en el ámbito judicial es deficitaria: sólo siete provincias completaron algún tipo de capacitación. El dato surge del “Monitoreo sobre la Ley Micaela en los poderes judiciales”, elaborado por la Fundación Micaela García junto a ABOFEM, Proyecto Generar, la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir, ABOSEX y CLADEM Argentina.
Para Melisa García, fundadora de ABOFEM, el cumplimiento de la Ley Micaela es el primer paso para pensar una reforma judicial: “Viene a echar luz en un sistema hegemónico, elitista y misógino. Sería el puntapié para sensibilizar y mostrar cuáles son las realidades de las personas trans, travestis y LGTBI+; mujeres, niños y niñas. Hay una gran falla de parte de la justicia en el tratamiento en los casos de estas personas”.
Destaca una de las iniciativas en las que vienen trabajando: modificar el reglamento de concursantes de jueces y juezas al Consejo de la Magistratura -la cual solicita que se cumpla con la formación en género, pensando que son funcionarios que van a estar en la perpetuidad en sus cargos- con el fin de interpelar a un Poder Judicial “que ha quedado inmóvil, que no se aggiorna, dejando de lado a gran parte de la sociedad”.
Paradójicamente, la Corte Suprema esquiva la Ley Micaela y decide «autocapacitarse» desde un organismo propio que es la Oficina de la Mujer. “Es un gran reflejo de la Corte Suprema que hoy tenemos, rompe una norma y se coloca en un lugar privilegiado”, finaliza García.
Micaela García, a quien hace referencia el nombre de la Ley, fue secuestrada, violada y asesinada en 2017 por Sebastián Wagner. Su femicida tenía antecedentes penales por abuso sexual, pero gozaba de libertad condicional, a pesar de que varios informes técnicos desaconsejaban su liberación. Micaela tenía 21 años, era feminista y militaba en territorio. La justicia que dejó a su asesino en libertad es la misma que se rehusa a cuestionarse su idiosincrasia y privilegios subestimando una capacitación en género.
Para muestra basta un botón
En 2016, Lucía Perez fue abusada, torturada y asesinada en Mar del Plata. Tenía apenas 16 años. A fines de noviembre de 2018, un fallo del Tribunal Oral Criminal N°1 de esa ciudad absolvió a Matías Farías y Pablo Offidani por los delitos de abuso sexual y femicidio contra la joven. Los jueces entendieron que no hubo violación porque no se pudo comprobar. Los condenó en cambio a ocho años de prisión por el delito de vender drogas ilícitas a menores y cerca de escuelas, pero no por el asesinato de una menor de edad.
El fallo generó una fuerte indignación. Se organizaron asambleas, un paro y una masiva marcha a Plaza de Mayo. Finalmente se consiguió un segundo juicio: será en febrero de 2023.
“Más que perspectiva de género, espero que el nuevo tribunal tenga perspectiva de humanidad porque Lucía no tuvo derecho a nada”, sentenció a Malas Palabras Marta Montero, mamá de Lucía.
