Por Julián Pilatti
Desde aquel 1 de agosto de 2017 la sociedad se vio conmocionada por un hecho que viró desde la plena responsabilidad de la Gendarmería nacional hasta el reciente informe de la autopsia que determinó que el joven habría muerto “ahogado” ayudado por un grado de hipotermia. Sin embargo, el caso lejos está de considerarse “cerrado”.
Su familia continúa pidiendo justicia y rechaza la idea de que Santiago pudo haberse “ahogado solo”, enumerando una cantidad de puntos en la investigación en el que la Gendarmería, así como el rol de la justicia y el Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich y Pablo Noceti, están implicados.
“La responsabilidad absoluta es de la ministra de Seguridad que avaló el comportamiento de los gendarmes, por no querer ‘tirar uno por la ventana (…) Con la muerte de Rafael Nahuel y los hechos represivos que ocurrieron después de la desaparición y muerte de Santiago quedó claro para qué necesitaba a la Gendarmería”, manifestó Sergio, su hermano, durante el acto por los seis meses del hecho.
Los puntos que siguen implicando a la gendarmería y el gobierno
En primer lugar, cualquiera sea los motivos de la muerte del joven mochilero, hay que recordar que el mismo murió en una circunstancia de represión ilegal, puesto que la Gendarmería no tenía orden para reprimir dentro del predio mapuche. Por otro lado, los gendarmes que afirmaron al juez Otranto y después Lleral haber llegado hasta la orilla del río –como el alférez Emanuel Echazú-, todavía no pueden explicar por qué no hallaron a Maldonado en esa circunstancia.
Durante los primeros días de la desaparición, los primeros rastrillajes determinaron que el joven oriundo de la localidad bonaerense de 25 de Mayo había estado allí, debido al hallazgo de sus pertenencias. Los perros rastreadores hicieron más de una vez el mismo camino que los testigos dicen que hizo Maldonado, dirigiéndose al río. Sin embargo, el primer juez a cargo de la investigación, Guido Otranto, nunca utilizó los perros especiales para detectar cuerpos bajo el agua, pese a que irónicamente el magistrado sostenía que la principal hipótesis era su ahogamiento.
Pero uno de los elementos que más inquietan tanto a opositores del gobierno nacional como a los propios funcionarios, es el rol que ocupó Pablo Noceti
en el operativo. La propia ministra Bullrich había afirmado en el Congreso que el mismo no había estado presente durante la represión del 1 de agosto, pero una foto y testigos muestran lo contrario. Para colmo, unos días antes el mismo había dado un encendido discurso en contra de las protestas mapuches en el sur. ¿Fue Noceti una de las cabezas que comandó el operativo que terminó con la vida de Maldonado? La justicia todavía no se anima a orientar la investigación por este camino.
Pero las irregularidades durante la investigación fueron constantes y dejaron incógnitas que apuntan directamente a la Gendarmería. ¿Por qué fueron lavadas las camionetas que se utilizaron ese día para el operativo? ¿Qué pasó con la mochila y el celular de Santiago? ¿De qué forma su teléfono atendió una llamada un día después de su desaparición?, si –según la teoría del gobierno- Santiago había muerto ese día ahogado en el río y debería llevar todas sus pertenencias.
¿Por qué no se interpela al periodista Ricardo Bustos, quien horas después de lo ocurrido afirmó desde su radio que la Gendarmería había detenido a una persona de “apellido Maldonado”? ¿Qué hicieron los oficiales Méndez y Echazú durante 12 hs después del 1 de agosto, los cuales recorrieron cientos de kilómetros en una camioneta de la fuerza? Entre varias incógnitas que se desprenden de la investigación.
Muchas de estas graves falencias llevaron a que el juez Otranto sea removido de la causa, por desempeñar un papel “parcial”. Un dato importante a tener en cuenta, demostrando la vulnerabilidad judicial frente al poder del Ejecutivo nacional y por supuesto frente al grupo Benetton, el primer interesado en que los mapuches sean expulsados de sus tierras y a quien la justicia debería investigar indudablemente.
En este sentido, ¿Cuánto tiempo les dio Otranto a los autores materiales de la desaparición forzada de Maldonado, así como a los implicados como el mencionado Noceti?
Un cuerpo, 300 metros arriba
Finalmente, la aparición del cuerpo de Santiago el 17 de octubre -78 días después de su desaparición- forma parte de uno de los pilares que también dejan mal parada a la Gendarmería, así como a la ministra Patricia Bullrich. Nadie pudo explicar hasta ahora por qué su cuerpo sin vida no fue encontrado en los tres rastrillajes previos que se hicieron durante las primeras semanas, así como tampoco se entiende cómo el cuerpo de Maldonado apareció 300 metros río arriba, es decir con correntada en contra, del lugar en donde se lo vio por última vez.
Las diferencias que manifestaron dos grupos de peritos durante el informe final de la autopsia acerca de la cantidad de días que el mismo pasó sumergido en el agua, marcan un dato clave para comprender que la causa todavía no está cerrada. Sobre esto, el juez Lleral ordenó al ministerio del interior la entrega de DNIs ficticios para realizar una prueba: buscarán determinar si el material dura más de 70 días bajo el agua, tal como sucedió con el del joven mochilero, el cual apareció con su cuerpo en condiciones impecables.
Por ahora, a pesar de los avances, lejos se está de poder llegar a una conclusión certera de lo ocurrido con Santiago Maldonado. Son sin dudas, los momentos más difíciles para la familia, porque las miradas de atención de las mayorías ya no están reposadas en el caso.
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La impunidad alimentó otro crimen
Todas las mentiras que salieron desde la cartera de Patricia Bullrich y del gobierno de Cambiemos, replicadas una y otra vez por los medios amigos, dejaron un manto de oscuridad en la causa de Santiago Maldonado, que fomentó la impunidad y alimentó la posibilidad de otro crimen.
El mismo día que velaban su cuerpo en la localidad de 25 de Mayo, los allí presentes conocieron la noticia de una nueva represión en una comunidad mapuche y esta vez, con un muerto confirmado. La propia justicia determinó que el joven mapuche Rafael Nahuel (22 años) fue asesinado por un disparo en la espalda, cuando este corría de las balas.
Sucedió en la localidad rionegrina de Villa Mascardi, luego de que el grupo de Prefectura Albatros realizara un nuevo desalojo en la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, pero sin la orden del juez Gustavo Villanueva.
Tal como sucedió con el caso Maldonado, muchas pistas apuntan a que este nueve crimen de Estado tuvo una orden directa del ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich y Pablo Noceti.
Ahora, el peritaje realizado por la justicia desmintió la versión del gobierno nacional que había dicho que la muerte de “Rafita” se había dado tras un enfrentamiento, así como también ya tiene identificado al grupo de prefectos que asesinaron al joven mapuche. Solo queda constatar quién fue realmente el que disparó y mató por la espalda a Rafael Nahuel, así como también avanzar hacia las responsabilidades políticas del hecho.
Hace poco, la abogada de la familia de Nahuel, Natalia Araya, afirmó para el portal Tiempo Argentino que la orden de represión en la comunidad mapuche no vino desde el juzgado que preside Villanueva, sino que «funcionarios del
Ministerio de Seguridad eran quienes estaban al frente del Comando Unificado por el G-20».
Fue así como Santiago Maldonado, que había desaparecido y muerto por comprometerse con la lucha ancestral mapuche, era velado el mismo día que asesinaban a otro “peñi”, por las mismas circunstancias. Tristes coincidencias de un país que vuelve a las garras del neoliberalismo y el odio de clase.
Sin embargo, el pedido por los dos jóvenes continuará en la memoria de los que no quieren repetir un pasado tortuoso. Porque como han enseñado las Madres y las Abuelas, el tiempo y la lucha, harán brotar la Verdad. Y la Justicia.
