Declaración del Consejo Directivo Nacional de ATE como aporte al debate público para fortalece un Estado democrático, popular y solidario.
Nuestro país hoy vive una impresionante crisis social y económica en el marco de la emergencia provocada por el coronavirus. Pero vale la pena dejar en claro que esta pandemia golpea a una Argentina que ya se encontraba sumergida en un cuadro de alarmante pobreza y desigualdad (37,9% de la población y 8,4% de indigencia al cuarto trimestre del 2019). En efecto, luego de cuatro años de gestión macrista fueron arrojados a la pobreza 5 millones de compatriotas y sumió en la indigencia a un millón y medio, en un escenario que ya rondaba con altibajos tasas de pobreza entre el 25% y el 29% dado que desde el 2010 y hasta antes del inicio del período recesivo 2018-2019, alternaba años de crecimiento moderado con estancamiento luego agravado por la recesión. Este marco de desigualdad está acompañado por índices alarmantes de informalidad y precariedad: hoy más del 50% de la fuerza de trabajo manifiesta algún grado de precariedad o informalidad.
Es decir, esto hace que la pandemia agrave el cuadro social, donde la pobreza y la indigencia tienen por correlato situaciones de hacinamiento, de falta de vivienda, sumado al freno que las medidas para enfrentarla le ponen a la economía; va a generar un mayor agravamiento de la situación social, lo que además actuará como un acelerador de las consecuencias propias de la pandemia.
Por lo expuesto la prioridad pasa hoy por urgentes medidas que contengan esta emergencia social y sanitaria que vive nuestro país y que no afecta a todos los sectores por igual. En ese sentido, el Gobierno Nacional ha tomado una serie de medidas, en particular transferencias de ingresos a los sectores más postergados (vía bonos para asignaciones, jubilaciones mínimas y la creación del Ingreso Familiar de Emergencia), líneas de financiamiento a tasa reducida destinada a capital de trabajo para las PyMES, entre otras. Medidas que van en la dirección correcta, pero que ante la magnitud de la crisis resultan insuficientes, lo que queda por demás expresado a diario ante los desesperados pedidos de asistencia de amplios sectores. Si como ejemplo vale, podemos citar la inscripción para el Ingreso Familiar de Emergencia ya que al anunciarlo los cálculos oficiales alcanzaría a tres millones seiscientos mil beneficiarios y beneficiarias pero se han preinscripto más de once millones.
Resulta impostergable universalizar un Piso de Ingresos que actúe como red de contención para el conjunto de hogares hoy totalmente desprotegidos, y al mismo tiempo, y a fin de no agravar más aún el cuadro de precariedad laboral, proteger a través de planes de financiamiento a tasa mínima al conjunto de las PyMES y sectores hoy paralizados.
Medidas que ponen claramente en discusión cuales son las fuentes de financiamiento, y acá debemos aclarar que mientras el cuadro social que describíamos se agravaba año a año, a un grupo selecto compuesto por las 200 principales empresas y las 50 fortunas familiares y/o personales no les fue tan mal.
En efecto, en nuestro país esas 50 fortunas alcanzan a 57.000 millones de dólares [1]. Fortunas encabezadas por Paolo Roca con 8000 millones, Alejandro Bulgheroni y fia. con 6200 millones y Pérez Compac y flia con 3000 millones. Más allá de señalar lo indignante que resulta que quien encabeza este ranking sea el titular del grupo Techint que pretende despedir más de 1450 trabajadores, cabe resaltar que estás tres fortunas se incrementaron en un 81,8%, 87,9% y 99,1% entre 2017 y 2019, podría decirse que durante el periodo recesivo macrista, insistimos, no les fue tan mal.
Otro tanto podría puntualizarse con respecto a la cúpula empresarial que durante el período 2015-2018 aumentaron sus ventas en un 205% mientras millones de compatriotas caían en la pobreza. Mereciendo destacarse las empresas del sector Energía, Gas y Agua que vieron crecer sus ventas en un 1036,5%, mientras los tarifazos asolaron a nuestro pueblo.
Entendemos que es por demás claro que llegó el momento que a estas obscenas fortunas les ha llegado el momento no de aportar a una colecta solidaria sino de poner en serio para superar esta emergencia. Es el momento de establecer un impuesto de emergencia que grave a estos patrimonios que no dejaron de incrementarse mientras Argentina transitaba un sendero recesivo.
Asimismo, hay que segmentar cualquier propuesta de financiamiento para que excluya empresas, conglomerados y grupos locales y transnacionales que tienen, dado el comportamiento virtuoso que demostraron durante los últimos años, espaldas más que suficientes para mantener puestos de trabajo y salarios.
Un párrafo aparte merecen las instituciones bancarias que se niegan a instrumentar las líneas de financiamiento preferencial para PyMES. Durante los años 2018 y 2019 (años recesivos) su resultado neto creció en un 205%. En conjunto la banca privada (nacional y extranjera) concentra más del 73% de la liquidez ampliada del sistema (lo que da una idea de su capacidad de préstamos). En tal sentido, se justifica una audaz intervención sobre el sector financiero a fin de poner esa acumulación de liquidez para financiar el sostenimiento de la actividad económica mientras dure la emergencia.
Argentina a lo largo de años ha alimentado un proceso de fuga de capitales monumental. Hoy los activos reconocidos en el exterior superan los 300.000 millones de dólares, nótese la similitud de esta cifra con el monto del endeudamiento público. Casi un PBI del país ha sido fugado por lo que es tiempo de establecer un gravamen por demás significativo a esos capitales fugados.
Resulta si llamativo que en esta coyuntura el gobierno siga pagando vencimientos en dólares. En particular cuando el endeudamiento ha sido funcional a esta fuga que tiene como actores a estos privilegiados. Las escasas reservas y los ingresos de divisas por el comercio exterior deben priorizar las necesidades prioritarias de la coyuntura (insumos sanitarios, equipamiento) y el sostenimiento de la actividad. La suspensión de pagos no puede postergarse.
Vale la pena puntualizar estas propuestas para financiar las medidas que se deben tomar. Más teniendo en cuenta que muchos de los sectores aquí mencionados como favorecidos por la Argentina de la desigualdad y sus comunicadores, proponen como solución el achique del gasto de la política y del Estado. Más allá de que existen sectores en los tres poderes que ganan importantes sueldos y pueden tener un gesto de contribuir en esta emergencia, que seguramente será bien recibido como señal política, el nivel de este aporte no es lo que está en juego en esta coyuntura.
Lo que se plantea atrás de estas propuestas es presentar como inevitable una baja de salarios, jubilaciones y el gasto social del Estado. Persistir en el ideario neoliberal que siempre impulsó la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias, la destrucción de los sistemas sanitarios hoy golpeados para enfrentar esta pandemia.
Saldremos de esta crisis con una decidida intervención del Estado que ponga en caja el comportamiento avaro y depredatorio de los privilegiados de siempre y construyendo desde los sectores populares espacios que priorice estrategias de intervención solidaria y colectiva.
