Los grupos empresarios que operan en el país concentran el 97% de las firmas y de la facturación anual, lo que les permite fijar las condiciones económicas y laborales, y disponer según interés propio del acceso a bienes y servicios. Un informe del Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas (IPYPP) repasa los nombres detrás del mapa de la concentración económica.

Por Redacción Malas Palabras

Ilustración Adictos Gráficos

El último dato de inflación del índice de precios al consumidor (IPC) del Indec puso en rojo las previsiones del Gobierno al superar la franja del 100%, y convertirse en el acumulado interanual más alto desde 1991.

Entre los ítems que empujan el alza de precios se encuentra el de alimentos y bebidas no alcohólicas. Un indicador de lo difícil que resulta garantizar las necesidades básicas no sólo ya para los sectores populares sino también para los trabajadores en relación de dependencia y la clase media, como advierten voces no sólo de la oposición sino del propio Gobierno.

Sin Salario Básico Universal, Renta Extraordinaria ni el impuesto especial a los capitales fugados -todos proyectos impulsados por sectores del Frente de Todos (FDT) que no encontraron cauce en el Congreso-, al Poder Ejecutivo no le quedan demasiadas alternativas para torcer un proceso de fuerte regresividad en la distribución de los ingresos en favor de sectores concentrados de la economía.

Pero hay un elemento clave que permite entender, en parte, el fenómeno del alza de precios: el mapa de los grupos económicos del país, que echa luz sobre ese poder en pocas manos que hace cada vez más difícil el acceso en condiciones a los bienes y servicios.

Según un informe del Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas (IPYPP), los grupos económicos que operan en el país concentran el 97% de las firmas y de la facturación del conjunto de las grandes empresas que cotizan en Bolsa, lo que permite analizar su incidencia tanto en la concentración de los mercados como en la presión inflacionaria, entre otros puntos.

El IPYPP, un centro de estudios, investigación y formación de la Unidad Popular (UP), busca “intervenir en el debate de la coyuntura económica, social y política desde un enfoque que privilegie los intereses de los sectores populares en clave emancipativa”.

En el trabajo titulado “¿Cuáles son los grupos económicos detrás de la inflación?”, publicado en diciembre pasado, el instituto planteó que esas grandes firmas son responsables de la inflación porque “son las que fijan condiciones de producción, condiciones laborales y contractuales con respecto a las clases trabajadoras”.

También porque “fijan los precios de productos fundamentales para la producción, como los bienes de uso difundido, o que son determinantes de la canasta básica de consumo”. En otras palabras, la energía, por ejemplo, permite producir alimentos. A energía más cara, alimentos más caros. La cadena de valor se ve afectada. 

El mapa de la concentración económica (y el impacto sobre los precios)

Según el informe del IPYPP, de las empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que son 78 en total, el 28% pertenece a la producción industrial; el 24% a servicios públicos de energía, gas y agua; el 14% al sector financiero (casi en su totalidad entidades bancarias); el 13% a servicios de telecomunicaciones, transporte, inmobiliarios y juegos de azar); un 12% para el sector del petróleo y derivados; un 6% al sector agropecuario y el 3% al comercio.

Pero esos números fríos, establecidos según los estados contables de 2021 -última información anual disponible al momento del informe-, pueden entenderse mejor si se observan los porcentajes de facturación de cada una de las áreas, lo que permite mensurar el peso real de cada uno de los sectores en la dinámica de la economía argentina. 

El documento consigna que, del peso de las ventas totales, el sector petrolero y el financiero registran el mayor crecimiento, con un 27,2% y un 22,7% de la torta respectivamente. Los siguen las empresas industriales con un 20,6%; las compañías que operan la energía, gas y agua, con el 12,5 %; las empresas del rubro agropecuario, con un 7,7 %; el sector de servicios con un 7,5 % y, por último, el comercio, con un 2 %.

En cuanto al origen del capital, la gran mayoría de las compañías que cotizan en la Bolsa son nacionales (58), mientras que 8 son de capitales españoles; tres de Italia, tres de Brasil y algunas asociaciones entre capitales locales y extranjeros.

Nombres propios 

Según la información recabada por el informe, del total de 67 empresas productivas que cotizan en Bolsa, la gran mayoría son de origen nacional (58) y se destaca un fuerte rasgo de conglomeración, lo que evidencia que la discusión por la concentración económica es con actores locales y no con extranjeros. 

Las compañías extranjeras son menos de la mitad (17), mientras que hay 12 asociaciones donde participan capitales locales y una sola empresa estatal que cotiza en la Bolsa: IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima), que pertenece al Estado nacional y al Estado de la provincia de Mendoza.

De esa lista de entidades que fijan las condiciones de la vida económica hay sólo tres que funcionan como unidades independientes, el resto son conglomerados o grupos empresarios.  

El documento detalla que esas últimas “forman parte de un entramado de firmas vinculadas por relaciones de propiedad, ubicadas en diversos sectores de actividad que pueden responder a estrategias de integración horizontal o vertical con expansión en el país y/o en el exterior”.

Petróleo y derivados: el sector que más factura 

De la actividad mayoritaria en términos de facturación, que es petróleo y derivados, el grupo preponderante en el rubro es YPF, de origen nacional pero que actualmente está compuesto por un 51 % de acciones del Estado (desde la recuperación de 2012, en el gobierno de CFK) y un 49 % por fondos de inversión, entre ellos Black Rock, con sede en Nueva York.

Si bien YPF cuenta con 27 empresas -y en todas posee una porción accionaria de peso-, sólo cotizan en Bolsa cinco firmas, lo que explica que la fijación de precios de la petrolera funcione como referencia del sector en todo el país. La suma de las ventas de las empresas de YPF representó, en 2021, el 20% de la facturación total del sector petrolero (que, como se señaló, fue de un 27% del total en ese año).

Energía y gas

El segundo grupo en importancia es el Grupo Pampa Energía S.A., de Marcelo Mindlin, con cuatro empresas en la actividad de energía y gas y una facturación que implicó el 5 % del total de ese rubro. Seguido por el grupo Techint, de Paolo Rocca, que integra una sociedad que termina en los Países Bajos con un centenar de firmas. En el mercado local cotizan dos empresas pertenecientes a este grupo y que, casi como Pampa Emergía, constituyen el 5,8% de la facturación.

Agro, inmobiliario y financiero

Sobre la actividad inmobiliaria, un grupo significativo es el de Eduardo Elzstain, presidente de Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA), IRSA Propiedades Comerciales, el Banco Hipotecario y las agropecuarias Cresud y BrasilAgro.

Este empresario, junto a varios fondos de inversión -más el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses- controlan al grupo IRSA con 17 empresas dedicadas a desarrollos inmobiliarios y radicadas en Argentina e Israel.

Elzstain es presidente de IFIS Limited, una sociedad constituida conforme a la ley de Bermuda. Esta firma es dueña de dos compañías en Uruguay a través de las cuales controla el grupo agropecuario Cresud, que tiene 10 empresas del sector.

Cresud controla explotaciones agropecuarias -cabañas, estancias y frigoríficos- en Argentina, Brasil y Uruguay, mientras que IRSA, a través de Irsa Propiedades Comerciales S.A. y TGLT S.A, es uno de los actores de mayor influencia en los desarrollos inmobiliarios tanto de la ciudad de Buenos Aires como la zona norte del Gran Buenos Aires (GBA).

Entre los distintos rubros, el informe del IPYPP concluye que los restantes conglomerados empresarios que integran la cúpula de las empresas más rentables, y que fijan las condiciones de la economía, son Clarín, con el Grupo Clarín y Papel Prensa S.A.; el grupo Caputo (con Mirgor S.A., Distribuidora de Gas Cuyana y Central Puerto S.A.); Eurnekián (Aeropuertos Argentina 2000, CGC S.A.), Pérez Companc (con Molinos Río de la Plata y Molinos Agro S.A.), Brito (Banco Macro e Inversora Juramento), y Luis Pagani (grupo Arcor), entre otros.

SOBRADOS

Las empresas analizadas registraron una formidable mejora en sus resultados económicos y financieros de 2021. Incluso cumplen sobradamente el conjunto de las poco exigentes condiciones formuladas en el proyecto de ley de Renta Inesperada: Ganancia Contable superior a mil millones de pesos; márgenes de ganancias superiores al 10% y aumento del margen de ganancia de al menos 20% en relación al año anterior.

Pero al momento de contribuir a la población argentina por estar beneficiándose de un contexto sostenido de crisis local e internacional, el poder económico local rechaza de plano y mayoritariamente cualquier tipo de iniciativa tendiente a la redistribución del ingreso.

Detrás del desempeño de estos actores se encuentra una modo de funcionar propiamente oligopolizado que tiene efectos perniciosos para la economía. La inflación es la más visibles pero no es la única. Sostener un poder económico absoluto que cumple funciones de formadores de precios en ramas estratégicas de la producción social se combina con otras funciones que se refuerzan al calor del engrosamiento del volumen de sus negocios. 

Todos estos actores son los principales proveedores de dólares proveniente del comercio exterior, lo que les otorga el privilegio de incidir directamente sobre las decisiones del gobierno nacional en relación al valor del tipo de cambio y se constituyen como ese “mercado financiero local” en el cual regularmente el Estado Nacional coloca deuda para financiar las cuentas públicas dañadas por la escasa tributación de estos mismos grandes actores.