El proyecto impulsado por Javier Milei e ideado en las usinas de las corporaciones consagra la informalidad en Argentina con el argumento, probadamente erróneo, de que para bajar el empleo no registrado y el desempleo es necesario quitar derechos a los trabajadores.
Opinan: Luis Campos, abogado y coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA-Autónoma; y Lucía Cirmi Obón, economista y Magister en Estudios del Desarrollo.
Por Redacción Malas Palabras
Ilustración: Juan Soto
Pocas horas antes de presentar el proyecto de reforma laboral en el Congreso, el gobierno de Javier Milei invitó formalmente por primera vez a la conducción de la CGT a la Casa Rosada, para un encuentro con el ministro del Interior Guillermo Francos, el jefe de Gabinete Nicolás Posse, y el asesor “estrella” de Milei Santiago Caputo. Estuvieron los dirigentes Héctor Daer (Sanidad), Gerardo Martínez (UOCRA) y Andrés Rodríguez (UPCN), parte del sector más dialoguista de la central, pero no fueron Pablo Moyano ni la Corriente Federal, el sector más combativo.
Desde la central obrera reconocen que en ese encuentro hubo un intercambio sobre la posibilidad de que se avance con algún tipo de debate en torno de la reforma, pero aseguran que nunca hubo ningún tipo de mensaje de respaldo a la iniciativa. Días más tarde, el gobierno envió formalmente a Diputados la nueva Ley Bases con el capítulo laboral incluido, que abrió una nueva etapa de conflicto político y gremial.
En la primera versión del proyecto de Milei se habían incluido varios aspectos que dispararon la reacción inmediata de los gremios. Básicamente, un ítem que eliminaba los aportes solidarios de los trabajadores a los gremios y otro que penalizaba las protestas que incluyeran bloqueos de plantas. Los dos artículos fueron eliminados en el paso de la ley en Diputados. Fue a partir de un planteo del peronismo “dialoguista”, específicamente del bloque conducido por Miguel Pichetto, habitual interlocutor de la CGT.
La estrategia logró podar el proyecto original de esos aspectos que más rechazo generaban en la CGT. El resto de las centrales obreras, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la UTEP, planteaban una estrategia de rechazo total a la norma, que buscaron fortalecer con las movilizaciones callejeras del 1 de mayo y el paro general del pasado 9 de mayo.
Pero con los respaldos políticos del radicalismo -que también impulsaba un proyecto propio similar al del gobierno- el PRO y el peronismo dialoguista, el gobierno logró hacer avanzar el proyecto en el Congreso.
A la carta
El proyecto responde punto por punto a lo que desde hace años vienen reclamando los empresarios del círculo rojo en Argentina: un nuevo marco legal para que contratar y despedir personal les resulte cada vez más barato y fácil. Bajo el viejo argumento de que para crear fuentes de empleo hay que sacarle derechos a los trabajadores y bajar los costos laborales, la reforma laboral de Milei propone consagrar la informalidad en Argentina y la impunidad para los empresarios que contratan trabajadores no registrados.
Entre los principales cambios de la nueva ley, se destaca la posibilidad de extender el período de prueba hasta un año y la creación de un fondo de cese laboral para reemplazar las indemnizaciones. Además, inaugura la figura del “trabajador independiente asociado”, que permitirá a las pymes contratar hasta cinco empleados monotributistas sin ninguna relación de responsabilidad laboral.
No fue sorpresa. Muchas de esas medidas ya habían sido incluidas por Milei en el DNU 70/23 de fines de diciembre. Pero el capítulo laboral de aquel decreto había sido frenado por la justicia y se mantenía en stand by, en busca de un apoyo político que el gobierno parece haber conseguido ahora, con los votos del radicalismo y parte del peronismo “dialoguista”.
“Es como si hubiéramos tomado todos los memos internos que circulan entre los abogados patronales y los asesores legales de las grandes empresas y los hubiéramos puesto todos juntos en un proyecto de ley. Eso es lo que se aprobó en el Congreso”, resume Luis Campos, abogado, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA-Autónoma, especialista en temas laborales y sindicales, para definir en pocas líneas la nueva ley.
La sintonía de la norma con los reclamos de los empresarios que se quejan de la “industria del juicio” fue blanqueada por el ministro de Economía Luis Caputo en una charla con CEOs de las principales firmas del país en la cena aniversario de la Fundación Mediterránea a fines de abril. “Aprovechen este momento. Ustedes son empresarios. No les tengo ni que decir cómo los beneficia la Ley Bases a ustedes, empezando por todo lo laboral”, los arengó.
La sintonía de la norma con los reclamos de los empresarios fue blanqueada por el ministro de Economía Luis Caputo en una charla con CEOs de las principales firmas del país en la cena aniversario de la Fundación Mediterránea a fines de abril. “Aprovechen este momento. Ustedes son empresarios. No les tengo ni que decir cómo los beneficia la Ley Bases a ustedes, empezando por todo lo laboral”, arengó.
Ahora, en medio de un escenario social cada vez más conflictivo y con los trabajadores marchando en las calles, el gobierno de Milei y la corporación empresaria que controla áreas claves de su gobierno intentan dar la puntada final a una reforma que se lleva puesto derechos adquiridos para “modernizar” el mercado laboral.
Campo fértil
Desde el arranque del experimento de Milei presidente, allá por diciembre pasado, quienes analizaban los movimientos del gobierno libertario daban por hecho que entre las primeras medidas se iba a incluir un paquete de reformas para el mercado laboral.
La avanzada se dió sobre un campo fértil. Ya desde la campaña electoral del año pasado, dirigentes de prácticamente todo el arco político se mostraban a favor de abrir un debate sobre algún tipo de reforma laboral en Argentina. Desde Cristina Fernández de Kirchner hasta Juan Grabois, pasando por el radicalismo, el PRO y varios gobernadores, todos coincidían en la necesidad de abrir una discusión para contemplar los cambios que había dejado la pandemia sobre un mercado laboral que arrastra problemas desde hace décadas.
En Argentina hace 12 años que no se crea empleo privado y hoy la mitad de los trabajadores están en la informalidad. En números concretos, existen aproximadamente 30 millones de personas en edad de trabajar en Argentina. De ese total, 7,4 millones están inactivas -no buscan empleo-. Cerca de 8 millones están en el mercado informal, casi 1,2 millones desempleados -en búsqueda- y algo menos de 14 millones tienen algún tipo de registro.
El crecimiento de la informalidad tiene como ejemplo de época a los trabajadores de plataformas, una modalidad que terminó explotando en pandemia y que muestra la peor cara de la desprotección laboral, la pérdida de derechos y el paradigma de la autoexplotación.
Sobre ese debate postergado, Milei apretó el acelerador apenas llegado a la Rosada. Después de haber designado a un abogado de Techint como Julio Cordero en el ministerio de Trabajo, incluyó en el DNU una reforma laboral ambiciosa que no solo contemplaba cambios en los sistemas de contratación sino también persecución a la actividad sindical y penas para quienes realicen protestas. Como la Justicia puso un freno al capítulo laboral del DNU, se decidió avanzar con el proyecto incluido en la Ley Bases, apenas más modesto.
Punto por punto
Pero veamos, ¿qué quedó en pie del proyecto de reforma original de Milei? Básicamente, tres aspectos.
El primero, es que el apunta a un “blanqueo” laboral, condonando multas, parte del pago de los aportes, contribuciones y recargos adeudados, incluyendo obras sociales, para los empleadores que tengan trabajadores en forma irregular. Por otro lado, el período de prueba se amplía a seis meses con posibilidad de extenderlo hasta un año si es de mutuo acuerdo. Además, habilita el fondo del cese laboral para reemplazar a las indemnizaciones, una idea que toma el modelo del modelo UOCRA (ver apartado), siempre sujeto a subas y bajas estacionales y mucha rotación.
Y en tercer lugar, la reforma contiene un capítulo que permite la figura de un trabajador independiente que podría contar con hasta otros cinco trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y acogerse a un régimen especial unificado que contenga los pagos de obra social, sistema de salud y régimen previsional.
Esto supone que los trabajadores de pymes de hasta cinco empleados (se estima que hay unas 500 mil en todo el país) quedarían contemplados en este nuevo modelo, que por supuesto no cuenta con derechos laborales como las vacaciones pagas, aguinaldo, etcétera.
La reforma avanza en lo que se conoce como la “deslaborización” de las relaciones de trabajo, Es decir, a la negación fraudulenta de la existencia de una relación laboral, que tiende a quitar responsabilidad a los empleadores.
De «light» no tiene nada
“Lo primero que hay que decir es que no es una reforma ‘light’ . Es muy regresiva. No es una reforma suave. Es una reforma muy dura”, resume Luis Campos, que advierte además que todo el capítulo eliminado que apuntaba a perseguir penalmente las protestas y a minar a los sindicatos en sus fuentes de financiamiento “no son temas que no se puedan volver a abrir en poco tiempo más”.
“Esta reforma es una hoja de ruta de las intenciones del gobierno, los empresarios y los dirigentes políticos que representan sus intereses. Pusieron en un papel exactamente cuál es el modelo que tienen en mente. Ya no es una suposición, ahora lo confirmaron”, afirma.
Como sistema, explica Campos, “lo que hay es un conjunto de normas que facilitan a los empleadores el ajuste de la dotación de fuerza de trabajo, es decir la cantidad de trabajadores, a las variaciones en los niveles de actividad. Si crece la actividad, van a poder contratar más fácil, más rápido y sin consecuencias. Y si cae la actividad, van a poder despedir barato y sin complicaciones legales”.
“Para los trabajadores no registrados no cambia nada. La norma les propone que quizás puedan ser contratados, pero con los mismos derechos que tienen hoy. No les cambia absolutamente nada”, dice.
Para Campos, que viene estudiando desde hace años la relación entre mercado de trabajo, Estado y sindicatos, una de las medidas de mayor impacto es la introducción de la figura del “monotributista asociado”. “La figura del trabajador independiente se lleva muy mal con la Constitución y específicamente con el artículo 14 bis. El día de mañana, si se declara la inconstitucionalidad, los que contrataron bajo esta nueva figura pueden tener muchos problemas”, advierte.
Una vieja receta que nunca funcionó
Lucía Cirmi Obón es economista, magister en estudios de desarrollo y autora de “Economía para sostener la vida”. Para ella, el principal problema de la reforma laboral es que se basa en el supuesto, siempre defendido por los empresarios pero comprobadamente falso, de que la informalidad obedece a los costos laborales. Y que si el Estada abarata esos costos los empresarios van a estar motivados a dar empleo y registrar a sus empleados.
“En Argentina ya se aplicó esa receta de bajar los costos laborales para que baje la informalidad y nunca funcionó. En los ‘90, se duplicó el desempleo, pasó del 7 al 15 por ciento, cuando se bajaron 10 puntos de los aportes patronales. Y después pasamos a otro período, entre 2003 y 2015, donde creció el salario mínimo, es decir aumentaron los costos laborales, y el desempleo bajó a la mitad”, explica la economista. “Nuestra historia muestra que en Argentina la rueda gira al revés de lo que propone esta reforma”, agrega.
Cirmi incorpora otra dimensión de análisis. La recesión que atraviesa Argentina por las políticas de Milei es el principal motor de la informalidad. “Estamos en recesión por el ajuste brutal del salario y el achicamiento del gasto público. El PIB está cayendo y están cayendo las ventas. Si no tenés a nadie a quien venderle tus productos, ¿qué importa si te sale más barato contratar empleados? Los empresarios no van a contratar más gente”. “¿Cuándo crece la formalidad? En períodos de crecimiento económico -explica- En recesión nadie se pone a registrar más”.
La respuesta en la calle
El 1 de mayo pasado, una enorme columna de sindicatos de todas las extracciones marchó por las calles de Buenos Aires, en un Día del Trabajador muy especial. Pocas horas antes, la Cámara de Diputados había aprobado y enviado al Senado la reforma laboral redactada en las usinas de la Casa Rosada y pergeñada por los abogados de las principales empresas del país.
La movilización del 1 de mayo fue la respuesta directa a la Ley Bases y el DNU de Milei. Con la política debatiendo en qué medida le da carta blanca al libertario para avanzar con esa agenda, las centrales obreras preparan otra nueva gran marcha para cuando la norma se trate en el Senado. Aunque el plan de Milei quizás encuentre respaldo en el Congreso, en la calle solo parece cosechar cada vez más rechazos.
