Con el año electoral en curso y un gobierno acorralado por el aumento de los precios y la crisis en el mercado del trabajo, la oposición aprovecha para levantar la bandera de una reforma laboral. ¿Qué piensan empresarios, políticos y dirigentes gremiales? ¿Cómo mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras sin que pierdan sus derechos? ¿Puede una reforma encaminar al país hacia una economía más productiva y eficiente?
Opinan: Alejandra Angriman, secretaria gremial de la CTA Autónoma; Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA); Ana Rameri, economista del Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas (IPYPP); y Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas.
Por Mariana Portilla y Florencia Mártire
Ilustración: @adictosgraficos
La reforma laboral en Argentina sigue siendo un tema de debate: algunos sectores empresariales y políticos sostienen que es necesaria para mejorar la competitividad y la productividad de la economía, así como para atraer inversión extranjera. En la vereda de enfrente, la del campo popular, argumentan que la reforma que se pretende imponer puede socavar los derechos de los trabajadores y aumentar la desigualdad.
En carrera presidencial, la oposición poco a poco da a conocer sus planes ecoómicos y políticos. La máxima general: aplicar una reforma laboral que limite el derecho a la indemnización por despido.
“Es un tema que está impulsando la derecha en los términos que lo están planteando los empresarios y los sectores partidarios que responden a esos intereses. A nosotros, obviamente, no nos parece necesaria. Como clase trabajadora creemos que hay que tener en cuenta muchas modificaciones que contemplen la falta de derechos de los trabajadores”, asegura a Malas Palabras Alejandra Angriman, secretaria gremial de la CTA Autónoma.
Para la dirigente, una reforma laboral debería implicar “mejores derechos” para las personas trabajadoras y eso “no está contemplado ni acá ni en la mayor parte del mundo”. “Lo que los empresarios quieren es negar la organización sindical y que sea una discusión entre casi pares”, agrega.
En un intento por echar luz sobre el escenario global, Angriman estima que el 60 por ciento de la fuerza laboral está precarizada y, en ese marco, la lucha del sector sindical es por mejores condiciones laborales, salariales y una reducción urgente de la jornada laboral.
“Lo que se necesita es pensar un mundo donde quepamos todos; no que sea un mundo para pocos”, enfatiza la referente gremial.
Bullrich y Larreta muestran sus cartas
En la carrera por la Presidencia, los candidatos de la oposición prometen “cambios profundos”. Y uno de ellos está ligado a la reforma laboral. El Jefe de Gobierno porteño y aspirante a la Presidencia, Horacio Rodríguez Larreta, diseña con su equipo técnico, en compañía de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y Encuentro Republicano Federal,una “modernización laboral” para terminar con la “industria del juicio” .
El eje central está encabezado por un nuevo sistema de multas judiciales por trabajo mal registrado o no registrado, que implica una modificación de la Ley de Empleo (Ley 24.013): apunta a un esquema de multas más “previsible”, que serán calculadas sobre la base de un 50 por ciento del salario mínimo y cuyo destino final será el sistema solidario de seguridad social en lugar de beneficiar más a los abogados y favorecer a “la industria del juicio”.
Por el lado del ala dura del PRO, el equipo de Patricia Bullrich se plegó al reclamo de un importante grupo de empresarios que exigen cambios en las indemnizaciones, que según dijo “se multiplican por cifras increíbles” y que “tienen que ver con leyes que sólo tienen multas”. La ex ministra de Seguridad promete limitar el derecho a huelga, por ejemplo, en la educación y en el transporte, y restringir la ultraactividad del convenio colectivo, un principio fundamental que permite regular la relación entre trabajadores y empresas.
“Esto no lo plantea solo Bullrich, lo plantean todos los patrones en el mundo. Nuestro lugar de discusión es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se sostiene en un derecho fundamental que es el derecho de huelga. Todos los otros derechos están vinculados al derecho de huelga. Si se rompe con ese derecho, absolutamente se caen todos los demás”, advierte Angriman.
¿Qué piensan los empresarios?
Para los empresarios no hay dudas. La reforma laboral es necesaria y urgente. El pasado 13 de octubre en el Coloquio de IDEA, ejecutivos, economistas y abogados debatieron sobre tres ejes centrales: la reducción del costo de litigiosidad; los acuerdos particulares entre gremios y empresas para modernizar los convenios colectivos; y la posibilidad de convertir los planes sociales en trabajo genuino, una iniciativa que el gobierno nacional impulsó el año pasado y que busca promover “la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica”.
“No hace falta una gran reforma laboral, sino modificar una gran cantidad de multas. Este sistema no funcionó porque no evitó la gran informalidad”, aseguró en la presentación del coloquio IDEA el abogado Santiago Nicholson. Y en este punto coincide Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA).
“Hay muchos juicios injustos. A raíz de esto muchas Pymes han quebrado y a otras les ha ido muy mal. Muchas veces el empleador en vez de comprar una máquina para invertir, para producir y crecer tiene que estar juntando dinero para estos casos. Y eso los desmotiva a la hora de contratar personal”, señala Rosato a Malas Palabras.
Por eso, desde el espacio que lidera proponen incorporar a la ley un Fondo Compensador Laboral mediante el cual se crearía una caja para poner a disposición de los trabajadores, ya sea por renuncia, despido o jubilación. Los fondos serían administrados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y se actualizarían de acuerdo a una tasa fijada por el Banco Central.
“Con nuestro proyecto no se toca ningún derecho del trabajador. Tenemos que buscar la armonía y darle seguridad para que trabaje más tranquilo”, finaliza.
Alerta: ese proyecto es flexibilizador
Para Ana Rameri, economista del Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas (IPYPP), hay dos ideas preocupantes que están presentes en los discursos públicos del sector más reaccionario del sistema político y del empresariado que son el intento por naturalizar los despidos como un derecho del empleador, y la búsqueda por legalizar el fraude laboral que implica la tercerización del trabajo.
Explica Rameri en diálogo con Malas Palabras, “hace rato que viene dando vueltas de la mano de diferentes propuestas como lo fue hace un tiempo el debate sobre la ‘mochila austríaca’ que sería el modo de reemplazar las indemnizaciones por una especie de fondo individual financiado con un aporte del salario. Un proyecto similar llamado Fondo de Cese Laboral presentó Martín Lousteau en el 2021 que, de algún modo, también busca desvincular o aliviar la responsabilidad del empleador cuando termina una relación de trabajo. Lo grave de ello es que se pierde el efecto disuasivo que tiene la indemnización para resguardar el empleo”.
En segundo lugar, la economista afirma que sobran los estudios que demuestran que estamos ante un flagrante fraude laboral, en relación al “lobby feroz de las grandes empresas, en especial las grandes corporaciones tecnológicas, propietarias de las infraestructuras digitales cuyo modelo de negocios recurre a una ultraflexibilización del trabajo camuflada en un formato de economía colaborativa”.
Al respecto, Rameri cuestiona el proyecto dominante de reforma laboral y la salida que proponen sus defensores, orientada a “alcanzar una normativa adaptable a los ciclos económicos y una reducción del costo laboral para que, además, pueda competir con la inexorable automatización del trabajo”.
En cambio, señala que la reforma que reclama por nuevas instituciones y regulaciones que sean capaces de mediar en la nueva relación capital-trabajo del siglo XXI “es aquella que entiende que el régimen de empleo asalariado formal está en crisis, que nos debemos una debate sobre la concepción restringida de la categoría trabajo, hoy asociada sólo al empleo, y que la figura del capital presente en la legislación laboral actual ha mutado y se ha alejado de esa idea de patrón industrial que existía en épocas anteriores”.
Repensar el mercado laboral desde otra perspectiva
“De ninguna manera puede ser desplazada la protección al mercado y desprotegido el trabajador”, afirma en diálogo con Malas Palabras Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas.
“El derecho del trabajo es por naturaleza, y debe ser, protectorio”, argumenta Benzion. “De ninguna manera podría pensarse un derecho del trabajo que anteponga las necesidades del mercado a las necesidades de la persona que trabaja”, explica la abogada, cuestionando los proyectos de reforma de algunos sectores empresariales y políticos.
Tras repasar la crisis actual del mercado del trabajo en la Argentina, Benzion reitera que el salario tiene que ser suficiente para que la persona trabajadora pueda atender todas sus necesidades, no solamente la canasta básica, “que tampoco está cubierta”, sino también el descanso, el ocio, el esparcimiento, la salud, la capacitación, la vivienda.
En esta línea, trae a colación algunos fenómenos de cierto avance que están ocurriendo en la región, como la reducción de la jornada laboral en Chile recientemente aprobada y la reforma nacional que está proponiendo el presidente Gustavo Petro en Colombia.
“La reducción de la jornada es un debate no sólo en nuestro país sino también en la región y en varios países de Europa”, resalta Benzion. “Desde el sector empresario se escuchan muchas voces que dicen que esto va a bajar la productividad, cuando la evidencia empírica demuestra que es al revés: en los países que se ha implementado la reducción de la jornada lo que se advierte es mayor productividad, menor siniestralidad, menor cantidad de ausencias por enfermedades. El impacto es favorable en todas las direcciones”.
Si bien el mercado del trabajo está determinado por una cantidad enorme de variables de las cuales las normas laborales son solo un elemento, sintetiza Benzion, la reforma necesaria no es la que se pretende imponer desde el capital concentrado: “Para nosotros”, afirma, “la reforma laboral necesaria tendría que ver con ampliar derechos”.
