Por Claudio Lozano.- La única manera de resolver de manera urgente la emergencia alimentaria es la implementación de un programa de carácter universal que garantice seguridad económica a la población en edades centrales. Una alternativa posible que superaría el propósito de la tarjeta alimentar es la conformación de un piso alimentario para toda la población conformada por la asignación universal por hijo para la población menor de 18 años y un ingreso básico universal (IBU) destinado a toda la población que no tenga garantizado un ingreso formal. En tanto el IBU equivaldría a la línea de indigencia para un adulto, una familia tipo tendría garantizado un ingreso mensual de $ 25.600.
Sostenemos que por el momento resulta equivocada la visión que confronta la universalización de los ingresos con la implementación de planes con contraprestación laboral. Es una mirada que parece no reconocer el proceso de intensificación de la pobreza (urgencia del hambre) en el contexto pandémico. Tampoco parece reconocer las discusiones contemporáneas (planteadas por el feminismo y el paradigma del conocimiento) respecto a qué es y qué no es trabajo, e incluso desconoce el proceso de precarización de las relaciones laborales que hace que hoy el 25% de quienes trabajan son pobres.
Por último, parece no entender que un ingreso universal en un contexto de congelamiento de precios dinamizaría la demanda en el mercado interno coadyuvando a la utilización de la capacidad ociosa, el aumento de la producción y la generación de empleo.
La Argentina de hoy no debe discutir entre universalidad de ingresos o trabajo. Debe combinar la universalización de los ingresos sobre la población asalariada y desocupada con la puesta en marcha de un programa de empleo garantizado. El problema de la Tarjeta Alimentar no es que se podrían haber generado más planes potenciar trabajo. Es que no universaliza y no garantiza el piso alimentario que la Argentina necesita. Existen recursos fiscales y políticas que permitirían financiar los 3 puntos del PBI que requiere nuestra propuesta.
Por último, lo resuelto respecto a la tarjeta alimentar es una demostración más de la dificultad de los movimientos populares nacidos a mediados del siglo pasado en el marco de la industrialización, para avanzar en la universalización de los ingresos. Ese límite resultante de un contexto histórico que ya no existe, generó en gestiones pasadas que fuera necesaria una derrota electoral (2009) para que se impulsara la AUH. Instrumento este que término siendo la política social más efectiva. Insistimos que el cuadro social de incremento de la pobreza y aun más de la indigencia en el marco de la gestión del frente de todos exige que nos adelantemos a la coyuntura electoral recuperando la universalidad como criterio de política pública en la intervención sobre el tejido social.
———————————————————————————————–
Entre lo urgente y lo necesario
Para complementar las drásticas propuestas de Claudio Lozano, vale compartir un reciente trabajo de los compañeros de Canal Abierto.
“La madre de un hijo cobrará 6 mil pesos; el bono de 9 mil pesos lo recibirán los que tengan dos niños y se incrementará a 12 mil pesos para los que tengan 3 o más hijos”, detalló Alberto Fernández tras la quinta reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre que tuvo lugar el pasado viernes en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada.
La tarjeta que hasta ahora alcanzaba a cerca de un millón y medio de familias, pasará a crubrir a dos millones. Mientras que en el universo de niños y niñas de nuestro país -el grupo más golpeado por el aumento de la pobreza- la cantidad de beneficiarios pasará de los casi dos millones a tres millones setenscientos mil.
Vaso medio lleno o medio vacío
Se trata de un considerable esfuerzo estatal para paliar el delicado escenario de emergencia que atraviesa la Argentina, y que hoy se ve agravado por las restricciones a la circulación implementadas en las últimas semanas. Para tener una noción de cuánto dinero representa, los 250 mil millones que desembolsará el Estado superan por poco los 223 mil millones de pesos hasta ahora recaudados por el Aporte Extraordinario a las Riquezas y duplican el monto en subsidios a la energía devengado en el primer trimestre de 2021.
Un relevamiento sobre 20.260 hogares de barrios populares realizado por el Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) revela que el 50% de las familias que poseen la Tarjeta Alimentar ha logrado una mejora en las condiciones de acceso a su alimentación. Sin embargo, el 77% declaró que con ese recurso sólo logró cubrir dos semanas de alimentación, y que a entre un 10 y un 20% le es insuficiente para completar las 4 comidas recomendadas.
“Coincidiendo con estudios similares del Observatorio de la Deuda Social de la UCA y de UNICEF, concluimos que fue y es una ayuda importante pero insuficiente para atravesar la crisis alimentaria”, apunta el ISEPCi antes de reclamar un “incremento sustancial en los montos”.
En el inicio de la gestión del Frente de Todos, cuando empezó a distribuirse la Tarjeta Alimentar, los valores depositados ascendían a 4.000 pesos para las familias con un hijo o hija con Asignación Universal por Hijo y 6.000 pesos para las que tienen dos menores a cargo. Dieciséis meses después, en abril de este año, el aumento anunciado por el Presidente equivale a una suba del 50% respecto a los montos originales.
Carrera contra los precios
El problema reside en la licuación de la ayuda vía inflación: según el Índice de Precios al Consumidor que calcula el INDEC, sólo en el primer trimestre de este año los alimentos acumularon una suba del 16,7%.
Los últimos datos del instituto oficial hablan de una escalada del 48% interanual en la canasta básica alimentaria. Para el INDEC, un hogar de tres integrantes necesitó en marzo de 20.448 pesos para no caer en la indigencia. Las cifras son estremecedoras, pero incluso menos dramáticas que las obtenidas por el macrismo en 2019.
Por su parte, el Índice Barrial de Precios que elabora el ISEPCi calcula que en diciembre de 2019 el valor de la Canasta Básica de Alimentos para una familia de dos adultos y dos pequeños ascendía a 14.541 pesos, mientras que en abril de este año fue de 25.586. Es decir, un aumento del 76%.
“Todos los voceros del gobierno, incluidos el Presidente y sus Ministros, reconocen que la indetenible suba de los precios de los alimentos agrava permanentemente la crisis alimentaria entre los sectores de menores recursos. Sin embargo las medidas anunciadas con el objetivo de contener los aumentos en la misma presentación del 7 de mayo pasado, son una mera continuidad de las que vienen fracasando desde años”, apuntan en el ISEPCi.
Del otro lado del mostrador, los gigantes que producen los alimentos que consumen los argentinos vieron, una vez más, acrecentadas sus fortunas. Pese a la crisis económica por la pandemia, Molinos -sólo por tomar de ejemplo a la compañía de los Pérez Companc- presentó un balance positivo por 1.680 millones de pesos.
Fue justamente durante el anuncio de la ampliación y aumento de la Tarjeta Alimentar que Alberto Fernández le pidió a a las empresas productoras de alimentos que “entiendan que están en una sociedad donde el 40% de los argentinos la está pasando mal y que tienen que colaborar con ese 40%”. Más allá del gesto y pese a los condicionamientos políticos, resulta inexplicable que a esta altura el Presidente no entrevea que sectores concentrados y siempre ganadores como este no entiendan de reclamos o suplicas.
Un Estado bombero
El INDEC informó que en 2020 la pobreza llegó al 42% y ya afecta a 19,4 millones de personas, más de seis puntos porcentuales por encima del 35,5% calculado para el mismo período del 2019. En tanto, la indigencia llegó al 10,5%, el nivel más alto desde 2004. La situación es alarmante y pareciera que podría empeorar pese al leve aumento de la actividad y el empleo registrado en los primeros meses del año.
Ahora bien, ¿qué hubiera pasado en caso de no implementar ayudas como la IFE y el ATP? Basta con observar el estudio publicado por la Universidad Católica Argentina (UCA) sobre el impacto del COVID-19 en el país. La casa de altos estudios vaticana sostuvo que sin la asistencia del Estado Nacional, la pobreza habría trepado al 52% de la población y la indigencia al 25%.
Este es el escenario crítico sobre el que se están tomando las medidas de asistencia social, y no el ideal que parecieran estar imaginando sectores de la oposición, varios economistas que pululan por canales de televisión e incluso referentes sociales. El ejemplo más llamativo de estos últimos es el del secretario de Economía Social (dentro del Ministerio que conduce el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, principal impulsor de la Tarjeta Alimentar), Emlio Pérsico, quien expresó su disconformidad con el destino de la ayuda social y advirtió que no fomenta la “inclusión” ni la creación de empleo. “Es pan para hoy y hambre para mañana”, dijo.
