La rotura de la arquitectura estatal alcanza una dimensión obscena y proyecta su pronta parálisis en áreas públicas donde se dirime la vida de las personas, como salud y contención alimentaria. Opinan Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP; María Fernanda Boriotti, presidenta de FESPROSA (profesionales de la salud); y Flavio Vergara, secretario de convenios colectivos del gremio ATE.
Por Redacción Malas Palabras
Fotos: Sean Velo
La crisis desatada por la reducción del aparato estatal alcanza niveles alarmantes. Bajo la consigna de eliminar la «casta política», el presidente Javier Milei profundizó en los últimos meses un ajuste del gasto público sin precedentes que impacta en el corazón de áreas esenciales para la vida de los argentinos, como la salud, la seguridad alimentaria y la contención social.
El desmantelamiento de áreas ministeriales, el aumento de despidos de trabajadores estatales, y la precarización de los servicios públicos expone una situación límite: hospitales colapsados; familias de bajos recursos sin acceso a programas de alimentación, y comunidades enteras desprotegidas ante el impacto de desastres de origen natural, como se observa tras las inundaciones en Bahía Blanca. Frente a este panorama, los testimonios de trabajadores y especialistas confirman que el Estado se encuentra en pleno naufragio.
La máquina de recortar
Desde su asunción, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, llevó adelante un recorte drástico en su mega ministerio. A trazo grueso, despidió a 3.800 trabajadores, y desmanteló casi todas las áreas vinculadas a la asistencia social a los sectores más vulnerables.
La Subsecretaría de Políticas Sociales, que debería gestionar ayudas para familias en situación de pobreza, fue directamente eliminada. Lo mismo sucedió con la Subsecretaría de Economía Social, que impulsaba el crecimiento de emprendimientos en la economía popular. También hubo, recientemente, una mansalva de despidos en áreas de la misma cartera como Vivienda Social, y también en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
Los ejemplos siguen. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que la totalidad del personal de la Secretaría de Economía Social, y de la Dirección Nacional de Emergencias fue cesanteada, dejando completamente vacíos los edificios de 25 de Mayo 606 y Moreno 711, en la ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, el recorte no se limita únicamente a la reducción del Estado. Detrás de esta decisión también subyace un propósito más profundo: desmantelar las redes de organización social. Así lo señala Flavio Vergara, secretario de Convenios Colectivos de ATE, en diálogo con Malas Palabras.
“Estamos frente a una demolición del Estado con una violencia y crueldad inéditas. Avanzan sobre la estructura que sostiene al Estado como regulador y distribuidor, es decir, los organismos de ciencia y técnica. Están construyendo un ‘Estado líquido’. Buscan desarmar su estructura para reconfigurarlo en un nuevo molde. Pero, este modelo no busca la distribución de recursos, sino su concentración en pocas manos”, indicó el gremialista.
«Están construyendo un ‘Estado líquido’. Buscan desarmar su estructura para reconfigurarlo en un nuevo molde. Pero, este modelo no busca la distribución de recursos, sino su concentración en pocas manos”
Flavio Vergara, secretario de Convenios Colectivos de ATE.
Crisis sanitaria
Como un barco a la deriva, la estructura estatal se tambalea bajo el peso de los recortes, dejando a millones de argentinos en la incertidumbre. Uno de los sectores más golpeados es el sanitario, donde la falta de insumos, la paralización de programas esenciales y la renuncia de profesionales ponen en jaque la salud pública.
En este contexto, profesionales médicos de segmentos ministeriales abocados a las campañas de vacunación, o a prevenir el VIH, lepra y tuberculosis presentaron su renuncia al Ministerio de Salud por la imposibilidad de cumplir sus funciones ante la falta de recursos. Además, cuestionaron la estigmatización de los trabajadores de la salud, a quienes desde el oficialismo se acusa de ser «ñoquis» o parte de una «casta privilegiada».
Uno de los golpes más duros fue la eliminación del Instituto Nacional del Cáncer (INC), un organismo clave en la prevención y tratamiento de esta enfermedad. Los especialistas advierten que la medida ya está impactando de forma severa en la salud de los pacientes oncológicos, quienes denuncian demoras en la entrega de medicamentos y la interrupción de tratamientos.
María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa), aseguró a Malas Palabras que la gestión de Milei provocó severos trastornos a centenares de pacientes, quienes vieron suspendida la entrega de medicamentos oncológicos tras la disolución de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse). “El año pasado, al menos 60 personas, fallecieron por falta de acceso a medicación de alto costo. El acceso a la salud es cada vez más limitado. Pretender que las provincias se hagan cargo de la problemática sin financiamiento es un error gravísimo”, alertó.
Los efectos del ajuste también se reflejan en el aumento de enfermedades evitables. Con el inicio del ciclo lectivo, ya se confirmaron seis casos de sarampión, junto con brotes de varicela y hepatitis A en instituciones educativas. La falta de vacunas y la reducción de personal en la Dirección de Vacunación ponen en riesgo la inmunización infantil y aumentan el peligro de epidemias.
“El año pasado, al menos 60 personas fallecieron por falta de acceso a medicación de alto costo. El acceso a la salud es cada vez más limitado. Pretender que las provincias se hagan cargo de la problemática sin financiamiento es un error gravísimo”
María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) .
“Toda esta situación favorece a las corporaciones privadas, que buscan beneficiarse con la tercerización de los servicios de la salud. Está claro que para este gobierno todo lo que venga del Estado, lo que sea público, es un gasto, y está empujando a la población hacia un sistema en el que solo quienes puedan pagar tengan acceso», concluyó Boriotti.
Los galpones con alimentos y útiles escolares
A ese panorama se suma la desidia de Capital Humano en la entrega de alimentos y de útiles escolares, cuya ministra ya acumula 7 fallos judiciales en contra. En la última resolución, motorizada a través de una denuncia de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el juez federal en lo criminal y correccional Julián Ercolini pidió a la ministra que responda si tiene alimentos sin distribuir a los sectores más vulnerables acumulados en los depósitos de Villa martelli.
La denuncia de la UTEP, con Juan Grabois y Alejandro “Peluca” Gramajo a la cabeza, fue acompañada por imágenes de los depósitos donde se ve mercadería “retenida” en estado de putrefacción, con palomas defecando sobre los paquetes y las mochilas, además de útiles escolares intactos y envueltos en nylon.
Malas Palabras consultó a Gramajo, que actualmente es el secretario general de la UTEP, sobre el origen de esta última denuncia. “Hacia mediados de febrero nos llegó la información que nuevamente estaban encanutando mercadería, en este caso útiles escolares, en pleno inicio de clases. Esto motivó que hiciéramos una ampliación de la denuncia que iniciáramos en aquel momento junto a nuestro abogado Juan Grabois”, explicó el dirigente.
“Peluca”, como lo conocen en la UTEP, añadió lo siguiente: “Apenas denunciamos públicamente esta situación, las autoridades de Capital Humano, en su cruzada contra la ‘intermediación’ de las organizaciones populares, le dieron toda la mercadería rápidamente a la institución CONIN (NdE: una cooperadora) para que se encargue de la distribución en el territorio. Lo paradójico fue que CONIN nos contactaba en los barrios a las organizaciones populares y a los curas villeros para poder distribuir la mercadería en el territorio ya que argumentaban desconocerlo”.
Un escenario que, más allá de los fallos favorables, es desalentador en términos del naufragio del Estado como garante del bienestar. “Vemos una política de asistencia muy limitada en relación a la enorme destrucción de la economía nacional, la producción y el empleo que esta política de miseria planificada viene llevando adelante. La forma de implementación que se adopta deja entrever un objetivo claro desde el inicio, que es romper la organización comunitaria. Lo cual es muy peligroso porque deja allanado el territorio para el avance de la organización criminal ligada al narcotráfico y la trata de personas”, concluyó el referente de la UTEP.
“Vemos una política de asistencia muy limitada en relación a la enorme destrucción de la economía nacional, la producción y el empleo que esta política de miseria planificada viene llevando adelante”
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP.
