A partir del vínculo construido entre Milei y el Canciller de la CGT, el oficialismo copió el modelo indemnizatorio que rige en la UOCRA: el trabajador cubre su hipotético futuro despido con una parte de su sueldo.
Por Nicolás Poggi
Aun antes de ganar las elecciones, el presidente Javier Milei se había interesado en el modelo de indemnizaciones de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), uno de los gremios más grandes del país, para sumarlo a la reforma laboral que integró, primero, el DNU de desregulación económica y, después, la nueva Ley Bases.
Tras las PASO de agosto, el entonces candidato libertario se reunió con Gerardo “El Negro” Martínez, uno de los pesos pesados de la CGT que conduce la UOCRA desde 1990 y que es, además, una suerte de “canciller” del sindicalismo argentino por su participación en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Si bien el experimentado sindicalista le restó importancia a esa reunión, sí reveló que a Milei le interesaba el modelo de cese laboral de la UOCRA, que es muy distinto al que rige en la mayoría de las actividades. “Quería interiorizarse de primera mano cómo es ese sistema”, explicó Martínez cuando fue consultado, en aquellos días, por el periodista Carlos Pagni en La Nación+. Y quiso aclarar en esa oportunidad que Milei no buscaba una reforma laboral: “no es el capítulo que más le interesa; lo que más le interesa es la macroeconomía y cómo bajar los índices de inflación”.
Se trató de un encuentro privado y mano a mano de los muchos que Milei mantuvo en el largo paréntesis que se abrió entre las PASO y el balotaje de noviembre, pero que ya entonces dio cuenta del vínculo que el aspirante a la presidencia quería empezar a tejer con sectores de poder como el sindicalismo tradicional.
En concreto, inspirado en el esquema de cese laboral que rige en la UOCRA, el Gobierno plasmó en el proyecto de Ley Bases un mecanismo que busca reemplazar las indemnizaciones por despidos por un fondo que el propio trabajador debe alimentar año a año, y del que podrá hacer uso una vez que el vínculo contractual termine.
En la UOCRA, la indemnización por despido fue sustituida desde 1980 por un esquema a través del cual el trabajador aporta un 12% de su salario durante el primer año de relación laboral y un 8% a partir del segundo, a modo de “fondo de desempleo”.
La suma que se deposita en esa cuenta bancaria, separada de la cuenta sueldo, es inembargable hasta el momento en que finaliza la relación laboral. El fondo funciona además como un plazo fijo con sus respectivos intereses, de modo tal que, al concretarse la desvinculación, el empleado accede al monto total que fue acumulando durante el tiempo en que prestara sus funciones.
La UOCRA justifica este régimen por la condición de trabajadores “golondrina” de sus obreros, que pasan de una obra en construcción a otra y se mueven por distintos territorios, sin margen para acumular ganancia. Este sistema no incluye en su cálculo para el momento de la desvinculación el proporcional del aguinaldo ni las horas extras trabajadas por el empleado.
La Ley Bases establece que el aporte al fondo indemnizatorio por parte del trabajador no podrá ser superior al 8 por ciento de su salario y que, una vez sancionada la ley, el Poder Ejecutivo fijará las normas en la reglamentación. La UOCRA lo tiene consagrado en su convenio colectivo de trabajo; el Gobierno dispone en el proyecto que, para aplicarse, debe haber acuerdo entre el gremio representativo de cada actividad y las cámaras empresarias. Caso contrario, seguirá rigiendo el sistema tradicional de indemnizaciones.
