Al presupuesto de las universidades nacionales le tocó el destino de la licuadora: la prórroga de los mismos fondos que recibieron en 2023 apenas alcanza para garantizar el normal funcionamiento los primeros meses del año. ¿Y después?
Opinan: Alfredo Remo Lazzeretti, rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP); Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV); y Francisca Staiti, Secretaria General de la CONADU Histórica.
Por Juliana Godoy
Producción y entrevistas: Mariana Portilla
La universidad pública argentina, referencia en el mundo, pilar indispensable de nuestra identidad nacional y principal motor de ascenso social, está en situación de riesgo vital. Con una inflación potenciada por la desregulación de los precios y el aumento de tarifas, la prórroga del presupuesto universitario 2023 que ordenó Javier Milei para este año está operando como una brutal herramienta de ajuste a la educación superior.
La dificultad es tal que los rectores y rectoras de las 57 universidades públicas del país, reunidas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), comunicaron su preocupación en un duro documento el pasado 24 de febrero, antes del inicio del calendario académico: “es tiempo de advertir, con la gravedad que la situación impone, que, de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de las instituciones universitarias públicas”.
La asfixia presupuestaria afecta al sistema universitario en todas sus facetas: desde los gastos de funcionamiento; los salarios de docentes y nodocentes; la continuidad de los programas universitarios de infraestructura, equipamiento y sostenimiento de las becas; hasta las actividades de ciencia, tecnología y extensión.
El prestigio de la educación pública superior, ejemplo de institucionalidad, formación profesional de excelencia y producción de conocimiento, aparece opacado en el inicio del gobierno libertario por problemas domésticos tales como el abastecimiento de papel higiénico.
Se suma la disposición de “revisión de creación e inicio de actividades académicas de nuevas instituciones universitarias nacionales”, creadas por leyes del Congreso Nacional aprobadas el año pasado. Entre las afectadas está la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.
Malas Palabras consultó con los rectores Alfredo Lazzeretti (UNMDP) y Jorge Calzoni (UNDAV); y con Francisca Staiti (CONADU histórica) sobre el día a día de la educación superior en plena asfixia presupuestaria.
Alfredo Remo Lazzeretti
Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)
“La educación superior es un bien social y el Estado la tiene que financiar”
Estamos preocupados, porque de cada cien pesos que entran, noventa terminan en sueldos, y con el resto hay que absorber los gastos de funcionamiento: servicios, alquileres, subsidios al comedor, becas a estudiantes y becas de investigación.
Los gastos en la Universidad de Mar del Plata están congelados, porque recibimos el mismo importe que en enero de 2023. Si a esto le agregamos que las ofertas paritarias fueron insuficientes para docentes y no docentes, y a eso le sumás la parálisis del sistema científico tecnológico, estamos en una situación muy complicada en el inicio del ciclo lectivo.
Hay universidades que ya declararon la emergencia presupuestaria. No es el caso de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estamos en condiciones de amortiguar en el corto plazo este impacto y garantizar el normal funcionamiento de la institución. Por supuesto, veremos cómo continúa todo. Esperamos que haya un cambio de rumbo, una actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas que nos permita reacomodar la situación financiera.
El ancla que plantea el Gobierno en su programa económico es el déficit cero y el ajuste fiscal, lo que para las universidades significa licuación de ingresos y de los salarios de los trabajadores.
Las respuestas a esta situación no llegan. En parte, por el drástico ajuste del sector público y en parte por una enorme desorganización del propio Gobierno. Es muy lindo plantear que se van a reducir ministerios por austeridad, pero en la práctica hace inviable el funcionamiento de una cantidad de actividades por las trabas burocráticas. Es de una gran inoperancia. Es un combo complejo que nos afecta mucho.
Creo que el destrato es hacia todo el sector público, no solo a las universidades. Pero la educación y la salud se encuentran dentro de las finanzas de las provincias, que están en este momento peleando con el gobierno central porque los fondos no llegan y hay recortes inesperados.
El Gobierno está obsesionado con ajustar de manera draconiana el déficit fiscal, pero tiene que entender que las universidades públicas no solo forman profesionales, realizan investigaciones, transfieren tecnología y llevan adelante extensión universitaria. Estamos hablando de un modelo universitario que construimos durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, que tienen pilares muy importantes como la gratuidad de la enseñanza y el acceso irrestricto. La educación superior es un bien social que tiene que ser financiado por el Estado.
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Jorge Calzoni
Rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)
“La prioridad es que los pibes y pibas coman y sigan cursando”
En la Universidad de Avellaneda estamos evaluando declarar la emergencia económica y presupuestaria para priorizar gastos. Tenemos una escuela técnica que está entre Avellaneda y Quilmes, una zona muy vulnerable, donde los pibes van a comer. La prioridad es que los pibes y pibas coman y sigan cursando. Ahí también tenemos una orquesta infantil, que no sabemos si vamos a poder sostenerla.
Contamos con los fondos para cubrir un cuarto de los gastos de funcionamiento de este año, lo que tiene un impacto tremendo en las cuestiones cotidianas. Por ejemplo, decidimos comprar nada más que lavandina como elemento de limpieza porque no hay forma de sostener otra cosa. Pasamos por una situación similar con el macrismo, pero este golpe es más duro.
Nos preocupan mucho los pibes porque no sabemos qué va a pasar con las becas ni con los boletos estudiantiles. A eso hay que sumarle que en épocas de crisis, de ajuste, lo primero que hacen es dejar la universidad para ver cómo parar la olla. Por ahora tratamos de no alterar la programación académica, no vamos a abrir más comisiones, vamos a mantener las mismas que el año pasado, y vamos a hacer un análisis para ver cómo continuamos. Todo el verano estuvimos proyectando números.
Me parece que el Gobierno no tiene un plan para la educación y, como con otras áreas, la ha dejado librada al mercado. En los congresos de educación superior del 2008 para acá se plantea que la educación tiene que ser una responsabilidad del Estado, que la tiene que financiar. En Chile el sistema de vouchers fracasó y se fue a un financiamiento estatal; en Colombia y en México hay procesos similares; y en Costa Rica el sistema de becas privadas es muy potente. Milei va en contra de lo que está marcando la región y el mundo; piensa a la educación como un servicio y no como un derecho.
Dora Barrancos decía que Milei no es liberal porque el liberalismo fue el gestor del Estado moderno, no va contra el Estado, en cambio los libertarios no quieren Estado. Y coincido con eso. El mundo está yendo hacia cosas distintas. Donald Trump es un nacionaista, no es un libertario, defiende los intereses de los Estados Unidos. Acá vamos a contrapelo de todo eso.
El Estado tiene un rol que no debe ser totalitario ni ausente, tiene que tener un rol equilibrador. Este corrimiento no es a la derecha, sino a la extrema derecha, donde directamente no existe el Estado. Va a ser complicado volver de todo esto.
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Francisca Staiti
Secretaria General de la CONADU Histórica
“Los presupuestos de las universidades se terminan entre abril y mayo y después ya no pueden ni pagar la luz”
Estamos en una situación muy delicada. Algunos rectores dicen que el presupuesto se les termina en abril, otros en mayo, otros en junio, pero ya están advirtiendo que en los próximos meses no van a poder pagar ni la luz ni el gas porque el Gobierno dio de baja una norma que beneficiaba a los establecimientos educativos con un descuento en el pago de los servicios. Eso también va a impactar porque el costo de los servicios va a estar en el mismo nivel que para las empresas y, evidentemente, la universidad no es una empresa.
Hay universidades que han crecido en el territorio, como la de Quilmes, que tienen escuelas secundarias y necesitan de un presupuesto para mantener toda esa estructura y hoy no lo están pudiendo hacer. El ahogamiento es una política de Estado y el gobierno va a ahogar a las universidades hasta alcanzar una política educativa que está muy lejos de la que nosotros defendemos. A las universidades hay que mejorarlas, sin dudas, pero no destruirlas.
Está a la vista: el plan del gobierno es destruir la educación pública. El Presidente cree que el dinero para estudiar le tiene que llegar al cliente, que sería el estudiante, y no a la institución. Eso es una falacia porque la institución, entonces, va a tener que salir a buscar sponsors que la sostengan si el Estado se corre de su obligación de ser garante de la educación. Incluso, cuando desde el gobierno plantean que quieren declarar a la educación como un servicio esencial para evitar los paros, eso también va dirigido a la destrucción de la educación pública.
Javier Milei y su equipo quieren plantear a la educación como un servicio para venderla a quien pueda aportar el dinero, como empresas u ONGs. Es el modelo de Chile, para que sus egresados y egresadas tengan el perfil determinado que estos grupos económicos necesitan ocupar. En el caso de las escuelas se trata del viejo plan maestro que intentó implementar Mauricio Macri basado en una mano de obra precarizada con una cierta flexibilidad y adaptabilidad a las nuevas situaciones del mercado.
En el fondo, expresa los cuestionamientos del Banco Mundial a nuestro sistema educativo por estar “demasiado sindicalizado”, “politizado”, con docentes movilizados que pelean por sus salarios, y eso es lo que el gobierno tiene que atacar.
El Gobierno apunta a la destrucción del Estado como garante de derechos. Hay una desvinculación muy grande del Estado como lo concebimos, como sostén de la Nación presente a través del empleo público.
El desarme de los Centros de Referencia (CDR) convertidos, según el gobierno, en una “cueva de ñoquis” y en “kioscos políticos” es un daño terrible para las familias que se quedan sin trabajo. Ese es el argumento que usa el Presidente para que el Estado se retire o quede reducido a su mínima expresión con una fuerte impronta represiva porque este modelo no cierra y en algún momento se va a tornar incontrolable.
El tema salarial también es muy preocupante. Estamos con una pérdida del poder adquisitivo de más del 50 por ciento y eso es parte de la destrucción estatal. Hoy, la mitad de los docentes universitarios, algunos con más de 20 años de antigüedad, están por debajo de la línea de la pobreza.
La avanzada de Milei contra las universidades, tarde o temprano, va a repercutir en el despido de trabajadores docentes y no docentes. Por eso es fundamental la unidad de todos los sectores para enfrentar esta política y defender la universidad que necesitamos.
