En medio de la conmoción por el ataque a Cristina Fernández, Sergio Massa y una comitiva de funcionarios de economía viajaron a Washington DC, donde se instalaron por más de una semana. La misión del superministro perseguía un claro objetivo: reafirmar los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ratificar las condiciones en que el país pagará los 40 mil millones de dólares que pidió Mauricio Macri.
Fortalecido por el aval de los sectores financieros; con el apoyo silencioso de sus socios del Frente de Todos; y el favor del campo, al que le facilitó un dólar especial para que por fin liquiden las cosechas, Massa navega el rumbo del ajuste a velocidad crucero. Para esta nueva gestión que le toca, lo que ocurrió durante la era Guzmán fueron “desvíos” que deben ser corregidos. Y ese es el mensaje que llevan al corazón del establishment financiero. Ahora las cosas serán distintas.
Ajustar el gasto público, recortar fondos a ministerios y al universo de planes sociales, congelar vacantes en el Estado y aumentar las tarifas de energía mediante quita de subsidios son, hasta ahora, las premisas centrales del plan diseñado por Massa y ejecutado por el economista ultra ortodoxo Gabriel Rubinstein.
La primera medida con la que sentó las bases del ajuste fue el aumento de tarifas vía quita selectiva de subsidios al consumo, que ya este mes empieza a impactar en la economía de las familias de sectores medios y en las pymes. Según un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, alrededor del 30% de la población usuaria perderá la totalidad de los subsidios entre septiembre y enero de 2023.
Después llegaron las medidas financieras, como la suba de tasas y el dólar soja, para garantizar más ingresos a los agroexportadores que retuvieron las cosechas para empujar una devaluación.
VÍCTIMAS DE LA TIJERA
Antes de viajar a Washington, Massa firmó la resolución que ordenó un “reordenamiento fiscal», reduciendo los fondos disponibles en programas de educación, salud, vivienda, obra pública e incentivos a la producción. El recorte llega a 128 mil millones e impacta en programas sensibles:
VIVIENDA: El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat sufre un recorte de $50 mil millones en el programa “Apoyo Financiero al PRO.CRE.AR Mejoramientos Sustentables“
EDUCACIÓN: En Educación se recortan $5 mil millones para Infraestructura y Equipamiento, y $15 mil millones del programa “Fortalecimiento Edilicio de jardines Infantiles». Además, el Programa Conectar Igualdad pierde $12 mil millones de gastos corrientes y $18 mil millones de gastos de capital
SALUD: En el Ministerio de Salud se recortan $10 mil millones del programa “Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles
OBRAS PÚBLICAS: El Ministerio de Obras Públicas se ajusta en $20 mil millones, en los programas “Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas“ y “Recursos Hídricos“
DESARROLLO PRODUCTIVO: El ex Ministerio de Desarrollo Productivo pierde $60 mil millones para Financiamiento de la Producción (gastos corrientes) y $10 mil millones en gastos de capital.
ECOS DEL AJUSTE
La agenda del ajuste diseñada por Massa cuenta con el respaldo político más o menos explícito de los socios del Frente de Todos. En el oficialismo, la idea extendida de que en el éxito o fracaso del plan Massa se cifra la última chance de encaminar la gestión y tener chances electorales en 2023 produjo un efecto de blindaje sobre la figura de Massa.
Pero en los sectores que representan al campo popular, las organizaciones sociales y los gremios más o menos cercanos al FDT, el giro ortodoxo del gobierno a partir del desembarco de Massa y la aceleración del rumbo del ajuste tuvo un impacto profundo.
En muchos de esos sectores, se debate profundamente si es posible seguir en las filas del oficialismo. “Sin los últimos, no hay TODOS” fue la frase con la que el Frente Patria Grande de Juan Grabois pre anunció su salida del gobierno como reacción a la falta de respuestas a sus reclamos de medidas de asistencia social como el Salario Básico Universal, cada vez más lejos de la agenda del Gobierno. Finalmente, esa separación quedó suspendida por el atentado a Cristina Kirchner y la decisión del gobierno de avanzar con algunos puntos de la agenda de los movimientos sociales, como los bonos de emergencia y el aumento de asignaciones.
“No hay una agenda en el Frente de Todos que priorice a los últimos de la fila”, advertía a Malas Palabras Lucía Klug, diputada provincial del Frente Patria Grande, mientras la calle volvía a ser un escenario de movilizaciones masivas: la marcha convocada por la CGT se sumó a la jornada nacional de lucha convocada por la CTA Autónoma y organizaciones cercanas reclamando Salario Básico Universal, aumento de emergencia para estatales, sector privado, jubilaciones, un efectivo control de precios y un Salario Mínimo Vital y Móvil por encima de la inflación.
El fuerte impacto del atentado contra CFK apaciguó, al menos provisoriamente, las fracturas en el Frente de Todos. Y el eclipse mediático se robó por completo la atención. Massa fuma abajo del agua mientras hace pasar el ajuste como un “reordenamiento fiscal“.
