Por Hugo “Cachorro“ Godoy, Secretario General de ATE Nación y Secretario Adjunto de la CTA Autónoma.
Fotos: Luciano DicoEl préstamo de U$S 57 mil millones entre el FMI y el gobierno de Mauricio Macri fue una estafa. Si bien esa estafa pudo ser limitada, porque ni bien asumió Alberto Fernández definió no efectivizar las últimas cuotas, el gobierno del Frente de Todos no tuvo la decisión de investigar esa deuda y de denunciar, tanto en la Justicia interna como en la Justicia Internacional, la responsabilidad conjunta del gobierno de Macri y las autoridades del FMI, que violentaron el estatuto del propio organismo.
La deuda que el Gobierno de Macri tomó con el FMI fue una estafa que se sumó a los mecanismos de fuga de capitales que se aplicaron durante todos los años de su Gobierno. Esto quedó demostrado por un informe del Banco Central de la República, que estimó que la fuga de capitales entre 2015 y 2019 habría superado los 86 mil millones de dólares.
Desde ATE y la CTA-A, y junto a un gran arco de organizaciones, entendemos que haber negociado con el FMI, renunciando así denunciarlo como corresponsable de esta estafa, tuvo como consecuencia que este acuerdo se haya convertido en ley. No es una renegociación de la deuda: es la toma de una nueva deuda por US$44,5 mil millones para pagar la deuda anterior. Significa encubrir una estafa. Porque ya no vamos a estar hablando de la deuda de Macri y el FMI, sino que cuando empecemos a pagar esta nueva deuda, dentro de cuatro años, vamos a estar hablando de una deuda impagable firmada por Alberto Fernández y el FMI y convalidada por el Congreso de la Nación.
La discusión que viene es quién paga la deuda. Es importante apoyar todas las iniciativas que busquen identificar a los fugadores de divisas, a los beneficiarios y corresponsables de esta estafa, y a que se les impongan sanciones e impuestos para que sean ellos los que paguen esta deuda que le han impuesto a las futuras generaciones.
La fuga es un mecanismo de extracción de riquezas. Uno dice U$S86 mil millones y no alcanza a imaginarse la montaña de billetes. Hay otra manera de medirlo: crecimiento de la pobreza, crecimiento de la indigencia, cierre de industrias, desocupación, precariedad laboral, reducción de la calidad educativa y sanitaria, freno al desarrollo científico-tecnológico, pérdida de capacidad soberana para decidir los destinos del país, limitación de los instrumentos del Estado para intervenir en beneficio de la mayoría del pueblo argentino. Hay diez variables donde se puede medir claramente cómo impacta esta estafa y esta fuga de capitales sobre la vida cotidiana, no solamente sobre los que vivimos hoy en Argentina, sino sobre futuras generaciones.
LA DEUDA Y LA SOBERANÍA POLÍTICA
En la denuncia que hace la Oficina Anticorrupción, ordenada por Alberto Fernández, el Estado Argentino demostró que hubo irregularidades administrativas, jurídicas y constitucionales que devinieron en una clara estafa. Esto es lo que debería investigarse a fondo para que ningún otro gobierno se anime a repetirlo. Debemos terminar definitivamente con este mecanismo de dominación política que es la deuda externa.
Con este acuerdo, el FMI va a estar instalado en Argentina desde el 2018 hasta el 2034. Antes lo estuvo con el gobierno de Macri, ahora con el Gobierno de Alberto Fernández, con visitas cada tres meses. Haciendo auditorías para controlar la aplicación de su plan de gobierno, bajo condición de que si no se cumple, no se hace efectivo el pago del nuevo préstamo acordado.
Esto se va a mantener si no logramos una profunda, vasta y rica movilización del pueblo argentino para cambiar esta historia.
Es muy importante construir iniciativas de unidad con el movimiento popular para promover un estado de movilización permanente. Luego de haber movilizado para impedir que se realice este acuerdo, de construir unidad con otros sectores, luego de promover el apoyo a leyes que permitan que los sectores beneficiarios de la estafa y fugadores sean los que paguen la deuda, también es crucial responder a la deuda interna, que es la principal.
Foto: Luciano Dico
Entonces, creamos un Comité de Acreedores de la Deuda Interna, con más de cien organizaciones y personalidades, y estamos exigiendo al Congreso de la Nación que restablezca el pleno funcionamiento de la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda.
Además, vamos a estar promoviendo instancias de movilización cada vez que venga esta delegación de piratas a controlar las cuentas de la Argentina. Para que sean siempre recibidos con una presencia movilizada del pueblo en las calles, repudiando su presencia y exigiendo su expulsión. Y también, para exigirle al Gobierno que la prioridad no sea pagar esa deuda externa, sino pagar la deuda interna, y eso requiere medidas de Gobierno de nuevo tipo que todavía están pendientes.
El 2020 fue un año de una profunda pérdida económica producto de la pandemia, sumado a cuatro años previos de pérdida producto de la pandemia neoliberal. Todo esto significó una profunda recesión en Argentina, y un gran crecimiento de la pobreza y el hambre. En 2021 tuvimos un 10% de crecimiento de PBI, pero ese crecimiento se la llevaron un puñado de empresas: los bancos, las diez empresas que manejan la exportación en el país (todas trasnacionales), las petroleras, las mineras y los sojeros. Mientras, la mayoría del pueblo, un 40%, está sumido en la pobreza, y lamentablemente no se produce una reactivación económica basada en el desarrollo industrial, en la reactivación del mercado interno y en mayor capacidad de consumo a partir de una redistribución de la riqueza, sino que se continúa concentrando en muy pocas manos.
POR UN CAMBIO DE RUMBO DEL GOBIERNO
Tenemos propuestas concretas: Salario Universal, líneas de crédito más blandas para PYMES, el fomento de la actividad del movimiento cooperativo. Son iniciativas que seguiremos planteando de manera movilizada para que el Gobierno nacional cambie el rumbo. Porque las políticas del FMI no solamente perjudican al pueblo argentino, sino que favorecen a los sectores más reaccionarios de la derecha argentina que aspiran a recuperar el Gobierno.
El Gobierno tiene que comprender que también nuestro pueblo define su conducta y su voto defendiendo intereses concretos. Por eso votó contra las políticas neoliberales en 2019 y apostó con toda su esperanza a cambios de política económica, sociales y culturales que todavía están pendientes de materializarse. El Gobierno debería pegar un golpe de timón para realinearse con las expectativas populares que lo llevaron al triunfo en 2019.•
