Por Carlos Fanjul.- Al orgullo por haber avanzado fuertemente en el proceso de identificación de 90 de cuerpos jóvenes enterrados en las islas –proceso iniciado mucho tiempo por los propios ex combatientes con el respaldo de la Comisión Provincial por la Memoria, con Norta Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel a la cabeza, con quienes viajaron a las islas-, le sobrevinieron algunas decisiones gubernamentales que hieren en lo más profundo la dignidad de semejante pelea.
Fue muy claro el presidente del CECIM La Plata, Hugo Robert, quien dejó fluir su bronca en el acto central que la entidad desarrolló el pasado 2 de abril: “Nos gritaban que no eran NN, ni desaparecidos, nos amenazaron y nos pintaron la sede con consignas nazis. Hoy muchos brindan en Londres y reparten flores de plata, pero a nosotros no nos importan las fotos que salgan mañana con nuestro presidente, ni lo que haga la nefasta Comisión de Familiares de Caídos” (NdlR: entidad más ligada a los militares que participaron de la guerra, hoy muy cercana a la gestión de Cambiemos)
En la misma línea Robert aseguró que el CECIM está orgulloso de las presentaciones judiciales que se hicieron en 2011 porque “se rescató de la noche mas oscura a 90 compañeros. Es el deber cumplido cuando al iniciar la campaña propusimos identidad para todos”.
En este sentido, vale remarcar el formidable trabajo que realizan los antropólogos forenses, que iniciaron su búsqueda hace tiempo y que ahora lo continúan para identificar los 33 cuerpos que aún permanecen como NN.
Pero Robert fue más allá en los cuestionamientos aún pendientes, cuando también solicitó que la justicia de Tierra del Fuego tenga en cuenta a las 120 personas que denunciaron haber sufrido torturas entre abril y julio de 1982. “La causa tiene 11 años y duerme el sueño de los justos, queremos que se llame a indagatoria a los denunciados, y también que nos respondan si esas torturas no son también delitos de lesa humanidad”.
La entrega de nuestro patrimonio
Para el Cecim, también la soberanía argentina de cara a lo que viene está en serio riesgo, si en cuenta se tiene la clara ofensiva que tanto Gran Bretaña, como el propio Estados Unidos realizan hacia esos ricos territorios. “Pusieron sus garras” en el Atlántico Sur por la riqueza incalculable de esas tierras que también significan la vía de acceso a la Antártida”, aseguran.
“Quieren acrecentar sus dominios y quedarse con nuestras riquezas, no podemos creer que todo lo hacen por 2500 personas que viven en las islas; esta pelea es por la joya de la abuela y es el imperio el que está operando. Hay que dar la batalla del conocimiento con una fuerte alianza regional porque la recuperación de la soberanía de los mares circundantes va a ser de la mano de América latina o no va a ser” , razona Robert.
En ese contexto, debe leerse el comunicado de los ex combatientes del pasado 23 de marzo, expresando su firme oposición al Acuerdo Foradori-Duncan, firmado por el gobierno de Macri con los ingleses, y que para los analistas del tema no solo deshonra a los 649 argentinos muertos en aquella nefasta contienda, sino que condiciona severamente la soberanía económica de los tiempos por venir.
El Acuerdo, firmado en Londres entre el vicecanciller de entonces Carlos Foradori y el representante ingles Alan Duncan, fue denunciado de inmediato por los ex combatientes.
El entendimiento expresa en su sección Atlántico Sur que se decide “adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos.”
Para el Cecim La Plata “éste acuerdo nos condena a levantar cualquier traba (leyes de pesca, hidrocarburos, etc.) para beneficiar el crecimiento económico de las Islas Malvinas. ¿A quién beneficia éste “acuerdo?, nos preguntamos. La respuesta es contundente: SOLO A LOS BRITÁNICOS”.
Y añaden: “En poco tiempo más, patrullarán el Atlántico Sur en forma conjunta con Argentina. Bajo la excusa de cuidar la pesca ilegal y ecología, buscan ese patrullaje para luego ser reconocidos como Nación Ribereña. La cancillería argentina “ve con buenos ojos” ésta y otras iniciativas entreguistas. Es hora que nuestros Diputados y Senadores tomen nota de éste despojo y lleven al actual canciller Jorge Faurie a una interpelación. No hay defensa posible de éste acuerdo por parte de las actuales autoridades de Cancillería. Es hora que nuestros representantes elaboren una estrategia conjunta para detener ésta entrega.
“Se ha profundizado la militarización”
Quien también fuera titular de la entidad, Ernesto Alonso, asegura en un texto difundido hace pocas horas respecto del acuerdo, -firmado en realidad hace meses, pero que ahora ha comenzado a provocar los efectos criticados- que “menoscaba y consuma vulneraciones flagrantes a la Constitución Nacional, leyes nacionales vigentes, resoluciones de Naciones Unidas, declaraciones nacionales refrendadas por el Honorable Congreso de la Nación como es la llamada “Declaración de Ushuaia”, declaraciones multilaterales emanadas de organismos regionales, en perjuicio de los intereses de la República Argentina relativos a la cuestión Malvinas, tanto en lo que hace a su soberanía territorial como a la marítima, hidrocarburífera, ictícola, acuífera, y antártica, entre otras”.
Explica que en estos meses “los británicos avanzaron en la explotación de nuestros recursos naturales” y recuerda que “sólo con la venta de licencias de pesca se recaudan anualmente unos 30 millones de dólares que sumado a los recursos ictícolas producidos por la pesca ilegal aportan el 40% del PBI para el sostenimiento del “Enclave-Colonial-Militar” en nuestras Islas Malvinas. Asimismo, el avance en la explotación de recursos hidrocarburíferos indica que en la cuenca Malvinas existen yacimientos de petróleo de clase mundial con estimaciones que alcanzan un potencial de casi 1000 millones de barriles”.
“Al mismo tiempo, el grado de militarización se ha profundizado, como lo demuestra el incremento de los vuelos militares desde países vecinos, en violación a lo acordado tanto desde el Mercosur como desde la UNASUR. Este gravísimo hecho no ha sido denunciado con la fuerza suficiente por el gobierno de Macri.
La estrategia de priorizar la relación bilateral con la hipotética promesa de la llegada de inversiones a nuestro país no sólo constituye una violación a nuestra constitución, al pretender negociar nuestra soberanía en las Islas Malvinas a cambio de supuestos negocios, sino que resulta una torpeza política despreciar los apoyos regionales y globales que la Causa Malvinas ha cosechado en los últimos años, tanto en Mercosur, UNASUR, OEA, otros foros multilaterales y Naciones Unidas, que rechazan la existencia de un enclave colonial al sur de nuestro continente y la expoliación de nuestros recursos naturales”, enfatiza.
“Consideramos que lejos de haber rectificado los deplorables términos de ese Acuerdo –añade-, el gobierno de Mauricio Macri ha avanzado en políticas que implican la desmalvinización de la política exterior e interna, y que se ha producido un lamentable deterioro y retroceso en la reivindicación de la soberanía nacional. Muestra de ello es el incremento de las inversiones británicas en la expansión de las instalaciones militares en las islas; el aumento de las escalas de los vuelos militares británicos en Brasil consentidos por el gobierno golpista de Michel Temer; el avance de la exploración hidrocarburífera de los británicos con la complacencia del gobierno argentino; el desmantelamiento y remate del Instituto Antártico Argentino; la habitual omisión de diversos organismos públicos de incluir a Malvinas y al sector antártico argentino en mapas oficiales; la exclusión de nuestra aerolínea de bandera en un eventual acuerdo por la cuestión de los vuelos con origen y destino en las Islas; el abandono de una política de búsqueda de apoyo internacional en favor del diálogo por la cuestión de la soberanía; el veto presidencial a la Ley que establece el beneficio de la jubilación anticipada a los ex combatientes de Malvinas, entre otras gravísimas situaciones que atentan contra lo dispuesto por la Constitución Nacional en la Cláusula Transitoria Primera en lo relativo a la reivindicación de la soberanía argentina sobre Malvinas. En suma, la política de desmalvinización llega a su cenit con la firma del Acuerdo, que responde únicamente a los intereses británicos y soslaya el diálogo por la soberanía, que es la primera cuestión a resolver”.
En suma, finaliza el texto, “el Acuerdo Macri – May implica un giro importante en la política respecto a la Cuestión Malvinas, abandonando los reclamos y facilitando los actos unilaterales británicos. Se ha intentado imponer a espaldas de la ciudadanía, sin mediar conversaciones y consensos en nuestra sociedad y sin contar con el aporte del ámbito natural y constitucional para debatir la cuestión: el Congreso de la Nación. Las renuncias de Foradori y de Malcorra no han resuelto ni modificado la política llevada adelante por el gobierno de Macri, más preocupado por los negocios británicos que por la defensa de nuestros legítimos intereses. Malvinas necesita el consenso de las fuerzas políticas, como fue en el 1994 donde los constituyentes plasmaron en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, nuestro reclamo pacífico, respetando el modo de vida de los habitantes de las islas”.
El enojo de la mayoría de los familiares
Como los combatientes, también la mayoría de los familiares de los soldados muertos en el conflicto bélico, han expresado su enojo con el gobierno nacional, con motivo del último aniversario.
Nucleados en Familiares por la Identidad, le enviaron una dura carta el presidente Macri, en la que denuncian, entre otras cosas, destratos en la tramitación de los ADNs para la finalización del proceso y, en especial, la discriminación de que fueron objeto a la hora de definir quienes viajaban y quienes no a las islas junto a la comitiva oficial.
En el escrito, se expresó la “preocupación por las familias que debieron realizar nuevamente la prueba de ADN, nos referimos a los casos que fueron notificados negativamente y no han obtenido todavía resultado alguno y esperan con mucha ansiedad saber que arroja este proceso.
“Se optó por ofendernos y discriminarnos –prosiguen-, se decidió realizar un acto en el Cementerio de Darwin organizado exclusivamente por la opinión de un sector antagónico al pensamiento de la mayoría de las familias -la Comisión de Familiares de Caídos- y que “la realidad del viaje demostró que no se priorizó a los familiares, sino todo lo contrario ya que hay hermanos y padres que quedaron afuera y se incluyó a personas que no tenían nada que ver, ni nada que hacer en nuestro viaje”.
Por último, y tras recordar que “quedan 32 tumbas sin identificar”, enumeran que “hay 10 familias que recibieron la peor noticia, sus familiares NO ESTAN en Darwin” y que existen graves irregularidades en el procesos de identificación, no se encuentran registros sobre la forma en que se identificaron, que todo esto “aparece a partir de la construcción del nuevo cementerio y que sabemos quiénes son los responsables, ya que muchos de nosotros comenzamos a viajar a partir de los primeros viajes humanitarios en 1991, tenemos registro de lo que había en ese cementerio en esa época y sabemos que no coincide con lo que actualmente se puede ver, por cuanto hay nombres que nadie puede explicar cómo aparecen
