Los compañeros de Canal Abierto dialogaron con los dos principales propulsores de la investigación: Claudio Lozano, como miembro del directorio del banco, y nuestro compañero Carlos Del Frade, actual legislador santafesino y autor de innumerables denuncias sobre el accionar de la empresa.
Esta claro que la banca pública es la principal damnificada del escándalo de Vicentin. Como ya se expresó en esta revista, bajo la gestión macrista, a cargo de Javier González Fraga, el Banco Nación le otorgó a la agroexportadora un préstamo por US$ 350 millones. La cifra supera por mucho los límites que establece la normativa del Banco Central y representa más del 20% del patrimonio computable de la entidad oficial.
Al poco tiempo, la cerealera presentó convocatoria de acreedores. Sólo al Nación, le debe más de $18.370 millones, importe que representa el 78% de la deuda bancaria de la compañía. Cuatro bancos públicos (Nación, Banco de Inversión y Comercio Exterior, Ciudad y Provincia) son acreedores del 88,4% del total de la deuda. A los productores agropecuarios, les adeuda otros US$ 350 millones.
Cabe acotar que con base en aquel primer informe de febrero de Lozano, el fiscal Gerardo Pollicita inició una investigación contra González Fraga y los directivos de Vicentin (Alberto Padoán y Gustavo Nardelli) por posible defraudación.
La propuesta de la que se hizo eco el Gobierno
Como respuesta, semanas atras un documento titulado ‘Vicentin debe ser una empresa pública no estatal –firmado por distintos referentes de la política, la academia, el campo, el sindicalismo y las organizaciones sociales– planteó la necesidad de intervenir la principal cerealera del país.
“La intervención de Vicentin está en línea con lo que nosotros propusimos, que es la creación de una empresa pública no estatal, esto implica que el Estado no interviene solo sino que va a haber otros actores como parte de la empresa –señala Claudio Lozano, el principal impulsor de la investigación a la empresa–. Habrá que ver cómo se termina dando el proceso, pero nosotros proponíamos que además del Estado sumáramos la representación de pequeños y medianos productores. También pensábamos en una representación de los trabajadores”.
Y agrega: “Tanto para el Banco Nación, para los productores que habían quedado enganchados como acreedores de Vicentin, como para los (más de 3.000) trabajadores se abre un mejor escenario frente a una intervención que lo que hace es evitar que la empresa se siga deteriorando y perdiendo terreno frente a la competencia”.
La investigación
Rápidamente, desde sectores como la Sociedad Rural y el PRO se apuraron a alzar sus voces contra la intervención; manifestando su “preocupación” por la intervención estatal en el mercado de granos, la primera, y denunciando el carácter “ilegal e inconstitucional” del anuncio, el segundo. En ambos casos, se trata de partes interesadas directamente en el caso.
“Parte de los granos que produce en la Argentina, (Vicentin) los sacaba en negro por Paraguay o por Uruguay y con esto lo que hacía era pagar menos impuestos acá y dejar parte de las divisas en el exterior. Los barcos vienen vacíos por el Paraná desde Paraguay, paran en el puerto de San Lorenzo donde Vicentin los llena de granos producidos en el país pero no declarados –detalla Lozano–. Estas operaciones de triangulación van a poder blanquearse y de esta manera obligar y tener elementos para denunciar la misma maniobra que realizan muchas otras cerealeras en el mismo sentido. Esto le va a permitir a la Argentina recuperar divisas y recaudación”.
Las demás cerealeras no sólo temen por que la intervención de Vicentin signifique un antecedente que impida sus propias maniobras de evasión: sus competidoras –Glencore, Dreyfus y Cargill– ya se estaban afilando las uñas para avanzar sobre los mercados y patrimonio de la agroexportadora.
Actualmente, el 90 por ciento de las exportaciones del complejo del agronegocio en la Argentina están en manos de diez empresas, una de ellas es Vicentin, que terminó 2019 como la primera de las cerealeras en el marco de las primeras 200 firmas del país. Es responsable del 10 por ciento del total de las exportaciones de las diez empresas más importantes, y ocupa un lugar central en la producción de divisas.
“Todas las investigaciones que realizamos fueron recibidas por el Poder Ejecutivo nacional, tanto por el Presidente (Alberto Fernández) como por el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) y el ministro de Producción, (Matías Kulfas). No nos consideramos autores de nada, pero hemos aportado a lo que está ocurriendo –se alegra Lozano–. Por otra parte, los elementos sobran para profundizar en la investigación tanto sobre el Directorio anterior del Banco Nación como también sobre las maniobras fraudulentas de Vicentin”.
Además, el fideicomiso que manejará YPF Agro incorpora todos los activos del grupo, cuando en el concurso de acreedores Vicentin sólo había puesto algunas empresas. “Eso es muy importante porque en tanto y en cuanto se identifiquen delitos, seguramente vamos a poder lograr que puedan responder patrimonialmente frente a parte de las deudas que la empresa tiene”, afirma el director del Nación.
Línea de tiempo
“Estamos intentando reconstruir la línea de tiempo de las actividades de Vicentin de los últimos tres años, porque hay un misterio insondable que debe tener respuesta para la Argentina”, dice por su parte Carlos Del Frade, quien, como queda dicho viene desde hace años pidiendo la investigación de estas maniobras y hoy es miembro de la Comisión legislativa de Investigación y Seguimiento del Caso Vicentin que recientemente ha elaborado un informe.
En ella, según el legislador, están siguiendo la ruta de las finanzas de la empresa que no parecen tener sentido.
Según el último balance disponible, del 31 de octubre de 2018, Vicentin tuvo ese año ventas por $ 118.000 millones y ganancias por $ 30.000 millones. Pero, un año después, anunció que por “estrés financiero” no pagaría.
“Algo no cierra, muchísima ganancia y muchísima deuda. Y en el medio, le saca al Banco Nación, por decisión del ex presidente Mauricio Macri y toda la línea dirigencial del Banco, US$ 300 millones, y 150 (de ellos fueron) en el período del macrismo. ¿Dónde fue a parar esa plata?” –advierte Del Frade–. Hemos también detectado que en noviembre de 2019 el Banco Nación le dio 26 créditos a Vicentin cuando Vicentin ya tenía calificación 4 (riesgo alto): era imposible que recibiera un crédito”.
Para el periodista, se trata de una trama oscura y enredada que involucra a funcionarios públicos y también a empresarios. “Hoy hay una causa penal en la justicia paraguaya que habla de que Vicentin lavó y fugó dineros por US$ 200 millones. Entonces, allí lo que estamos viendo es la posibilidad de una actividad delictiva de los empresarios de Vicentin, que desbarrancaron 90 años de historia productiva y apostaron, como lo hizo el macrismo, como en su momento lo hizo la dictadura, por convertir a la Argentina en un paraíso fiscal, en un paraíso de lavado de dinero”, afirma.
Entre estos funcionarios, está Alberto Padoán, directivo de la cerealera que llegó a ser el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario.
El plan de la Comisión santafecina es avanzar en la investigación de la línea de tiempo que reconstruye qué ocurrió con el dinero porque, entre otras deudas, Vicentin le debe sumas millonarias a la Administración Provincial de Impuestos, a la Aduana de la Ciudad de San Lorenzo, y a la AFIP.
“Y tiene algunas explicaciones más que dar porque la otra cara de todo esto es qué pasó en el negocio portuario –detalla Del Frade–, donde se desarticuló el Senasa para controlar qué entra y qué sale de los puertos. Por eso la Argentina se convirtió en un paraíso del contrabando de armas, y en un paraíso del narcotráfico. Detrás de esto hay figuras vinculadas a Vicentin como lo dicen otras causas federales”.
¿Una causa popular?
Luego de que el Gobierno anunciase la intervención de la empresa, la televisión nacional difundió imágenes de Avellaneda, Santa Fe, donde algunos ciudadanos se manifestaban en apoyo a la cerealera, que tiene allí una planta.
Sobre el tema, el diputado es categórico: “El patrimonio personal de la familia Vicentin duplica lo que le debe al Banco Nación. Si pusieran algo de esa plata, no habría ninguna discusión en la Argentina. Pero como la quieran toda para ellos, hacen que la gente salga supuestamente a defender la identidad social y cultural que representa Vicentin por sus 90 años de historia en Reconquista y Avellaneda”.
“Creo en la gente que de buena fe sale a defender a Vicentin, pero mucha de esa gente son empleados municipales de una intendencia como la del señor (Dionisio) Scarpin, radicales asociados con el PRO, que sale a decir que el Estado le viene a robar Vicentin a la comunidad de Avellaneda. Fenomenal mentira, perversa mentira”, concluye.
Pública no estatal
En un documento firmado por distintos referentes de la política, la academia, el campo, el sindicalismo y las organizaciones sociales, difundido el 1 de junio, se sostenía la necesidad de declarar a Vicentin empresa pública no estatal.
“Saludamos la intervención, la defensa de los puestos laborales, poder darles a los productores del campo santafecino la posibilidad de recuperar tanto la soja que le dieron a Vicentin como la plata que Vicentin nunca les dio. La intervención es fundamental para garantizar la investigación, sacarnos de encima a los corruptos del Estado y de la empresa. En el Congreso, con las formas que podamos, vamos a instalar esta idea de una empresa pública no estatal, mixta, con participación del Estado pero también con trabajadores, productores y cooperativas. Algo nuevo para que tengamos un resultado nuevo, es decir que funcione bien”, detalla.
Y finaliza: “Estamos discutiendo sistema financiero, sistema exportador, y como dijo el presidente de la Nación en forma indirecta, la soberanía alimentaria. Trece agroexportadoras se quedan con lo que produce la Argentina. El negocio de la agroexportación es la principal arteria que alimenta el corazón de la economía argentina. Diez de esas trece son extranjeras. Si perdemos Vicentin, que es la primera, perdemos cualquier tipo de participación estatal para defender la riqueza nacional”.
Las firmas el pie del documento fueron las de Claudio Lozano, Pedro Peretti, Mempo Giardinelli, Carlos del Frade, Pino Solanas, Victoria Donda, Horacio González, Alcira Argumedo, Juan Grabois, Maristella Svampa, Damaris Pacchiotti, Itai Hagman, Agustina Donnet, Juan Carlos Alderete, Caren Tepp, Jorge Bernetti, Letizia Quagliaro, Rubén Giustiniani, Ana Galmarini, Juan Monteverde, Victor de Gennaro, Leonardo Grosso, Daniel Menéndez, Omar Principi (ex pte de FAA), Juan Manuel Rossi (pte de FECOFE, Federación de Cooperativas Federadas), Daniel Yofra, Ricardo Peidro, Hugo Godoy, Jose Conde Ramos, Bruno Capra, José Luis Migueles, Francisco Paco Durañona (Movimiento Arraigo), Carlos León, Pedro Tsakumagkos y María Isabel Tort (Cátedra Estudios Agrarios Ing.Horacio Giberti), Pedro Azcuy y Gabriela Martinez Dougnac (CIEA), UTT.
Los precios de los alimentos
La intervención y futura expropiación de la exportadora cerealera puede jugar un rol importante a la hora de la formación de precios y de la política alimentaria.
Tras salir de la boca del presidente Alberto Fernández durante el anuncio de la intervención de Vicentin el pasado lunes, el término ‘Soberanía Alimentaria’ -hasta ahora monopolio de organizaciones y de un reducido núcleo de interesados en el tema- pasó a ser de la agenda, siempre como aledaño a la cerealera intervenida.
La problemática viene siendo planteada desde hace muchos años por diversas organizaciones de campesinos, entre ellas la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).
Rosalía Pellegrini, dirigente de esa organización sostuvo “con mucha sorpresa y agrado escuchábamos en la radio cómo en los medios más masivos y las radios más escuchadas se hablaba de soberanía alimentaria y se iba a buscar la definición. Para nosotros es eso que venimos planteando desde los verdurazos: qué hay detrás de lo que comemos, cómo se produce, cómo vivimos los que producimos alimentos y como se comercializa”.
Y continuó: “Nosotros entendemos que esta intervención en una empresa tan importante en el procesamiento de cereales y granos en Argentina como es Vicentin puede orientar esa producción a un tipo más sustentable y transparentar la cadena. También hay que decir que la opción a la posible estatización era Dreyfus, Cargill o el puñado de empresas que controlan el procesamiento de las materias primas en el mundo. Son un puñado de empresas monopólicas y transnacionales que imponen a los pueblos las reglas del juego para que accedan a los alimentos. Son las que, en definitiva, después van a hacer que el aceite acá valga carísimo porque lo importante es exportarlo, generar divisas y nada más”.
Junto con otros espacios, la UTT participó el año pasado del lanzamiento del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular desde la UTT. Pellegrini explicó: “Desde allí, venimos planteando que el problema es estructural y habla de la matriz productiva y agropecuaria de nuestro país y de qué grado de soberanía tenemos los argentinos y argentinas a la hora de comer. Lo podemos ver desde la cadena de la que yo vengo, que es la horticultura, pero también lo podemos ver a la hora de comprar un litro de aceite o un paquete de fideos. Detrás de esos alimentos hay una estructura productiva y decisiones. El tema es si se las dejamos al libre mercado o generamos políticas públicas que puedan intervenir para plantear otras reglas del juego que entiendan que los alimentos deben ser un bien común y no orientados al negocio puro y la especulación”.
“El Estado debe velar para que generemos esas divisas y condiciones de sustentabilidad: sin arruinar los suelos, contaminar los pueblos ni envenenar los alimentos.Y que esa rentabilidad que podrían generar esas empresas vayan realmente al pueblo y a la distribución de la riqueza y no a un puñado de empresarios del agronegocio que claramente no le vienen haciendo ningún bien al pueblo argentino”, añadió.
Mercado Central
Tras años de batallar en el llano realizando los verdurazos con los que, además de posibilitar acceso a alimentos a sectores de la población vulnerables manifestaban sus reclamos por el acceso a la tierra y mejores condiciones a la hora de negociar, la UTT hoy forma parte del gobierno a través de Nahuel Levaggi, al frente del Mercado Central. ¿Qué aportes podrían hacer ante este nuevo rol del Estado en la política alimentaria?
“Desde la UTT jugamos un rol a la hora de empezar un diálogo con sectores medios de la producción de cereales que no se sienten representados por la Sociedad Rural ni por estos pooles de siembra. Dentro de la producción sojera hoy tenés al gran productor al que no le interesa lo que pase en el pueblo, pero tenés también a un pequeño o mediano productor al que no le hace gracia que lo señalen con el dedo por fumigar con glifosato”, sostuvo la dirigente campesina.
Y agregó: “Hay todo un sector posible para dialogar y para pensar un esquema de producción agropecuario extensivo más saludable, más amigable con el medioambiente y con el territorio en el cual están insertos. Es un sector que, si nosotros generamos políticas públicas, podía pensar en producir de otra manera. Ese es un sector que vive en el pueblo, vive en el campo y trabajan con sus familias. Creo que es desde ahí que empresas como Vicentin tienen que fortalecer a ese tipo de productores y la UTT ahí tiene algo que aportar”.
“Estamos en un momento en que, si a principios de año decíamos que había hambre, ahora vemos las colas de gente con el tupper en la mano para buscar comida. La mayoría de la asistencia alimentaria la estamos garantizando las organizaciones, tanto del campo como de la ciudad. Primero tenemos que generar el alimento para el pueblo -finaliza-. Esto se puede hacer desde la estatización de este tipo de empresas, pero también se tiene que hacer accediendo a la tierra”.
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Apoyo del Manifiesto por la Soberania
Cabe recordar que la primera de las consignas del denominado Manifiesto por la Soberanía el Trabajo y la producción, lanzado el 1º de mayo por un importante numero de organizaciones, estuvo destinado precisamente al de la Soberanía Alimentaria.
Ahora, en la primera de las reuniones de este nuevo armado político sindical que va tomando fuerza se planteó un fuerte respaldo al anuncio presidencial de intervención y expropiación sobre Vicentin, “como camino de democratización hacia la soberanía alimentaria”.
Este nuevo encuentro contó con la presencia de entre otros, Hugo Godoy (ATE), Ricardo Peidro (CTA Autónoma), Andres Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense), Esteban “Gringo” Castro (UTEP), los diputados nacionales Walter Correa y Paula Pennaca, Gervasio Muñoz (Federación de Inquilinos Nacional) y una extensa lista de referentes de las 103 organizaciones que conforman el espacio.
Entre los ejes del Manifiesto se destaca el proyecto de Ley de Cupo de Alimentos, Salario Universal Social con trabajo y formación, Creación de un Banco de Desarrollo, Plan de tierras y viviendas y Sustitución y control estricto de importaciones para fomentar la industria nacional.
