La concentración y extranjerización de la tierra en la Argentina fue abordada por nuestra compañera del IPID, Gina Chechele, en un equipo trabajo que contó con la coordinación de Horacio Fernández y Daniel Godoy. La distribución desigualitaria en algunas pocas manos nacionales y más adelante en manos foraneas. El déficit habitacional, la toma de tierras y la falacia del concepto de propiedad privada, son cuestiones recorridas a lo largo del trabajo, publicado por el Instituto de Estudios y Formación (IEF-CTA), y del que aquí compartimos un extracto, también elaborado por Gina.
Abordar el conflicto por la tierra en la Argentina, es ineludiblemente enmarcarlo en la matriz de desigualdad y dependencia de nuestro país.
Argentina es una nación joven, con apenas 200 años de una libertad de la cual nos jactamos que nunca fue tal.
Desde nuestros comienzos como territorio colonizado por una potencia imperialista europea, continuamos atravesando circunstancias que nos han sucumbido a merced de este tipo de naciones, como el intento de invasión inglesa o por otro lado, hemos tenido que afrontar las disputas territoriales con naciones vecinas latinoamericanas como Chile o Brasil, en la lucha eterna por el territorio y el poder.
Nuestra tierra ocupa el podio del octavo país más extenso del planeta. Esto conlleva dimensionar el valor que el territorio, en su mayoría fértil, conlleva, y el poder en todas sus variantes que su realidad ofrece.
De esta forma debe asumirse, que las condiciones que nos limitan como parte del hemisferio sur, partícipes de un continente descubierto, colonizado y explotado, acarrean consecuencias profundas que se evidencian en realidades injustas y desiguales.
En este sentido, al momento de evocar una realidad como la que designa la distribución y/o posesión de tierras que reina en nuestro país, se ve resaltar el carácter desigualitario como mayor exponente que esta condición convoca.
Un foco de estudio como éste, con aristas tanto sociales, como históricas, políticas, económicas y estructurales, obliga a pasar revista a todo este espectro de variables a analizar, desde todas las dimensiones que le son parte.
Al momento de conformarse la Nación Argentina a finales de siglo XIX luego de las Presidencias Fundacionales, un cúmulo de sucesos y procesos consolidaron una organización jurídica y política que instauró un modelo agroexportador incluyendo a la Argentina en el mercado mundial como vendedores de materias primas, condenando al interior a la pobreza y desocupación.
Por otro lado, se sancionó la Constitución Nacional de 1853, que permitió constituir una República Federal; tuvo lugar la Guerra contra el Paraguay; se realizó la llamada Conquista del Desierto contra los pueblos indígenas; se resolvió la «Cuestión Capital» con la federalización de Buenos Aires; se inició el movimiento de inmigración ultramarina que modificaría radicalmente la población del país; se modernizaron las comunicaciones internas iniciándose el tendido de la red ferroviaria argentina y las externas con la construcción de nuevas instalaciones portuarias; se sancionaron las leyes de tierras que promovieron el latifundio y limitaron el acceso a la propiedad rural de los inmigrantes y la población nativa; e irrumpen en escenario un grupo de hombres integrantes de clases dominantes conocidos como “Generación del ´80”.
Se configura una nueva etapa que en lo económico impulsa la transmutación de la vieja estancia pastoril en gran estancia ganadera, y en el plano político marca la consolidación de un nuevo tipo de régimen. Por su parte en el plano social, registra la conformación de una nueva clase: la gran burguesía terrateniente destinada a comandar la economía, consolidar el Estado Nacional y sostener una nueva forma de articulación con el capital inglés.
El devenido modelo agroexportador implicó el triunfo de la hegemonía de la región del litoral (principalmente Buenos Aires) sobre las economías tradicionales del interior.
Para analizar el desarrollo de esta estructura económica es necesario tener en cuenta los tres factores productivos: tierra, capital y trabajo. Es decir, necesitaban de ese territorio para lograr incorporarse de forma definitiva al mercado mundial como socios dependientes del imperialismo inglés y satisfacer así la creciente demanda de carne y cereales por parte de Inglaterra, a la vez que permitían el ingreso de capitales extranjeros tanto en forma de deuda pública como en inversiones de infraestructura para “modernizar” el país.
En Argentina, se vislumbraban extraordinarias posibilidades de crecimiento económico gracias a la asunción de este papel subordinado al imperialismo (especialmente, británico), a la incorporación de la fuerza de trabajo de millones de inmigrantes europeos, y a la expropiación de las enormes extensiones de tierra que estaban bajo el dominio indígena.
Consecuentemente, se fue configurando un escenario proclive a la apropiación de las tierras por parte de las familias más ricas, consolidándose la llamada oligarquía terrateniente que se fue enriqueciendo cada vez más.
La Sociedad Rural Argentina (la entidad que éstos habían fundado) se convirtió en el punto de encuentro y también de ostentación y legitimación de esta oligarquía.
La SRA apoyó a las tres Presidencias fundacionales, donde durante la última de ellas, el presi-dente Nicolás Avellaneda efectuó la Campaña del Desierto, a partir de la cual 538 estancieros, patricias y militares de la misma, obtuvieron 18.668.000 hectáreas, siendo los principales beneficiados varios miembros de la sociedad.
Aquí mismo es donde comienza a conjugarse una distribución territorial que demarcaría un futuro desigual en términos de tenencia de tierras y de desarrollo poblacional.
En este momento se proclamarían los linajes que conformarían hasta hoy, las familias poseedoras de territorios compuestos de miles de hectáreas.
De esta forma, es que comienza a delinearse una distribución estructuralmente desigual, formulada por un proyecto de país que necesitaba de esta burguesía terrateniente para pertenecer a un sistema mundial que continuaba evocando a la variable de dependencia como su fundamento primordial.
Al mando del ministro de guerra Julio A. Roca, el Estado argentino se propuso extender la frontera al sur de la campaña bonaerense avanzando sobre las tierras indígenas fortaleciendo el proyecto de la oligarquía terrateniente y estanciera e incorporando cientos de miles de hectáreas para el naciente modelo agroexportador. Es en este sentido que podría considerarse una de las principales acciones fundadoras del Estado Nacional.
La Conquista del Desierto sirvió a la oligarquía para fortalecerse en cuanto latifundistas y especuladora, incorporando a su haber increíbles extensiones de tierra que en sus manos sirvieron para frenar el desarrollo nacional.
El régimen oligárquico garantizó la dominación política del sector hegemónico de la clase dominante conformado por el reducido grupo de los grandes terratenientes. De esta forma se conjugó sistema político y modelo económico para que un puñado de familias ligada estrechamente al imperialismo inglés amasara sus fortunas, dejando fuera del proyecto a los sectores medios, los trabajadores y, por supuesto, asesinando e invisibilizando a las comunidades indígenas.
Se vislumbra en números y cifras, la culminación de una empresa que terminó robusteciendo las riquezas terrenales de unas pocas familias oligárquicas y de raigambre militar, varios de cuyos integrantes han promovido una política agropecuaria liberal y de espaldas a los intereses nacionales, tal los dictámenes de la división internacional del trabajo regido desde su epicentro inglés.
En este lineamiento y en el marco del continuum histórico nacional, otros propietarios de la tierra, en cambio, son hoy ignotos. Sus nombres se ocultan detrás de sociedades offshore, empresas de papel que muchas veces le otorgan el beneficio del anonimato a sus verdaderos dueños.
Casi dos millones de hectáreas están en manos de firmas radicadas en paraísos fiscales, según los datos provistos por el Registro Nacional de Tierras Rurales. Es más que la suma de las superficies de Liechtenstein, Bahamas, Islas Caimán, Barbados y las Islas Vírgenes Británicas, cinco de los más afamados enclaves offshore.
En este marco, el análisis sobre la distribución desigual de tierras en Argentina debe hacer referencia a más de una variante.
Las miles de hectáreas que atraviesan el debate en cuestión se encuentran en manos de, por un lado, y en referencia a lo desarrollado anteriormente, propietarios nacionales, mientras que por otro lado son posesión de entidades o sujetos foráneos. Así se conjugan luego, para ambas variables, las variantes en términos empresariales y de nomenclaturas que se constituyen en pos de mantener oculto el nombre propio de quien posee.
Pretender saber quiénes son los dueños de la tierra en América Latina resulta una misión imposible. La opacidad en las transacciones, el uso de sociedades pantalla, la titulación a nombre de terceros y el secretismo y barreras burocráticas en las instituciones que administran los catastros y registros públicos de la propiedad crean un escudo que oculta la verdadera identidad de los propietarios.
Por otro lado, casi el 40% del territorio argentino es propiedad de 1200 terratenientes, según el registro de Tierras Rurales de la Nación, aproximadamente 65 millones de hectáreas de la República Argentina.
Mil doscientas personas y/o empresas (0,1 de los propietarios privados) poseen el 40% de nuestro territorio. En tanto, casi un 40 % de los pobladores de la República Argentina (cerca de 18 millones de personas de un total de 55) no tienen acceso a tierras o vivienda propia.
En la Argentina el 0,94% de los dueños de las grandes extensiones productivas maneja el 33,89% del total del territorio argentino. El 99,06% restante controla apenas el 66,11%.
Nuestro legado como nación latinoamericana, ex colonizada, explotada ayer y hoy, esclavizada a sucumbir eternamente ante una dependencia económica y cultural, son estigmas que conllevan esta realidad que afrontamos hace 200 años. Nuestro territorio se jactó siempre de su valor en función de extensión y fertilidad. La fragilidad propia de una nación joven que da origen un Estado-nación en el marco de una oligarquía terrateniente antidemocrática insertada mundialmente en la división internacional del trabajo como proveedora de ese modelo agroexportador, no pudo más que priorizar como base fundamental de ese sistema al territorio que lo fundamentaba.
De esa forma, se configuró no sólo el entramado de oligarcas latifundistas nacionales que hicieron sobrevivir su legado territorial hacia las familias actuales, si no también, la voluntad de entidades y personas extranjeras que veían provechoso un territorio con estas características. Extenso, fértil y aislados del mundo.
En un país sesgado por la matriz de la desigualdad, atravesado por idiosincrasias que han siempre favorecido fuerzas externas, no es extraño que se haya sido proclive a permitir la extranjerización de tierras por parte de foráneos. Y hoy tampoco.
Nuestra tierra, dividida en manos tanto de estas familias nacionales oligarcas y latifundistas, como por personas o entidades jurídicas extranjeras, escondidos todas bajo la fachada que organismos como las offshore y paraísos fiscales prometen, delinean el escenario que hoy se vislumbra, y que no parece tenga una proyección, al menos a corto plazo, de dejar de hacerlo.
Cuidado con la billetera!!
Seguramente Ud conoce a muchos de los miembros del selecto grupo de apellidos de la oligarquía nacional, o de los globalizados tentáculos económicos mundiales, que, amabilidad de los gobiernos mediante, se fueron quedando paso a paso con la tierra de todos.
Algunos de los principales beneficiarios de tanta bondad argenta aparecen en la imagen que acompaña este texto, entre quienes se destacan varios miembros de la
Sociedad Rural, entre ellos las familias Anchorena, Álzaga, Alvear, Azcuénaga, Bosch, Castro, Díaz Vélez, Dorrego, Eguía, Echeverría, Escalada, Ezcurra, Gallardo, Garrahan, Irigoyen, Lacarra, Larreta, Lynch, Miguens, Martínez de Hoz, Obarrio, Ocampo, Ortiz Basualdo, Otamendi y Sáenz Valiente
Entre apellidos, o marcas, extranjeras sobresalen el Grupo Beneton, dueño de 900 mil hectáreas; Jacob Suchard, dueño de Nestlé por ejemplo; el británico Joseph Lewis, que tiene privatizado hasta el Lago Escondido; el chileno Roberto Hiriart, sobrino del genocida Pinochet y algunos dicen heredero de sus bienes; o el dueño de CNN y TNT, Ted Turner, entre muchísimos otros.
