Las paritarias adelantadas del 60 por ciento no logran cambiar el resultado de una puja distributiva que otra vez sigue teniendo como ganador al sector más concentrado de la economía: por vía de la inflación se apropian del excedente económico, mientras el salario sigue corriendo a los precios por detrás.
Por José Maldonado
Fotos editoriales: Ariel Valeri
Reclamo paritario CTA-A y ATE en Rosario, 2022.
“Este año, el salario no va a perder contra la inflación”. En las puertas de otro invierno difícil para la mayoría de los trabajadores formales e informales del país, el gobierno de Alberto Fernández se aferró a principios de mayo a esa frase, casi un slogan, al anunciar el lanzamiento del bono de 18 mil pesos para monotributistas y jubilados y el adelantamiento de la suba del salario mínimo.
Fueron dos medidas tomadas, se explicó desde el Gobierno, para proteger a los sectores más vulnerables de los efectos de la inflación descontrolada que se agudizó en este primer semestre en Argentina, con los índices más críticos desde 2001.
En paralelo, se conocieron los resultados del adelantamiento de las paritarias del sector privado que ordenó el Ministerio de Trabajo, también para intentar cubrir a los trabajadores frente a la inflación: los acuerdos salariales en la mayoría de los rubros rondaron aumentos del 60 por ciento, que prometían cubrirse frente a la suba del costo de vida, y por períodos cortos, es decir, con posibilidad de revisiones a fin de año.
A pesar de esos porcentajes y de las expresiones de deseo del gobierno nacional, este año, otra vez, los ganadores y perdedores de la puja distributiva van a ser los mismos de (casi) siempre. Con una inflación estimada del 70 por ciento entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, nuevamente el sector más concentrado de la economía argentina, las grandes empresas formadoras de precios, se van a imponer en una pulseada que sigue siendo desigual.
Frente a la góndola de alimentos en el supermercado, en la panadería o en la carnicería, los asalariados de Argentina comprueban lo que vienen advirtiendo muchos economistas: aunque se adelanten las paritarias y se acuerden aumentos nominalmente similares a los de las cifras de la inflación, el salario siempre está corriendo a los precios desde atrás, con la lengua afuera.
“En la puja distributiva entre trabajo y capital, la definición de quiénes ganan y quiénes pierden está dada por la dinámica inflacionaria” explica Ana Rameri, economista “en guerra con el poder” (tal como se define en su biografía de Twitter) e integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).
Para Rameri, la inflación, que en abril pasado alcanzó el récord de 6,5 por ciento, es el fenómeno de la economía que sintetiza el conflicto distributivo de Argentina en forma casi cristalina. “Lejos de ser un tema monetario, la inflación es el reflejo de ese fenómeno en el que el capital concentrado saca ventaja y el trabajo, en sus múltiples formas, resiste a consolidar mayores márgenes de explotación” explica la economista a Malas Palabras.
“Por eso, podemos decir que en la disputa por la apropiación del ingreso generado, el aumento de los precios o el recurso inflacionario es el principal mecanismo que tienen las grandes corporaciones que actúan en el país y que lo usan para disputar el excedente económico vía posiciones dominantes en el mercado”.
El mismo panorama es el que ve el economista Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Si la inflación se reduce sustancialmente -y nada indica que lo vaya a hacer en el corto plazo- va a ser imposible que los trabajadores recuperen posiciones en la pulseada, más allá de los movimientos coyunturales a corto plazo, como estas paritarias adelantadas modelo 2022.
“Puede darse que en un mes, o incluso en un año, el salario crezca más que la inflación, pero con precios corriendo a un 60 por ciento anual, o más, en el mediano plazo esto no es sostenible” dice Campos.
El reino de los pocos
En la puja distributiva argentina, el dato central que explica por qué pasan los años y los ganadores siguen siendo los mismos es el de la concentración económica. “En general, se la presenta como una lucha de iguales: de un lado los trabajadores y los gremios, y del otro los empresarios -dice Ana Rameri-. Pero la realidad está muy lejos de eso”.
Ana Rameri.
Algunas cifras de la economía argentina sirven para calibrar el nivel de concentración del sector empresario, el reino de unos pocos. Apenas el seis por ciento de empresas concentran el 85 por ciento del mercado de los alimentos, que este año tuvieron un aumento como no lo habían tenido en 20 años. Y así se podría seguir por el resto de los sectores: un siete por ciento de empresas controlan el 90 por ciento del mercado de las bebidas; el 11 por ciento de empresas controlan el 83 por ciento del mercado de medicamentos, un seis por ciento concentra el 90 por ciento del sector metalúrgico. En el cemento para la construcción, el cuatro por ciento de las empresas controlan el 71 por ciento del mercado.
“Esas empresas con posiciones dominantes en el mercado tienen disponibilidad de divisas y la posibilidad de acumulación financiera y control sobre los mercados. Su posición es privilegiada a la hora de pelear la distribución de los ingresos”, dice Rameri.
Con ese fenómeno de concentración económica muy instalado, la situación para el sector de los trabajadores en la puja distributiva se agravó mucho durante el macrismo. “Hubo una transferencia de tres puntos porcentuales del PBI desde el trabajo al capital. Nos dejó en un estadío muy rezagado como para estar sufriendo hoy nuevas pérdidas como las que se están experimentando actualmente de crecimiento económico pero con alta inflación”, apunta Rameri.
El planteo es el mismo que se viene sosteniendo desde las centrales gremiales. “Los sectores concentrados trasladan precios internacionales a las góndolas, el Estado no se anima a proponer mecanismos de control más firmes, y el que más lo padece es nuestro pueblo” dice Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de CTA-Autónoma, que el 24 de mayo pasado hizo un paro nacional para reclamar, entre otros puntos, la recuperación del salario real.
Paritaria estatal 2021-2022.
Una caída en etapas
Desde el Observatorio Social de la CTA Autónoma, Luis Campos pone la mirada sobre lo que viene pasando este año con respecto a precios y salarios:
“En primer lugar, la revisión de muchos acuerdos del año anterior que cerraron la paritaria 2021 con impacto en los primeros meses de este año. En segundo lugar, los primeros acuerdos correspondientes al 2022 que fijaron aumentos de entre el 40% y el 45%, en línea con la pauta de inflación que buscaba imponer el gobierno nacional. En tercer lugar, la segunda tanda de aumentos de la paritaria 2022, que establece aumentos en torno al 60% anual. Finalmente, la revisión de algunos de los primeros aumentos del 2022, donde se llevó el 40-45 inicial a porcentajes cercanos al 60 por ciento”, describe el economista.
Luis Campos.
“Esto es un ejemplo de la carrera precios-salarios, donde los aumentos nominales cada vez tienen que ser más elevados ya no para ganarle a la inflación, sino como mecanismo defensivo para evitar un deterioro mayor”, agrega Campos.
En términos de masa salarial, el salario real cayó en cinco de los últimos seis años (solo creció en 2017), por lo que queda más claro aún que las paritarias están funcionando como instrumento defensivo y no como forma de impulsar el crecimiento del salario real. “Yendo un poco más allá, la economía argentina está estancada desde 2012, y sin crecimiento de la actividad económica y de la productividad va a ser imposible que el salario real se incremente en el mediano plazo”, dice Campos.
Con este panorama, parece difícil que el salario real se recupere sostenidamente. “Si la inflación no se reduce sustancialmente va a ser imposible que los salarios le ganen a la inflación, más allá de movimientos coyunturales de corto plazo. O sea, puede darse que en un mes, o incluso en un año, el salario crezca más que la inflación, pero con precios corriendo a un 60% anual o más,, en el mediano plazo esto no es sostenible”.
Pero para Rameri hay que mirar más atrás. Dedde 2020, cuando arrancó la pandemia, a esta parte, hubo tres etapas en la mecánica de distribución de ingresos que son el resultado de esa puja:
La primera etapa fue la crisis pandémica, que abarca la primera mitad del 2020, en el que el PBI cayó 15 por ciento. “Por las políticas de asistencia al trabajo que se implementaron se sostuvo la masa salarial en el PBI aunque no pudo sostenerse en otras formas de trabajo, como el no registrado o el cuentapropismo”, dice la economista. “Fue un contexto recesivo, lo cual implicó para el trabajo sufrir un recorte similar al de la caída de la actividad económica, que fue muy significativo. Pero el sector empresario logró compensar esa caída con una mayor apropiación mayor de lo productivo socialmente, lo que les permitió que la recesión no impacte en sus cuentas a expensas de los subsidios del Estado y del ingreso de los trabajadores independientes”, apunta.
La segunda etapa es la que denomina “ampliación de la desigualdad” que va de la segunda parte del 2020 a mediados de 2021. Acá la participación de la masa salarial pierde participación en casi 10 puntos porcentuales pero en un contexto de recuperación de la economía, que creció casi 20 por ciento. Eso “disimuló” los efectos nocivos de esa mayor desigualdad en el reparto de lo producido.
“Fue un momento de mucha mejora del consumo y el Estado retiró -a mi juicio apresuradamente- la asistencia a los sectores sociales y de la producción. Un ajuste fiscal que anticipó la voluntad del gobierno de acordar con el FMI, que se concretó poco después” dice Rameri.
La tercera etapa es la de desaceleración de la recuperación y moderación del ajuste fiscal que arranca a mediados del año pasado. Una etapa signada por los efectos de la derrota electoral del Frente de Todos que condujo a relajar un poco la estrategia de ajuste. Se empezaron a convalidar paritarias salariales positivas en términos reales. En este breve período el salario le gana a la inflación solamente en el último período de 2021. Pero eso se interrumpe con el aumento inflacionario del primer trimestre de este año, que desacelera también el ritmo de crecimiento económico cuando se llega a recuperar los niveles de la economía de 2019.
Comparando la situación distributiva en los comienzos del 2020, previo a la pandemia con la última información disponible del 2021 surge lo siguiente: la masa salarial pierde 5,2 puntos de participación como resultado del comportamiento del empleo y los salarios, es decir, que en el contexto de la recuperación de la actividad económica los trabajadores transfirieron en pesos, al cambio oficial, 23.589 millones de dólares, según las cifras que maneja la economista.
“Es decir que el excedente creció por encima de lo que la fuerza laboral le transfirió. La razón: el proceso inflacionario le permitió capturar en su favor incluso los subsidios que el Estado expandiera en el período”, agrega. “En otros términos, durante la etapa considerada los subsidios públicos expandieron el ya abultado excedente empresarial en 13.118 millones de dólares adicionales”
La cuestión salta en seguida de los análisis teóricos a la práctica. En los últimos meses, trabajadores formales e informales salieron a las calles para poner en el centro de la agenda el tema de los ingresos y el fuerte golpe que están sufriendo las economías familiares por efecto de la inflación. ¿Se podrá detener esta caída en etapas del salario real? ¿Recuperarán los trabajadores el terreno perdido en la pulseada distributiva frente al capital concentrado? Envuelto en una fuerte crisis política interna, el gobierno del Frente de Todos no parece encontrar respuestas a estas preguntas.
