Especialistas analizan el impacto positivo que podría tener en el esquema de organización del trabajo actual: organización social del cuidado, distribución de ingresos, generación de nuevos empleos y mayor productividad. El caso de Chile.
Opinan: Jorge Castro, secretario general de la Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones (UETTel); Soledad Alonso, diputada de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos y secretaria adjunta del Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista e investigador del Centro de Capacitación y Estudios del Trabajo y el Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM); y David Acuña Millahueique, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile.
Por Mariana Portilla y Florencia Mártire
Ilustración: Adictos Gráficos
En un mundo que mutó tras la pandemia del Covid-19, y que se pregunta por el futuro de los puestos de trabajo ante el avance de la Inteligencia Artificial, redefinir cómo trabajamos y cuánto y de qué manera articulamos el trabajo con las otras áreas de nuestras vidas se posiciona como un asunto esencial e inevitable.
A mediados del año pasado, el Reino Unido fue noticia en todo el mundo por ensayar una jornada laboral de cuatro días, dejando tres para el descanso. Seis meses después, las empresas de ese país confirmaban el éxito de la prueba piloto tanto en términos de producción y ganancias, como en el grado de bienestar de las personas trabajadoras. En abril de este año, Chile dio el paso a nivel regional reduciendo por ley la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.
En Argentina, la discusión no es nueva. Desde el 2020 el oficialismo intenta poner en debate la modificación de la ley de 1929 que establece que la duración del día laboral no podrá exceder las ocho horas diarias o 48 semanales. Es un tema que divide aguas con la oposición, más aún en este año electoral.
La Confederación General del Trabajo (CGT) reavivó el pedido en el acto por el Día del Trabajador, cuando exigió un modelo de relaciones laborales que “nos coloquen en un mundo que debate la reducción de la jornada de trabajo como medio de generar más empleo y distribuir mejor el beneficio extraordinario del capital».
¿Por qué reducir el límite de la jornada laboral puede considerarse un avance en materia de derechos laborales? ¿Cómo dialoga esta medida con otros reclamos como la informalidad y los bajos salarios? ¿De qué manera reconfigura el lugar que ocupa el trabajo en la vida de las personas?
Proyectos sobre la mesa
En el Frente de Todos prevalecen dos propuestas que apuntan a reformar las normas laborales vigentes. Los proyectos del senador Mariano Recalde y el diputado Hugo Yasky podrían confluir en una iniciativa que establezca un tope de entre 36 a 40 horas de trabajo semanales como máximo, repartidas entre cuatro o cinco días. El principal argumento a favor es que mejora la calidad de vida de las personas trabajadoras, considerando que en los casos donde se implementó creció la productividad y se redujeron los accidentes laborales y el ausentismo.
Para el movimiento obrero organizado la reducción horaria no solo es factible sino que, además, es muy necesaria. Así lo manifiesta Jorge Castro, secretario general de la Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones (UETTel): “Debatir este punto nos permite avanzar en otra perspectiva sobre el uso del tiempo. Compatibilizar la jornada laboral con la organización social del cuidado nos lleva a repensar el sistema de cuidado desde una mirada colectiva, de corresponsabilidad, con las organizaciones, con el Estado y con los espacios laborales”, señala a Malas Palabras.
Metiéndose de lleno en la arena de la reforma laboral, Castro asegura que la derecha “quiere darle un golpe a los laburantes y a la representación gremial”. Por eso, propone que el debate se centre en una equitativa distribución de la riqueza, una salida tripartita entre empresarios, sindicalismo y Estado.
“A la derecha le gustaría que los hombres y mujeres trabajen doce horas por día y por el mismo sueldo, de ser necesario. Si queremos construir un país mejor y ponerlo de pie definitivamente, tenemos que ponerle fin a la acumulación de riqueza extraordinaria en unas pocas manos”, sintetiza Castro.
En la misma línea se expresa Soledad Alonso, diputada bonaerense del Frente de Todos y secretaria adjunta del Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Anses, quien reconoce que más allá de las conquistas del peronismo “hoy estamos atravesados por un capitalismo que hace que este mundo sea desigual”. “Por eso”, afirma, “es una obligación de los sindicatos, de la política, de los empresarios y de la justicia laboral que la reducción horaria se pueda llevar adelante”.
Sin embargo, la diputada advierte que esta iniciativa ayudaría a discutir la productividad, pero no así el crecimiento de la informalidad. “Para eso hay que poner sobre la mesa, además, un plan tributario y laboral de registración e inspección, principalmente en empresas multinacionales”.
En noviembre del año pasado Mujeres Sindicalistas, el colectivo de la Corriente Federal de Trabajadores CFT-CGT, presentó en el Congreso de la Nación el cuarto número del cuadernillo de formación, capacitación y debate, “Toda la vida luchando por el tiempo”, que aborda la distribución y el uso del tiempo dentro de los espacios de trabajo.
“La reducción horaria en la vida de las mujeres impactaría de manera positiva. Es más, yo empezaría por las mujeres trabajadoras para que sean ellas las que primero tengan ese beneficio. Como hay una distribución inequitativa en las tareas familiares, son las que más se merecen dedicarle tiempo a su vida privada y a sus deseos”, concluye Alonso, que integra el colectivo feminista de la CFT-CGT.
Distribución de la jornada en el siglo XXI
Para Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista e investigador del Centro de Capacitación y Estudios del Trabajo y el Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), “en el país hay una inadecuada distribución de tiempo de trabajo por categoría ocupacional y por sectores. Esto genera que haya muchas personas que están excluidas del mercado del trabajo, muchas que están subocupadas y también muchas que están sobreocupadas, en especial las personas jóvenes”, dice a Malas Palabras.
En este sentido, Ottaviano entiende que “una eventual reducción del límite de la jornada podría funcionar como una medida distributiva de los ingresos y del tiempo de trabajo“, aunque se muestra más “escéptico” sobre la posibilidad de que genere puestos de trabajo.
“Me parece que este debate también tiene que estar acompañado de nuevas formas de regulación de la jornada: la soberanía del tiempo de trabajo, el derecho a la desconexión digital, el reconocimiento de las tareas no remuneradas, la profesionalización de los cuidados y la equiparación de las licencias parentales”, afirma. “Es una agenda que va muy de la mano de propender una mejor distribución del tiempo de trabajo”.
De cara a la nueva configuración del mercado laboral, Ottaviano considera imprescindible atender las demandas de los jóvenes y su manera de entender el trabajo. “Las juventudes trabajadoras rechazan las jornadas extenuantes de ocho horas diarias o más, de prestación continua, porque ven que es posible organizar su propia jornada y cumplir con las tareas, y no están dispuestas a estar clavadas a la silla ni atadas al puesto”, señala.
“Pienso que la jornada de trabajo de prestación continua, propia de una organización del trabajo fordista y con sus flexibilizaciones toyotistas, es un paradigma que hoy sirve para determinados sectores, sobre todo en la industria”, explica Ottaviano. “Pero en los sectores de servicios, inclusive de empleo público y otras nuevas formas de trabajo, como puede ser el mediado por las tecnologías digitales, seguir pretendiendo que la organización de la jornada sea de prestación continua es ir en contra de esa novedad de la organización del trabajo que es distinta”.
Según el abogado laboralista e investigador de la UNSAM, el panorama actual nos obliga a pensar en cómo aumentar la decisión individual de los trabajadores para administrar su propia jornada y, en simultáneo, es un llamado a los sindicatos para negociar la distribución de la jornada discontinua.
“Es una antigua aspiración de la clase trabajadora recuperar lo que de alguna manera el capital le quitó: la gestión de su propio tiempo”, concluye Ottaviano. “Quizas sea hora de recuperar esa aspiración, también como respuesta a las corporaciones que traen una forma de organización de trabajo y de violación de derechos más parecida al siglo XIX, y traer las consignas por la soberanía del tiempo de trabajo al siglo XXI”.
El caso de Chile
Después de seis años de discusión en el Congreso, y con la firma del Presidente Gabriel Boric, Chile aprobó por ley la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.
“Este acuerdo fue discutido de manera tripartita. Participaron distintos actores tanto del mundo del trabajo como parlamentarios pero también empresarios”, asegura a Malas Palabras David Acuña Millahueique, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile.
La nueva ley se implementará de forma gradual: en el plazo de un año la jornada será de 44 horas, disminuirá a 42 en el tercer año de aplicación y a 40 horas luego de cinco años. La norma también prevé la posibilidad de trabajar cuatro días y descansar tres.
Esta condición de gradualidad a lo largo de cinco años, en lugar de ser con aplicación automática, es uno de los aspectos con los que la CUT disiente. “No es la ley que esperábamos, pero es el proyecto que nos permite avanzar en una reducción de jornada laboral para todos los trabajadores y trabajadoras”, reconoce Acuña Millahueique.
No obstante, la reforma incorporó una novedad para el régimen chileno. “Incluimos dentro de la flexibilidad horaria el componente sindical”, afirma el presidente de la CUT. “Para nosotros es muy importante ya que esta titularidad sindical se da de manera inédita dentro de la ley de reducción de jornada y también como parte de las normativas laborales en Chile. Para poder incrementar o poner complementos de flexibilidad horaria se tiene que consultar a las organizaciones sindicales”.
El diálogo social sobre cómo mejorar las condiciones laborales no termina con la aprobación de esta ley. “También estamos discutiendo mejoras en las pensiones y el fortalecimiento del ingreso mínimo”, resalta Acuña Millahueique. “En este proceso constituyente hemos planteado la necesidad de tener en Chile trabajo decente, algo fundamental para el desarrollo de los trabajadores y trabajadoras”.
