Mientras el país parece estallar por los aires, el autor de este informe nos hace pensar en varias cosas: ¿Hubo corrupción en los gobiernos de Néstor y de Cristina? ¿Hay corrupción en el gobierno de Macri? Aprovechar el manejo de las contrataciones públicas sólo puede explicarse por el enriquecimiento personal o por el financiamiento espurio de un proyecto político, en ambos casos ilegal. También lo es gobernar para sectores del poder económico del que se forma parte. Esta columna, intenta respondernos una parte de los interrogantes. El resto de las paginas de esta edición de Malas Palabras, nos termina de aclarar cuánto se le sigue sacando a los bolsillos populares, para beneficiar a los del sector más rico de la sociedad.
por Jaime Farji (integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas –IpyPP-)
Una vez más, la sociedad argentina se muestra sorprendida e indignada al “enterarse”, por los medios de difusión, de algo que ya sabía: que hubo sobornos ligados a la obra pública durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner.
Esta falsa indignación no puede ocultar la hipocresía de una parte de la sociedad, pero los optimistas tienen derecho a ver en esta reacción que no se quiere “naturalizar” el problema.
Las revelaciones de los cuadernos del chofer de Baratta, mano derecha de Julio De Vido, no es “un caso más”. Afecta a personajes que ocuparon las más altas jerarquías de la administración pública, y que eran “del riñón” de Néstor y Cristina Kirchner. No pueden hacerse los distraídos porque nadie puede creer que Julio De Vido y Baratta recaudaban retornos de los contratos de obra pública sin que Néstor y Cristina lo supieran, o sin sus instrucciones directas.
Pero la verdadera novedad es que por primera vez los empresarios del club de la obra pública de todos los gobiernos, están incluidos en la investigación.
Sin pretensiones de “neutralidad”, estas líneas invitan a poner en juego las herramientas de análisis disponibles, y asumir las conclusiones aunque no sean del agrado del analista.
Proponemos separar los hechos de las personas, lo que no significa ignorar sus intereses, sino analizar los hechos independientemente de aquéllos.
¿Hubo corrupción en los gobiernos de Néstor y de Cristina? ¿Hay corrupción en el gobierno de Macri?
¿Se implementaron políticas beneficiosas para los sectores populares en los gobiernos de Néstor y de Cristina?
¿Lleva adelante el gobierno de Macri una política de ajuste, con destrucción de puestos de trabajo, endeudamiento público e inflación descontrolada, y está interesado en desviar la atención de esos problemas?
Muchas de estas cuestiones, o todas ellas, pueden ser ciertas. Si lo fueran, tal vez sean causas y consecuencias unas de otras, o tal vez no.
Todas merecen ser analizadas, con seriedad.
Proyectos políticos y esquemas de negocios
Con relación a “los cuadernos de las coimas”, si tratamos de despejar lo accesorio para llegar a lo principal, no es probable que un periodista haya recibido los cuadernos por iniciativa de una esposa despechada o de un amigo preocupado. Parece más lógico suponer que algún “servicio”, o “ex servicio”, se los haya hecho llegar. Esto no puede demostrarse, pero si así fuera, eso no indicaría que los cuadernos nunca existieron ni que el contenido que ha trascendido sea falso. Como tampoco estaría demostrada la existencia o la veracidad si realmente fue la ex mujer o el amigo quien los entregó.
El tema de fondo es la relación entre los funcionarios políticos que manejan las
contrataciones públicas y las empresas privadas que las ejecutan.
Aprovechar el manejo de las contrataciones públicas para elevar artificialmente los valores de adjudicación, otorgar estos negocios sólo a un grupo elegido de empresas y obtener a cambio un “retorno” financiero, sólo puede explicarse por el enriquecimiento personal o por el financiamiento espurio de un proyecto político, en ambos casos ilegal.
El enriquecimiento personal no admite análisis desde la teoría política. El financiamiento espurio de un proyecto político admite numerosas aristas interesantes y reveladoras.
Un abordaje simplista coloca el fenómeno, ampliamente difundido en las democracias
modernas, tanto en el mundo desarrollado como en el subdesarrollado, como una tendencia motivada por el encarecimiento de las campañas electorales, cada vez más dependientes del acceso a los costosos medios de comunicación.
Las modalidades legales de financiamiento de la actividad y de las campañas políticas no aportan los recursos suficientes, y el entramado de los intereses políticos y económicos hace el resto: empresas que aportan fondos para las campañas, que se devuelven con contrataciones públicas, contrataciones públicas obtenidas vulnerando el principio de la competencia y del precio más conveniente, que se retribuyen con dinero a los funcionarios facilitadores. El huevo y la gallina.
La visión simplista explica sólo una parte del problema. Tanto, que se podría suponer que mejorando las legislaciones sobre financiamiento de la política y mejorando la gestión empresarial, aumentaría la transparencia, la competitividad y la legalidad, tanto de las campañas políticas como de las contrataciones públicas. Que todos los partidos admitan límites a los costos y los cumplan, que todas las empresas mejoren su gestión y ofrezcan servicios y obras a menores costos para ganar más negocios. Es un mundo irreal, donde la corrupción está en la “naturaleza humana” y no en la esencia de la política o de los negocios.
Tal vez esto ocurra en otros países, pero no en el nuestro.
Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner surgieron de la nada empresas
ligadas a contratos con el Estado y medios de comunicación ligados a la pauta publicitaria oficial.
Los grupos empresarios nacionales preexistentes, entre ellos el grupo Macri, crecieron y se desarrollaron al amparo de contrataciones públicas bajo gobiernos anteriores, por lo que recibieron el mote de “patria contratista”.
La característica principal de los grandes capitalistas nacionales es su escasa tendencia a la inversión de riesgo, su mentalidad rentística, su preferencia por negocios de corto plazo, alta rentabilidad y facilidad para fugar los beneficios al exterior, ya sea que estén ligados o no a la obra pública, su aprovechamiento de mercados segmentados, monopólicos u oligopólicos, la explotación de sus proveedores si son empresas de menor dimensión, y de los consumidores o usuarios generalmente cautivos.
Las características de los capitalistas extranjeros con intereses en nuestro país es que sólo invierten en negocios de rentas extraordinarias, como la explotación de los recursos naturales, en industrias con mercados protegidos y dependencia tecnológica como la automotriz, y en grandes cadenas concentradoras del comercio minorista de bienes y servicios.
¿Capitalismo autónomo con inclusión social?
Con este panorama era difícil impulsar un proyecto capitalista autónomo con inclusión
social, a la salida de una de las crisis económica, social y política más profundas que se recuerde.
Conociendo las limitaciones del momento y lugar en que les tocó gobernar, Néstor y
Cristina Kirchner no prometieron el pleno empleo ni la justicia social.
Ni siquiera como consigna se habló de “socialismo del siglo XXI”.
Sin referencias discursivas a John W. Cooke, ni a la “Patria Socialista” de la JP de los años70, para Néstor y Cristina el peronismo nunca propuso un sistema socioeconómico alternativo.
En política exterior se enfrentaron a los Estados Unidos y se alinearon con la Venezuela de Chávez y la Bolivia de Evo Morales, que sí hablaron, cada uno en sus términos, de otro paradigma.
Mucho antes de imaginar que presidirían los destinos del país decidieron ir al sur a “hacer plata”, según sus propias palabras. Así se preservaron para cuando terminara la dictadura.
La trayectoria política de los Kirchner en democracia se construyó con inteligencia para acceder a los distintos niveles del aparato estatal (Río Gallegos, Santa Cruz, y finalmente la Nación), con decisión para “hacer caja” y con habilidad para gobernar en base a ésta, concentrando poder y dinero, y repartiendo sólo una parte menor de ambos.
Los argentinos, en su gran mayoría, no objetaron los métodos.
Un país capitalista necesita capitalistas, y un país con crecimiento, inclusión social y
autonomía requiere de cierta clase de capitalistas que Argentina no tenía. No se sabe si en algún momento los Kirchner pensaron en un “capitalismo de estado” cuyo sujeto inversor fueran las empresas públicas (en la producción de bienes y prestación de servicios) o la propia administración (en las obras). Si lo hicieron, lo descartaron: la dimensión, capacidad, y lealtad de la burocracia estatal requerida, si alguna vez existió, ya había sido destruida por los gobiernos militares y civiles desde 1955 en adelante.
Dadas sus limitaciones ideológicas, sólo les quedaba una opción: crear una clase capitalista que sostuviera el proyecto y lo llevara adelante. Algunos llamaron a esto, despectivamente, “capitalismo de amigos”. Los Kirchner no solo quisieron hacerlo, sino que quisieron ser el eje de esa clase y conducirla, para lo cual debían concentrar su propio capital.
Como todo proyecto capitalista, éste requería de una “acumulación primitiva”. La única fuente posible eran los negocios con el Estado: obras y servicios públicos con retornos, desendeudamiento y consumo en base a retenciones sobre un modelo agroexportador cuya expansión se toleró, y hasta fomentó, mientras los precios internacionales crecían, fondos de jubilaciones y pensiones capturados a las administradoras re-estatizadas, pauta publicitaria para los medios de comunicación afines, retenciones impositivas capturadas por capitalistas amigos que no se ingresaban en las arcas públicas, sociedades entre testaferros y empresas preexistentes para manejar sus destinos.
Todo al servicio de una acumulación primitiva para gestar una clase capitalista “nacional y popular”.
Los sobrevivientes más ambiciosos de la juventud maravillosa de los años 70, al llegar al poder, cambiaron la consigna “Liberación o Dependencia” por “Corrupción o
Dependencia”, no por maldad ni por codicia, sino por la naturaleza de su proyecto. El resto de esa generación de militantes e intelectuales, aquellos que no estaban en el poder ni fueron cómplices de este método, salvo pocas excepciones, lo toleraron.
Doce años es mucho tiempo para una gestión del mismo signo político en el Poder
Ejecutivo Nacional, pero es insuficiente para crear una clase empresarial y sostener un
modelo capitalista autónomo con crecimiento e inclusión social. Si los beneficios sociales hubieran sido duraderos, tal vez la sociedad le hubiera dado al proyecto el tiempo suficiente para madurar.
Esto es independiente del juicio moral que se haga de los métodos.
La sociedad argentina se acuerda de la moral sólo cuando no goza de los beneficios de lo inmoral.
La mal llamada “corrupción K” no se puede entender al margen de las necesidades de su proyecto político, pero luego de 12 años de gobierno, los resultados no mostraron transformaciones estructurales relevantes con respecto a otras épocas menos “épicas”.
El rol del pensamiento crítico
Los economistas e intelectuales que sostuvieron discursivamente el “relato” del “modelo” deberían hacer un esfuerzo de pensamiento crítico y autocrítico, para buscar las razones de su agotamiento y dar sentido a la nueva etapa, más allá del “volveremos” a lo que ya se hizo, y escuchar otras opiniones.
Ellos y nosotros deberíamos tratar, conjuntamente, de responder a la pregunta de si ese modelo era viable, o si estaba condenado desde el comienzo. Permitirnos el debate sobre la correspondencia entre la promoción de un modelo económico concentrado en manos de unos pocos capitalistas “nacionales y populares”, y un modelo político centralizado que no admitió márgenes mínimos de disidencia respecto de las políticas públicas.
Preguntarnos si se puede pensar en una acumulación de tipo no capitalista, en la
organización de los sectores populares no solamente como manifestantes, receptores de subsidios y consumidores, sino también como productores de bienes y servicios públicos, como productores de bienes y servicios privados al margen de las relaciones mercantiles, construyendo bases materiales sólidas para su protagonismo político, facilitado por el Estado, pero no sujeto al gobierno.
El desafío es abrir las mentes y hacer las preguntas correctas, aunque no nos gusten las respuestas.
Se lo debemos a la sociedad que nos formó.
La corrupción se combate
cambiando el sistema político
Unidad Popular sostuvo “que ningún análisis de contexto, ni la obvia venalidad y falta de autoridad de buena parte del Poder Judicial, puede justificar una mirada concesiva sobre el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Es necesario superar discursos mistificadores y contradicciones falaces, para poder examinar con seriedad y no ocultar lo que ocurre en la realidad.
Cuando hablamos de corrupción, aludimos expresamente al vínculo del poder económico con el sistema institucional.
¿Quién puede dudar del vínculo corrupto que caracterizó la relación del poder económico con el Estado en épocas de la Dictadura? Vínculo que permitió el asalto a los recursos públicos y la expansión de un nuevo poder económico.
Podemos recordar también el fenómeno de la corrupción menemista, donde el festín privatista requirió de “retornos” que permitieron la subordinación del PJ a los intereses del capital financiero y los grupos más concentrados.
Hoy queda cada vez más claro que por detrás de lo que solemos mencionar como corrupción, se juegan distintas cuestiones. Por un lado, el fenómeno de la cartelización y los sobreprecios en la obra pública, por otro, el enriquecimiento ilícito de funcionarios, y por último, el financiamiento espurio e ilegal de la actividad política.
La corrupción del régimen capitalista, de los millonarios que gobiernan promoviendo sus negocios en el marco de la ideología neoliberal, no supone sorpresa alguna. Es la lógica de un sistema que repudiamos. La corrupción de aquellos que se enriquecieron mientras enarbolaban discursos de compromiso con los intereses populares, constituye un verdadero fraude político. Fraude que hoy, incluso, sigue siendo el único argumento con el que el gobierno actual pretende legitimar su política.
Lo que acontece es una evidencia más de la necesidad de impulsar una profunda renovación del sistema político cuya clave debe ser casualmente su autonomía respecto a los factores de poder y no el vínculo subordinado a estos. El compromiso con una política emancipatoria que termine con la desigualdad, exige la construcción de una fuerza política de estas características capaz de encarar una profunda democratización institucional.
Desde Unidad Popular, entendemos que el único antídoto frente a funcionarios que utilizan los cargos públicos en beneficio personal, es avanzar en una profunda democratización del aparato estatal. Sabemos que para terminar con la cartelización de la obra pública necesitamos de políticas y legislación anti-monopólica, y asumimos que no hay reforma política que valga si no se pone en discusión, en primer lugar, el financiamiento de la política y el impacto que este tiene en la captura y el direccionamiento de los recursos y las políticas públicas.
La Argentina de la democratización, la igualdad y la emancipación no necesita ni de los millonarios offshore ni de aquellos que se transformaron en millonarios traficando los bolsones de plata sucia de las coimas aportadas por los empresarios de la “Patria Contratista”.
