Por Mariana Portilla y José Maldonado
Fotos editoriales: Ariel Valeri
Fotoperiodismo: Luciano Di Constanzo
Sergio Massa y Alberto Fernández. Foto: Presidencia.
El desembarco de Sergio Massa en la Casa Rosada, al frente de un superministerio de Economía, Producción y Agro desde donde intentará encaminar una gestión golpeada, abre una nueva etapa cruzada por una tensión central: por un lado, el movimiento de los grandes sectores de la economía que buscan profundizar la concentración y la maximización de ganancias; y por el otro, el reclamo de los sectores populares, movilizados por medidas como por ejemplo el Ingreso Básico Universal, que exigen una agenda de gobierno vinculada a los intereses de las mayorías populares y a la esperanza que expresó el voto que dió por terminado el ciclo de Mauricio Macri allá por 2019.
En medio de una crisis agudizada por las movidas cuasi destituyentes de las últimas semanas, el gobierno nacional maniobra en un desfiladero riesgoso. Mientras intenta dar señales a los mercados y reafirma sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional -como hizo Silvina Batakis antes de dejar el sillón de Ministra de Economía- en las calles la protesta social se intensifica con un clamor para que se pongan en marcha medidas como la de la renta básica universal que permita a millones salir de la indigencia.
“Si no te gusta el salario universal, inventá otra cosa. Pero no nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados, vení a calmarnos a nosotros porque hay algunos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre para que no haya hambre en la Argentina», gritó Juan Grabois la semana pasada, en una movilización junto a la Central de Trabajadores Autónoma (CTA-A) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).
La advertencia quedó resonando en los días que siguieron, de crisis y rosca palaciega hacia adentro de un gobierno que, desde la salida de Martín Guzmán, se replegó en medidas de ajuste, mientras en la calle crecía el reclamo cada vez más fuerte de los sectores populares. Por otro lado, el de los mercados y la especulación, se desplegaban conocidos métodos para instalar un clima de hostilidad tal que logre poner al gobierno de rodillas y condicionar el último tramo del mandato de Alberto Fernández.
La corrida cambiaria que llevó al dólar blue a romper todas las barreras de lo pensado, la exacerbación de los discursos de odio, los planteos de la oposición que piden elecciones anticipadas, los sectores del campo que retienen sus cosechas para perjudicar la entrada de dólares al Banco Central, y hasta la aparición de personajes grotescos, como Aldo Rico, se conjugaron en los últimos días para empujar al gobierno al fondo de la crisis.
Por otro lado, como un vago recuerdo del 2001, la calle vuelve a tomar fuerza como territorio de protesta. Los movimientos sociales y los sindicatos copan la escena pública para manifestar su descontento por la crisis económica y social. El clamor por el ingreso básico universal o por medidas de redistribución se extiende entre los sectores populares, que también empujan al gobierno.
Militando el ajuste
Antes de saber que dejaría su cargo a Sergio Massa, Silvina Batakis voló a Estados Unidos para reunirse por primera vez, cara a cara, con la directora del FMI, Kristalina Georgieva. La promesa que dejó en Washington fue clara: reforzar las metas de ajuste fiscal que permitan cumplir con el acuerdo firmado por Martín Guzmán. “Damos la bienvenida a sus esfuerzos iniciales para fortalecer la sostenibilidad fiscal y acordamos la importancia de la implementación decisiva del programa para abordar los desafíos económicos y sociales de Argentina”, celebró la titular del organismo en su cuenta de Twitter.
Días antes, en conferencia de prensa, la flamante ministra había anunciado un combo de medidas ortodoxas que incluían el control de los gastos del Estado, a través de la modificación de la ley de Administración Pública; el congelamiento del ingreso de personal a la planta estatal; y la instrucción para que cada dependencia ajuste sus presupuestos.
Por esos mismos días, el gobierno le cerró las puertas a las organizaciones populares que reclaman la creación de un Ingreso Básico Universal y bonos de «emergencia» para los trabajadores. Alberto Fernández se limitó a anunciar un refuerzo de 11 mil pesos para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, un programa que solo abarca a 1,2 millones de beneficiarios de los cerca de 7 millones de argentinos y argentinas que necesitan imperiosamente una asistencia básica del Estado. Demasiado poco para un escenario de fuerte presión inflacionaria.
¿Seguirá Sergio Massa este camino de ajuste fiscal? ¿O dará señales para intentar contener la desbordante protesta social? ¿Continuará la vicepresidenta Cristina Fernández planteando la necesidad de medidas como el Ingreso básico universal? ¿Cómo se parará la política del Frente de Todos frente a esta tensión entre la calle y los mercados?
El Palacio por un lado, la calle por el otro
Tras conocerse la designación de Massa como superministro, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de ATE Nacional, reflexionó: “Pareciera que el Palacio anda por un lado y la calle por otro”.
El dirigente calificó como “desprolijas” las designaciones de los nuevos funcionarios, aunque se mostró cauto: “Habrá que ver si se continúa con una perspectiva de ajuste sosteniendo el acuerdo y la subordinación al Fondo Monetario Internacional, o si esto se aprovecha para dar un giro y un cambio de rumbo en una perspectiva de no seguir concediendo a estos factores de poder, cómo se concedió con la reciente devaluación a la medida de los grupos exportadores, o se plantea un rumbo distinto para redistribuir la riqueza”, declaró en Radio Provincia de Buenos Aires.
Al respecto, advirtió que si la idea es gobernar a la medida de los intereses de los grupos económicos y de las demandas de Estados Unidos, “podrá seguir habiendo fuertes demandas populares que están pendientes de concretarse”.
Cada vez peor
En las semanas que precedieron a la crisis palaciega y el desembarco de Massa en Balcarce 50, el tablero del escenario social empezó a tener cada vez más luces en rojo.
Mientras el gobierno le cerraba la puerta a reclamos como el de la renta básica y el campo acumulaba granos en los silobolsas a la espera de una devaluación, la situación de los sectores populares fue agravándose cada vez más.
En junio, la canasta básica aumentó un 4,6% en junio y una familia necesitó $104.217 para ser pobre y $46.525 para no ser considerada indigente. En su última medición oficial el organismo nacional reveló que el 37,2% de la población – 17,4 millones de personas- es considerada pobre en la Argentina y el 8,2% vive en condiciones de indigencia. Si bien a comparación del 2021 tanto la pobreza como la indigencia tuvieron un recorte que se explica por la recuperación económica superior al 10% durante el año pasado, ese alivio fue parcial.
En este caldeado clima social, cada sector tomó las riendas de su propia lucha: las agrupaciones más combativas se declararon en estado de alerta y llevaron adelante marchas a lo largo y ancho del país; mientras que los sindicatos volvieron a pedir por paritarias “sensatas” y salarios dignos.
Unidad frente a la crisis
Más de 60 movilizaciones, concentraciones y cortes de ruta se llevaron a cabo en todo el país el pasado 20 de julio para exigirle al gobierno nacional un Ingreso Básico Universal, aumento salarial de emergencia para trabajadores activos y jubilados, aguinaldo para los Potenciar Trabajo, y un estricto control de precios.
La CTA Autónoma, la UTEP, La Poderosa, el Frente Popular Darío Santillán, el Partido Piquetero y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), entre otras organizaciones, realizaron una Jornada Nacional de Lucha con un acto central en el Puente Pueyrredón.
El rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y al ajuste en curso sobre la clase trabajadora resonaron con fuerza en la jornada de protesta. “El 27 de octubre del 2019 la mayoría votó por dejar de perder derechos. Con el giro que el gobierno ha tomado y, a partir de la derrota electoral de 2021, está violentando el acuerdo con el pueblo”, dijo a Malas Palabras Oscar de Isasi, secretario general de ATE provincia de Buenos Aires.
En este sentido, recordó que cada vez que el organismo internacional pone un pie en Argentina “nuestro pueblo lucha” y aseguró que la única forma que tiene la coalición oficialista de recuperar el caudal de votos perdidos “es rumbeando hacia políticas que mejoren las condiciones de vida de las mayorías populares”.
“Por eso estamos reclamando un Salario Básico Universal que ponga a cada hogar por encima de la línea de la pobreza. En Argentina sobra trabajo, lo que falta es empleo bien pago y a eso apunta esta iniciativa. También tiene otro efecto: aumenta el consumo y, por ende, la producción”, agregó de Isasi.
Al mismo tiempo, se refirió a la decisión del Ejecutivo de prohibir el ingreso de empleados al Estado, una medida que había sido anticipada por Batakis y que regirá hasta diciembre de 2023 “con miras a garantizar un ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional”, según refiere el decreto 426 publicado en el Boletín Oficial el 21 de julio.
El texto agrega que jurisdicciones y entidades del sector público «no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza». La medida está orientada a «no gastar más de lo que tenemos», tal lo anunciado por la ministra, para mantener el equilibrio fiscal que exige el acuerdo con el FMI.
“Plantear que hay que congelar las vacantes como solución a los problemas es un discurso de otra época. Quedó probado que los estatales somos importantísimos, como lo fuimos en la pandemia, y que se refieran a un congelamiento nos da tristeza y bronca”, sentenció el dirigente bonaerense.
La fiesta de unos pocos
“Hay que cambiar el rumbo económico que hace que los trabajadores y el pueblo paguen la fiesta de unos pocos”, afirmó a este medio Juan Carlos Alderete, diputado nacional del Frente de Todos y líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
En esta línea, instó al gobierno a tomar medidas contra los especuladores para frenar el espiral de la desigualdad: “Tiene que congelar los precios y aplicar la Ley de Abastecimiento. Esta gente tan poderosa, principalmente la de la alimentación, se burla del pueblo”.
Por su parte, Marina Joski, secretaria Nacional de Mujeres y Diversidad de la UTEP, apuntó contra el Ejecutivo por “no abordar con seriedad” los enormes niveles de acumulación de los sectores concentrados de la economía.
“En lugar de calmar a los mercados debería poner las barbas en remojo y sembrar soberanía, creando una empresa estatal de alimentos, interpelando las tenencias y las concesiones de los ríos, los puertos y el usufructo de nuestra tierra”, advirtió y pidió discutir un aumento general de salarios y de programas de fortalecimiento del empleo.
También reclamó por el Ingreso Básico Universal. “Queremos una renta que no sea una nueva credencial de pobre”, puntualizó Joski y agregó: “Esto implicaría una reforma impositiva progresiva para que quienes más ganan en la sociedad sean los que más paguen”.
Las organizaciones sociales anunciaron que continuarán fortaleciendo la construcción de su unidad “por pan, techo y trabajo” y reclamando medidas contra los especuladores de siempre. “Si no hay respuestas seguiremos con nuestro plan de acción hasta que logremos nuestros objetivos”, advirtieron.
La inflación sube, el poder adquisitivo baja, mientras el gran empresariado y los sectores concentrados de poder fogonean con una devaluación. El escenario social es crítico. El gobierno lo sabe y juega su bala de plata con Sergio Massa. Empieza una etapa decisiva para el gobierno del Frente de Todos.
