Así lo demuestran los crecientes datos de inflación y pobreza por el ajuste al que obligó el acuerdo con el FMI. En una gigantesca demostración de unidad, movimientos sociales y sindicatos marcharon el pasado 18 de mayo en contra del ajuste del Gobierno y en reclamo de medidas urgentes para recuperar los ingresos de las clases populares.
Opinan: Hugo “Cachorro” Godoy, CTA-A; Omar Giuliani, Federación Nacional Territorial (FeNaT); Eduardo Belliboni, Polo Obrero y Unidad Piquetera; Natalia Zaracho, Frente Patria Grande; y Dina Sánchez, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).
Por Redacción Malas Palabras
Testimonios desde la marcha: Canal Abierto
Ilustración: Juan Soto
Las metas establecidas en el acuerdo con el FMI establecen una reducción del déficit fiscal. Por estas exigencias, el Gobierno instrumenta recortes de todo tipo, como en el caso de los subsidios y la ayuda social.
La dinámica de inflación va acompañando ese proceso, ya que el sector concentrado de la economía traslada los costos por reducción de subsidios a las tarifas. Como señaló el economista Claudio Lozano en nuestra edición de noviembre de 2022, “cada punto de inflación implica la posibilidad de mayores niveles de pobreza” .
Los datos acompañan este análisis: más del 60 por ciento de niños, niñas y adolescentes en nuestro país son pobres. Así lo relevó el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) , de abril de este año.
Y en ese sencillo acto de pagar precios con aumento, los sectores populares transfieren riqueza a grupos concentrados de la economía. Mientras tanto, la ayuda social disminuye y los movimientos sociales son estigmatizados en televisión nacional.
El ajuste, nuevamente, lo paga el pueblo.
En este fuerte escenario de crisis, distintas organizaciones del campo popular confluyeron en las calles por primera vez desde que el Frente de Todos llegó al Gobierno.
Unidad para resistir
El pasado 18 de mayo, frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y con la consigna “Contra el hambre y pobreza, por trabajo y salario” , confluyeron organizaciones como la CTA Autónoma (CTA-A), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Unidad Piquetera, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Patria Grande y el Frente Milagro Sala, entre otras.
En un fuerte gesto de unidad, exigieron un golpe de timón del gobierno ante las brutales políticas de ajuste del FMI, y la puesta en marcha de medidas urgentes para recuperar los ingresos de la clase trabajadora. También denunciaron la falta de provisiones en los comedores y merenderos.
Uno de los referentes políticos presentes en la convocatoria fue el titular de la CTA-A, Hugo “Cachorro” Godoy, para quien el futuro de los argentinos es “negro” si el Gobierno no cambia el rumbo. “Tiene que dar respuestas a la magnitud de la emergencia social que estamos atravesando. Esta situación hace que multipliquemos los esfuerzos para construir unidad entre los sectores populares”, afirmó el dirigente a Malas Palabras .
Godoy calificó como un “hito” la unidad de los movimientos sociales “para obligar al Gobierno a que deje de aplicar las imposiciones del FMI”. “Si no el hambre y la pobreza van a seguir creciendo”, advirtió.
Desde la marcha, Natalia Zaracho, del Movimiento de Trabajadores Excluidos – MTE, también caracterizó el escenario de crisis actual: “Estamos pasando esta situación por una política del macrismo que nos endeudo y claramente esa plata no la vimos. Hoy estamos en una crisis social, política y económica donde la gente no llega a fin de mes”, declaró a Canal Abierto.
Zaracho, que también es cartonera y diputada del Frente de Todos, señaló como el ajuste opera de la mano del estigma a los movimientos sociales: «Los sectores concentrados también tienen asistencia del Estado y no les están contando las costillas. Siempre somos nosotros, los últimos, los que tenemos que estar diciendo si trabajamos, dónde trabajamos, cuántas horas trabajamos, si nos llevan de las narices», sostuvo.
Un diagnóstico similar hizo Omar Giuliani, secretario general de la Federación Nacional Territorial (FeNaT), quien cuestionó las prioridades de la gestión del Frente de Todos: “Vivimos en un país donde las grandes empresas alimentarias han ganado millones en los últimos años y tenemos más de 8 millones de pibes y pibas bajo la línea de la pobreza. Está claro que la deuda no es con el Fondo, sino con nuestro pueblo”, dijo en diálogo con Canal Abierto .
Para Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero y Unidad Piquetera, quienes levantan “la bandera del rechazo al pago de la deuda externa” y el FMI, “el préstamo ha sido ilegal, ilegítimo y en contra de la voluntad popular”.
El lider piquetero también destacó la amplia confluencia que implicó la marcha. “Fue histórico -le dijo a Malas Palabras-. Fue la movilización más grande no sólo de este período de gobierno sino probablemente de los últimos 10 ó 15 años”.
Para el dirigente, ese gesto de unidad “tendría que hacerle ver al Gobierno que debería convocar a una reunión y no encerrarse en el ajuste”. “Para el Gobierno no es ‘patria o muerte’, es ‘ajuste o muerte’”, abundó.
Un acuerdo ilegítimo e ilegal
El acuerdo con el FMI asoma no sólo perjudicial sino ilegítimo. Una investigación de la Auditoría General de la Nación (AGN) echó luz sobre las irregularidades en el préstamo por 57 mil millones de dólares que se le otorgó al gobierno de Macri en 2018.
“Resultó ser el más importante de la historia de la Argentina y también de la historia del Fondo, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento de nuestro país”, indicó la AGN, y advirtió que “por su magnitud y características, impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos”.
Entre los principales hallazgos, el organismo de contralor consignó incumplimientos normativos como la falta de autorización del endeudamiento; la inexistencia del dictamen del Banco Central sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y la firma del acuerdo por parte de funcionarios sin facultades legales para hacerlo.
El informe de la AGN legitima el reclamo de distintas expresiones que vienen denunciando la toma de deuda del gobierno macrista y la suspensión del Acuerdo con el FMI, como la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, un grupo de organizaciones sociales, políticas, sindicales y organismos de derechos humanos reunidos desde el año 2020.
En las últimas semanas, la vicepresidenta Cristina Fernández definió a ese préstamo como una “estafa”, al hacer referencia a la “enorme cantidad de violaciones a la ley cometidas en el otorgamiento y posterior ejecución” del préstamo.
Otra de las críticas al FMI que se escuchan con más fuerza dentro del Frente de Todos es la de Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande y también integrante del Comité de Acreedores de la Deuda Interna. El dirigente pide “cancelar” ese convenio por “criminal” y lo utiliza como límite dentro del oficialismo; es más, al lanzar su precandidatura presidencial prometió que su primera medida de gobierno sería cancelar el acuerdo.
El informe de la AGN también revela que por el préstamo «se pagaron comisiones y gastos al FMI por más de 13 mil millones de pesos, equivalentes, por ejemplo, al 52 por ciento del presupuesto del Conicet en 2018». Pero, así y todo, «casi el 30 por ciento de los desembolsos del FMI se usaron para financiar la salida de capitales financieros».
También constató la AGN que «los procesos y procedimientos relacionados al préstamo no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda, provocando incumplimientos legales, afectando la prudencia en la administración del endeudamiento y vulnerando la adecuada supervisión del financiamiento».
Cifras que alarman
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en el segundo semestre del año pasado el índice de pobreza alcanzó al 39,2 por ciento de la población económicamente activa, por encima del 37,3 por ciento de igual período del 2021. Por su parte, la indigencia bajó levemente de 8,2 a 8,1 por ciento en el mismo lapso.
Con una población estimada en 46,2 millones de habitantes, estas cifras implican que 18,1 millones de personas están por debajo de la línea de la pobreza y, dentro de ellos, 3,7 millones son indigentes.
En cuanto a las infancias, los números empeoran: La pobreza alcanzó al 61,6 y la indigencia al 13,1 por ciento de los niños, niñas y adolescentes en 2022. Son 8,2 millones de niños que viven en hogares con ingresos que no alcanzan a comprar la Canasta Básica Total. El 50 por ciento recibe ayuda estatal. Estos datos surgen del último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Argentina de la Universidad Católica (UCA) que lleva como título «Retorno a la senda de privaciones que signan a la infancia».
“El gobierno no ha generado políticas para resolver la emergencia de ingresos de los sectores populares”, retomó Godoy, que cuestionó al ministro de Economía, Sergio Massa por anunciar medidas que “son más de lo mismo”.
“Cuando no es el ‘dólar soja’, es el ‘malbec’ o el ‘minero’, o medidas que benefician a los bancos, pero no hay decisiones de fondo para torcer el rumbo. En estos dos últimos años ha crecido fuertemente la producción económica del país, pero también la pobreza y la indigencia, una señal de que no se distribuye en absoluto la riqueza y mucho menos priorizando a los que menos tienen”, indicó Godoy a Malas Palabras.
En la misma línea se expresó Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP. “Tenemos al Fondo conduciendo nuestras economías y un Gobierno que se subordina y ajusta por abajo y no por arriba . Tenemos niños y niñas muriendo por desnutrición y una ministra que se indigna de ver a las mujeres luchando con las niñeces”, expresó la dirigente a Canal Abierto en referencia al pedido de Tolosa Paz ante la Defensoría Nacional de los Derechos de Menores por la presencia de “niños y adolescentes” en las protestas.
¿Y después?
Tras el reagrupamiento en las calles, las organizaciones evalúan sus próximos pasos en la antesala de la campaña electoral. “Esta unidad va a fortalecerse en la perspectiva de darle más fuerza y contundencia al reclamo”, señaló Godoy, que incluyó entre las demandas un “aumento de emergencia para los trabajadores, salario universal y la convocatoria al Consejo del Salario”.
“Si esto no ocurre, el pueblo debe salir con diversas expresiones de lucha y, quienes estemos en condiciones de hacer un paro, lo haremos”, aseguró Godoy. En la misma línea, Belliboni anticipó que “se va incrementar la protesta” y le dejó un llamado de atención al Frente de Todos: “No sé si eso es lo que más le conviene a un gobierno que pretende revalidar títulos en las elecciones”.
