Por Redacción Malas Palabras
Ilustración: Adictos Gráficos
El Frente de Todos cerrará su tercer año de gobierno sin haber podido plasmar casi ninguno de los proyectos que anunció para intentar cambiar la injusta matriz de distribución del ingreso en una Argentina que ya tiene casi el 40 por ciento de su población en la pobreza.
Ni Salario Básico Universal, ni Renta Extraordinaria, ni el impuesto especial a los capitales fugados pudieron avanzar en 2022, el año en que la Argentina volvió al Fondo Monetario Internacional, organismo que ahora revisa trimestralmente las cuentas del país.
En la calle, la movilización de los sectores populares viene haciendo lo suyo. El 17 de octubre, en el documento leído ante las 50 mil personas que se concentraron en Plaza de Mayo, se puso la distribución del ingreso como uno de los temas centrales. Para 2023, esa demanda va a ir in crescendo. Qué capacidad de respuestas tendrá el Gobierno es una de las grandes incógnitas que se abren en este fin de año.
En el mes de julio pasado, en medio de la crisis abierta por la renuncia de Martín Guzmán, desde Malas Palabras advertimos que para el país se abrían dos caminos: el del ajuste o el de la redistribución del ingreso. Después de la experiencia de la pandemia, cuando el Estado debió salir al rescate de sectores medios, empresas y buena parte de los actores económicos y productivos del país, parecía haberse abierto una ventana de oportunidades para discutir un tema central: cómo se reparte la riqueza en un país con recursos cada vez más valorados en el mundo, como los alimentos, el litio y los hidrocarburos.
Una de los ejes de esa discusión fue el anunciado proyecto de las rentas extraordinarias, para cobrar un impuesto único a las empresas que vienen teniendo ganancias por arriba de la media normal, con un crecimiento abrupto en sus ganancias y que hayan facturado al menos mil millones de pesos en un año. Sería un impuesto único, del 15 por ciento de esas utilidades. Las que deberían pagarlo son las 350 mayores empresas del país, todas con posiciones dominantes en sus rubros en el mercado. Si todas ellas cumplieran, el Estado argentino recaudaría unos mil millones de dólares. Suficiente como para financiar, por ejemplo, cuatro IFE de 50 mil pesos como el que se está pagando ahora a los sectores más postergados.
Desde que llegó al Congreso, en junio pasado, el proyecto no avanzó un solo paso. Hace pocos días, la vocera presidencial Gabriela Cerruti dijo que para Alberto Fernández era una prioridad en la agenda de Gobierno y anunció que volvería a impulsarlo. Incluso, trascendió que podía ser incluído en un temario de sesiones extraordinarias, si es que se llegara a llamarlas.
Pero lo cierto es que el proyecto está más dormido que nunca. Nada parece indicar que pueda avanzar en el corto plazo en un Congreso que, salvo por algunas excepciones, tiene otras prioridades. El lobby de las cámaras empresarias y la falta de decisión y músculo político del gobierno nacional para sacar este tipo de leyes lo mató antes de que nazca. En la era Sergio Massa, de orden fiscal, ajuste y cumplimiento de metas con el Fondo Monetario, la agenda parece pasar por otro lado.
El del impuesto a la renta extraordinaria es el ejemplo más concreto y claro sobre cómo el debate por la redistribución de la riqueza está cada vez más relegado en el país.
A contramano del mundo, donde decenas de países ya impusieron sin mucho conflicto gravámenes a los sectores más ricos para financiar ingresos para los sectores más pobres, en Argentina no hay un solo indicio de que esa agenda vaya a avanzar si no hay un cambio en el equilibrio de fuerzas político con el que el Frente de Todos cierra el año.
La contracara de este estado de cosas con respecto a los sectores más ricos es la situación de la pobreza, que ya alcanza con más o menos impacto a casi la mitad del país. Todos los análisis dicen y muestran lo mismo: a pesar del crecimiento económico que se vive desde la salida de la pandemia, con indicadores de actividad y ocupación laboral en suba, en Argentina el nivel de pobreza subió un nuevo escalón y ya no volvió a bajar.
La dinámica de ese proceso la va marcando la inflación, que es el reflejo de cómo el sector concentrado de la economía se impone en la puja distributiva. Como dice el economista Claudio Lozano, “con los últimos datos de inflación, que en 2022 llega al 100 por ciento, y en un contexto de enfriamiento de la actividad económica donde se deterioran los ingresos y se debilita la generación de empleo, cada punto de inflación implica la posibilidad de mayores niveles de pobreza. Lo cual es aún más preocupante en el contexto de la afirmación de un nuevo escalón en materia de pobreza que vive hoy la Argentina”.
El macrismo fue una bisagra en la pobreza en Argentina. Antes de la llegada de Cambiemos al poder, en el país el piso de la población que no llegaba a cubrir alimentos, bienes y servicios se ubicaba en torno al 30 por ciento y los indigentes al 6 por ciento. En la nueva etapa que hoy transitamos, la pobreza en promedio, se ubica en torno al 37% y la indigencia se acerca al 9% del total.
Luego del vendaval macrista y después de la pandemia, se llegó a un nuevo pico de pobreza que involucró al 47% de la población. Después, en el contexto de recuperación de la actividad económica, si bien la pobreza ha descendido lentamente lo hizo estableciendo un nuevo piso mucho más alto que el que existía anteriormente.
Hay un dato que preocupa más todavía. Este nuevo escalón es el piso a partir del cual se espera que crezca la pobreza en los próximos meses, producto de la desaceleración de la actividad económica y un posible escenario recesivo impulsado por las políticas contractivas implementadas por Sergio Massa, en conjunto con una fuerte aceleración de la inflación que está provocando un rápido deterioro en los ingresos de los hogares.
El debate por la redistribución de la riqueza parece ser hoy más urgente que nunca. En Argentina se vive un proceso de fuerte regresividad en la distribución de los ingresos, reflejado en un rápido deterioro en la participación de la clase trabajadora y en el salto en la apropiación del excedente por parte del capital. Y es un proceso que si bien se agravó durante el gobierno de Cambiemos, no pudo hasta ahora ser revertido por el Frente de Todos.
Hay en Argentina un nuevo piso de pobreza y hambre. Como reclaman muchos dirigentes sindicales y sociales que forman parte del Frente de Todos, esa fuerza política que se creó en 2019 para derrotar al macrismo debería poder reconciliarse con su propia base electoral y poner este tema como prioridad en la agenda.
