Según un desglose que acaba de publicar el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) coordinado por Ana Rameri y fundado por el director del Banco Nación Claudio Lozano, se trata de un presupuesto “contractivo” que tiene un “formato fondomonetarista”.
“La lógica presupuestaria está fuertemente atravesada por la discusión de la deuda contraída durante el período macrista. De hecho, una de las hipótesis más jugadas que sostienen este planteo presupuestario es que da por logrado un acuerdo con el FMI que permite la postergación de los vencimientos de 2022 con el organismo (por más de 19.000 millones de dólares)”, afirma el documento.
Una “lógica equivocada”
El pacto en el que descansa la Ley despejaría vencimientos, permitiría mejorar las condiciones de acceso al financiamiento y allanaría el camino hacia un “acuerdo con los actores más importantes del poder local y extranjero que podrían aportar las divisas necesarias para sostener una precaria gobernabilidad”.
En ella se prevé un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación del 33% y un dólar a $131,1 para diciembre del año que viene. Asimismo, establece un incremento del consumo público del 3,1%, del consumo privado del 4,6% y de la inversión del 3,1%. En el plano del comercio exterior, plantea una suba del 7,5% en las exportaciones y del 9,4% en las importaciones.
Para Lozano, el Presupuesto 2022 achica el déficit “en un contexto de capacidad ociosa retirando al Estado del aporte a una mayor demanda”. Y lo hace vía ajuste del gasto y no por expansión de recaudación llevado por la visión de que el escaso nivel de reservas del Banco Central no permite gastar más.
“(Es una) lógica equivocada porque expandir el gasto hacia los sectores más vulnerables impacta sobre el consumo y la demanda de alimentos, energía, indumentaria, vivienda… Todos sectores que requieren divisas para su funcionamiento. El verdadero problema que hay que resolver y frente al cual esta política solo exhibe resignación, es que en esos sectores hay grupos económicos con posiciones dominantes que elevan precios, maximizan utilidades y cambian esas utilidades a divisas. Esto exige una discusión seria sobre los controles cambiarios y de precios”, asegura el economista.
En el mismo sentido, responsabiliza a la falta de reservas en el Central –que hoy ascienden a poco más de US$ 5.000 millones– a “decisiones equivocadas” de la política económica, ya que la misma se da en el marco “de dos años en los que nuestro país acumulo más de US$ 23.000 millones de saldo comercial positivo”. Para Lozano, se debió “haber avanzado en mecanismos regulatorios de nuestro comercio exterior que fortalecieran el control sobre el ingreso y egreso de divisas” y “en estrategias de mayor progresividad tributaria y captura de rentas que fortalecieran el financiamiento fiscal”.
Al mismo tiempo, “se abusó del endeudamiento en pesos y por tanto se agravó la dependencia de la política económica respecto al establishment financiero”, resume.
¿Hay salida?
Acorde con lo que expresó la vicepresidenta Cristina Fernández en su carta pública, el informe del IPyPP subraya que, lo llamemos o no “ajuste”, en 2021 hubo una subejecución de las partidas presupuestarias –ya escasas– destinadas a gastos sociales acuciantes.
Sin ir más lejos, hacia fines de 2021 las jubilaciones y pensiones y las demás transferencias corrientes estarían perdiendo valor respecto del aumento de los precios del año. “Las prestaciones previsionales estarían perdiendo 3,6% en términos reales si la inflación es la esperada por el Gobierno o -4,6% si los precios crecen entre septiembre y noviembre un 2,5% mensual y 3% en diciembre”, resume el estudio.
“Atenerse el Presupuesto –asegura Lozano– resultó en una encerrona política que suma en el frente financiero una negociación a cargo del titular del Ministerio de Economía que sobrecumplió (al menos hasta el primer semestre) y sobreactuó las metas fondomonetaristas de ajuste fiscal alcanzando casi el objetivo de ‘déficit cero’”.
Pese a todo, con este escenario, para el economista el Gobierno “dispone de recursos para replantear la política en línea con las evidentes demandas por mayor y mejor distribución del ingreso que se expresaron en el resultado electoral”.
Y detalla: “El sobreajuste practicado por el ministro (Martín) Guzmán durante 2021, así como la monetización de los DEG (Derechos Especiales de Giro) del FMI, le brindan al Gobierno una disponibilidad de gasto equivalente al 2,2% del PBI. Existen recursos por $952.000 millones para impulsar un shock distributivo que impulse una potente intervención sobre las urgencias reales de los sectores más vulnerables, que por esta vía le otorgue un impulso adicional al consumo y a la demanda en el mercado interno, propiciando una aceleración en la tasa de crecimiento del PBI”.
