La norma sancionada recientemente busca garantizar derechos de los trabajadores ante el avance del sector empresario que aprovechó la cuarentena para imponer el trabajo remoto. Pero, ¿son éstas las medidas necesarias? La mirada de Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.
El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, analizó la Ley de Teletrabajo que comenzará a regir 90 días después de que termine el aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Es una forma de trabajo esencialmente precarizante”, afirmó sobre la modalidad en discusión.
La nueva norma fue impulsada por los sectores de tradición sindical en el Congreso frente al reclamo empresario que ya hablaba de la necesidad y los beneficios del trabajo remoto, que “supone un traslado de costos que hoy son de los empresarios a las personas que van a trabajar en sus casas”, advierte el abogado. Sin embargo, para Cremonte la intención de proteger a los trabajadores de la explotación en sus propias casas es “dudable”.
Los empleadores deberán garantizar las condiciones, “sobre todo en internet, software, etc.”, además de respetar una jornada laboral limitada. La diferencia con el trabajo remoto durante la cuarentena es que es estrictamente en el domicilio, mientras que la modalidad que se acaba de regular puede realizarse desde cualquier lugar del mundo con conexión a internet.
“Desde un punto de vista estrictamente jurídico, pero con un posicionamiento protector, diría que el teletrabajo es una forma de trabajo esencialmente precarizante y lo que una ley debiera hacer es desalentarlo, no simplemente plantear un decálogo de derechos y medidas para que no sea tan precarizante”, dice el letrado, que también es director del equipo Jurídico de la Asociación Trabajadores del Estado.
Para esto se requiere que “tenga más costos para el empleador y más derechos para los trabajadores”, -agrega Cremonte- de modo que sea una opción excepcional “y no una posibilidad a la que rápidamente pueden recurrir”. Porque, justamente, el no asistir a un establecimiento laboral implica menos costos para los empleadores y, además, la separación del trabajador del colectivo laboral.
