Redacción: Malas Palabras
Fotos editoriales: Ariel Valeri
Tras el frustrado intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, el Tribunal Oral Federal Número 2 retomó el juicio por la denominada “Causa Vialidad”. El debate por la supuesta adjudicación irregular de obras públicas en Santa Cruz se convirtió en la última y cabal muestra del lawfare: el Poder Judicial actuando como brazo ejecutor de un plan para que sectores de poder puedan intervenir en el escenario político y proscribir a dirigentes populares.
Todo comenzó con una imagen que compartió en sus redes la vicepresidenta y rápidamente se viralizó. Una foto que no podía ser más explícita. En las canchas de fútbol de la quinta Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri, el juez y el fiscal de la causa contra la vicepresidenta se abrazan sonrientes. Todos tienen puesta la misma camiseta, la del equipo que también tiene en sus filas a intendentes del PRO y familiares de Horacio Rodríguez Larreta.
Las imágenes del “Deportivo Lawfare” se conocieron a pocos días de que el fiscal Diego Luciani le pidiera al juez Rodrigo Gimenez Uriburu, ambos de ese “plantel futbolístico”, que condene a la ex Presidenta a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
De esta forma, Cristina Fernández pasó a engrosar la lista de los emblemáticos casos de lawfare contra los ex presidentes brasileños Dilma Rousseff y Lula Da Silva, Fernando Lugo en Paraguay, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. Con matices y particularidades, todos los casos tienen en común a un sector del Poder Judicial moviéndose como brazo armado de los sectores del poder concentrado de América Latina para proscribir liderazgos de referentes populares de la región.
Inicialmente asociado a una “guerra contra la corrupción”, el lawfare resultó ser efectivo para sus objetivos. Al menos en el corto plazo. En 2019, Jair Bolsonaro llegó a la presidencia de Brasil mientras el dirigente con más respaldo popular estaba preso por orden del juez Sergio Moro, quien luego fue designado ministro de Justicia del nuevo gobierno. Como en el ejemplo del equipo de fútbol de jueces y fiscales en la quinta de Macri, en Brasil los vínculos promiscuos entre los actores que forman parte del dispositivo político-judicial saltan a la vista apenas se pone un poco de atención.
Hasta el Papa Francisco viene denunciando el mecanismo, cuando señala que se recurren a acusaciones falsas contra líderes políticos en sintonía con los medios de comunicación, los opositores y los órganos judiciales colonizados.
La avanzada contra Cristina Fernández produjo efectos significativos, con alineamientos de un lado y del otro. Incluso a nivel internacional. En Argentina, mientras el fiscal Luciani pedía prisión y proscripción para la vicepresidenta, el senador estadounidense ultra conservador Ted Cruz envió una carta al Departamento de Estado para que sancione a la vicepresidenta por supuestos “actos corruptos” y por «socavar los intereses de EEUU en el país y la región». La movida contó con el respaldo de Eduardo Bolsonaro, el hijo más fanático del presidente brasileño. Los actores del lawfare, alineados.
En paralelo, figuras políticas de la región salieron a denunciar la persecución judicial y política contra Cristina a través de fiscales y jueces “que buscan proscribirla”. Evo Morales respaldó a CFK y denunció la “doble moral del intervencionismo yanqui”, al recordar que Ted Cruz recibió 749 millones de dólares de fabricantes de armas para solventar su campaña.
“Movieron con extraña rapidez un proceso judicial que no la vincula, pasando por encima del debido proceso y que busca impedirle presentarse en las próximas elecciones: todo una farsa”, aseguró el ex presidente colombiano Ernesto Samper Pizano, uno de los primeros líderes latinoamericanos que salieron a respaldar a CFK.
A su voz, se sumaron las de los presidentes Alberto Fernández, el boliviano Luis Arce, el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el colombiano Gustavo Petro, quienes sostienen que este «acoso» busca «sepultar los valores e ideales” que representa la titular del Senado “con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal».
EL LAWFARE EXISTE
Los sectores señalados como operadores -sobre todo de los medios de comunicación- intentan relativizar el mecanismo, al señalar que denunciar lawfare es una “excusa defensiva” de los y las perseguidos por esas operaciones mediático-judiciales. Que son “opiniones”. La abogada, periodista y docente Analía Elíades es clara: el lawfare existe y está vigente. “Hace ya tiempo el doctor Ricardo Lorenzetti viene sosteniendo que el lawfare ‘no existe’. No es el único. Niegan una realidad por demás demostrada con antecedentes en América Latina”, afirma.
La persecución a líderes políticos de primer nivel no es el único tipo de lawfare. También hay seguimiento y silenciamiento a distintos líderes populares. Eliades menciona los casos de Milagro Sala -detenida sin condena firme desde el 16 de enero de 2016 por participar de un acampe en Jujuy- o de aquellos trabajadores y trabajadores perseguidos, silenciados y amedrentados con armado de causas, como la conformación de la Mesa Judicial bonaerense y la autodenominada “Gestapo” durante el gobierno de María Eugenia Vidal, una conspiración, entre dirigentes macristas y ex espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para encarcelar a dirigentes gremiales.
“Para aquellos que no les convence el término digámosle ‘causas armadas’, diseñadas por ese entramado político-judicial-económico-mediático para perseguir y ejemplificar. Incluso el propio fiscal Diego Luciani lo reconoció en el alegato de la Causa Vialidad: le pidió al Tribunal una ‘sentencia ejemplar’ para disciplinar a toda dirigencia y militancia política popular”, agrega la abogada.
REPERCUSIONES
Cabe recordar que CFK decidió usar su canal de Youtube luego de que el juez Giménez Uriburu le impidiera ampliar su declaración argumentando que sólo puede realizarse previo al inicio de los alegatos. Allí, la ex mandataria agitó el debate por el accionar de los funcionarios judiciales que integran el Tribunal Oral Federal 2.
El alegato del fiscal Luciani “es una pieza de invento retórico que construye una realidad por fuera de lo que dice y lo que tiene colectado el expediente oficial. El tribunal debería haberlos parado y decirles que se refieran al objeto procesal del expediente. Esto no fue así y no por ignorancia de los magistrados, sino porque obviamente tenían que traer algo que pudiera impactar a la opinión pública, por lo que volvieron a revolear las bolsas de José López al convento”, sostiene Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, a Canal Abierto Radio.
Por su parte, Juan Ramos Padilla, titular del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 29 de la Capital Federal, asegura nunca haber visto “una chantada” de tal magnitud exhiba por Luciani “llena de hipocresía, ignorancia y desvergüenza: pasará a la historia más sucias de las persecuciones judiciales”
En diálogo con Malas Palabras, reafirma que hay un ensañamiento particular contra la vicepresidenta porque “es la líder más importante” del campo nacional y popular. También considera que existe una cuestión de género detrás del ataque a su figura porque el Poder Judicial “es machista”: “Ahí los tenés, cuatro varoncitos en la Corte”.
El repudio a las maniobras de persecución proscriptiva se encarnó en actos masivos a lo largo y ancho del país. «Ni indulto ni amnistía: Justicia» fue el pedido que hizo Cristina Fernández desde sus redes sociales en medio del debate que se abrió sobre las alternativas que existen para enfrentar una eventual condena.
La actuación del “Deportivo Lawfare“ no hace más que ejemplificar cómo se ejecuta la persecución a líderes progresistas de la región en ámbitos de la justicia: un relato sesgado, pruebas forzadas y sacadas de contexto, argumentos flojos desde el punto de vista técnico procesal.
EL RUMOR DE LAS CALLES
La movilización popular a favor y en contra de la figura de CFK, ya consagrada objeto de odio de sectores lumpenizados, fue in crescendo y tuvo una de sus jornadas más álgidas el sábado 27 de agosto, cuando Horacio Rodríguez Larreta decidió vallar Recoleta para impedir que los manifestantes lleguen hasta el departamento donde vive CFK, para expresarle apoyo. Ese día, efectivos de la Policía de la Ciudad golpearon, hostigaron y detuvieron a manifestantes, entre los que había legisladores, funcionarios y dirigentes políticos. El alcalde porteño se “halconizó”, corrido por derecha por Patricia Bullrich y por el propio electorado del PRO. Se anunciaba la llegada de la imagen de CFK con un arma a centímetros de su cabeza y el ruido del gatillo.
Después del paso al acto de quienes se encienden con los discursos de odio, resta escribir las consecuencias del intento de magnicidio de CFK. Incluso en lo referido a la actuación del ”Deportivo Lawfare”: la causa Vialidad sigue su curso y se calcula que los jueces se expidan en diciembre o recién a partir de febrero próximo, después de la feria judicial.
