Mediante una proclama, la CTA Autonoma, junto a otras organizaciones políticas, sindicales y sociales, y referentes de ámbito judicial y cultural, instaron al Gobierno Nacional a priorizar «el estado de necesidad» por sobre los compromisos de deuda contraídos con el FMI y otros organismos. El documento completo en esta nota:
En épocas de crisis las sociedades se ponen a prueba. La defensa del interés general debe prevalecer por sobre los intereses individuales, y el uso de los recursos públicos debe priorizar el bienestar general, velando por la protección de los sectores más vulnerables.
Una pandemia, de la magnitud como la del COVID 19, que hoy sufre la humanidad, exige que todos los esfuerzos se destinen a contrarrestar sus enormes daños económicos y sociales y, su superación, garantizando la atención médica de los enfermos y la vacunación.
En plena pandemia, los desequilibrios y las desigualdades en el mundo se han profundizado, ya que los poderosos y quienes especulan con la crisis incrementan sus riquezas mientras, sobre las mayorías, recae el costo más alto de esta conmoción mundial que deriva en más pobreza, más desempleo, más marginalidad, más hambre. También se posterga la atención de la salud y la imprescindible y urgente vacunación universal.
Lamentablemente, no ha habido una respuesta vital y vigorosa por parte de los líderes mundiales ni de los organismos multinacionales. El apoyo internacional para contrarrestar los efectos devastadores de la pandemia y la extensión de la vacunación son marginales, y no se brindan alternativas a países periféricos que se encuentran ya empobrecidos y endeudados, sino, por el contrario, se exige a éstos mayores ajustes regresivos.
Nuestro país se encuentra en una situación de “estado de necesidad” que le impide afrontar los compromisos de deuda contraídos, especialmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos, bajo riesgo de afectar intereses superiores que el Estado debe proteger, en un contexto de pandemia: la vulnerabilidad social, la salud, el trabajo, la educación y la vivienda del conjunto de la población.
Es por eso, que estimamos imprescindible que los recursos públicos y las divisas disponibles del país, se destinen prioritariamente al cuidado de la vida y la salud de nuestro pueblo y a paliar el impacto social de la crisis.
Con esa idea central es que proponemos:
..Impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses con el FMI y el Club de París, mientras se extienda la emergencia
–Reprogramar los vencimientos con todos los organismos financieros internacionales con plazos acordes a las verdaderas posibilidades de pago del país.
–Renegociar la disminución de intereses, cargos y comisiones previstos en los acuerdos
–Utilizar la cuota que le correspondería a la Argentina (estimada en aproximadamente
4.350 millones de dólares), de la emisión esperada de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del FMI de USD 650.000 millones totales, para fortalecer las reservas internacionales del BCRA, aliviando las restricciones que limitan la atención de los graves problemas derivados de la pandemia Covid 19 y privilegiando la salud, educación, vivienda, trabajo, reducción de la pobreza e indigencia, entre otros y no al pago de la deuda por capital, intereses o gastos .
–Apoyar la querella criminal iniciada por el Gobierno Nacional contra los funcionarios actuantes del anterior gobierno en la obtención del préstamo “stand by”.
Investigar el destino de los fondos de dicho préstamo para identificar a los responsables de la fuga de capitales, puesta en evidencia por la investigación del Banco Central de la República Argentina.
–Exigir al FMI que brinde todo el apoyo para continuar con las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima y que, asimismo, colabore en encontrar los fondos fugados del país.
Ya en perspectiva, superada la pandemia:
–Destinar prioritariamente los recursos del país a impulsar el desarrollo integral de nuestro pueblo y de las fuerzas productivas de forma sostenida en el tiempo, para que se recomponga el tejido social, hoy profundamente debilitado.
Deuda: responsabilidades, prioridades y alternativas
La deuda, resulta impagable y dificulta el accionar del Estado para hacer frente a la crisis sanitaria y económica, e impide proyectar un futuro desarrollo de la Argentina.
En menos de tres años, el gobierno de Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos endeudó vertiginosamente al país, tanto con capitales privados como con el FMI, suscribiendo con éste, el acreedor más condicionante de todos, un préstamo que es el mayor tomado por Argentina y el mayor otorgado por ese organismo en toda su historia.
A partir del proceso de apertura financiera y colapso especulativo, en poco tiempo empeoraron todos los indicadores de endeudamiento (relación deuda/PBI, deuda/exportaciones, perfil de vencimientos, composición de endeudamiento por tipo de moneda y por acreedor), a tal punto que el gobierno de Macri fue el primero en no pagar su propia deuda en pesos, incluso, batiendo el que tal vez sea un récord mundial: defaultear la deuda en la propia moneda nacional.
El gobierno del presidente Alberto Fernández renegoció la deuda con los acreedores privados externos y locales, en moneda extranjera y doméstica. Sin embargo, ese esfuerzo de reestructuración de deuda con el sector privado no produjo los resultados esperados en términos de disminución del riesgo país y del ingreso de divisas esperado.
En ese marco, las negociaciones con el FMI afrontan un complejo panorama, ya que éste propone únicamente un acuerdo a 10 años, por lo cual se transformaría en un auditor permanente de las cuentas del Estado Nacional e impondría sus condicionantes, perjudiciales para el presente y el futuro de Argentina. No podemos obviar la corresponsabilidad del Fondo en el endeudamiento de Argentina, violando sus propias normas (art. 6° del Convenio Constitutivo) y facilitando la fuga de capitales.
Existen explícitas evidencias que, en el corto plazo, el apoyo del FMI tuvo como objetivo garantizar la reelección de Mauricio Macri, lo que no pudo lograr. Pero en el mediano y largo plazo la finalidad de este gigantesco endeudamiento impagable es tener a la Argentina encadenada por años a la supervisión y auditoría del FMI, para que ningún gobierno de signo popular pueda desarrollar su programa y deba resignarse a los ajustes permanentes.
Ante serios indicios de irregularidades y corrupción en el proceso de endeudamiento del país que llevó adelante la gestión de Cambiemos, el presidente Alberto Fernández ha impulsado una querella criminal por la comisión del delito de “administración fraudulenta agravada en perjuicio del erario público” contra los funcionarios de ese entonces. Es un paso positivo importante que pone en la agenda pública, tanto nacional como internacional, un problema que por su envergadura y magnitud impactará también en las próximas generaciones.
Proyecciones fundadas muestran que, con una renegociación a 10 años con un Plan de Facilidades Extendidas y una tasa de interés reducida, del 2% anual, contemplando los vencimientos de capital e intereses de la deuda externa nacional con acreedores privados, con el FMI, con otros organismos internacionales y la correspondiente a las provincias, el país necesitaría destinar unos 15.000 millones de dólares por año para cancelar esos vencimientos.
En esta perspectiva, seguir en este curso de acción lleva a resignar prioridades sociales y de crecimiento económico. No es difícil prever un sendero tortuoso como el impuesto a Grecia, o el fuerte recorte del gasto público en Ecuador, o la inagotable sucesión de crisis en Egipto, o en estos días el propósito de imponer mayores impuestos regresivos al pueblo de Colombia. Todo ello promovido y aprobado por el FMI.
La realidad se impone: no se puede seguir manteniendo los pagos de una deuda pública que no fue contraída para satisfacer necesidades del pueblo ni del país, que no sirvió para construir hospitales, puentes o escuelas o recuperar la infraestructura, sino para enriquecer al puñado de poderosos que consumó la fuga de capitales que el préstamo del FMI financió y consintió con pleno conocimiento de su malversada utilización.
Consideramos indispensable que se complete la auditoría y, ya con evidencias puntuales, extender las querellas a los responsables, para que pueda plantearse el levantamiento de secretos bancarios y societarios, tanto a nivel nacional como internacional. Para que se pueda poner al descubierto y conocer cómo se concertaron esas operaciones y quiénes son las personas físicas y jurídicas comprometidas, y que sean ellos, los verdaderos beneficiaros del endeudamiento con el FMI, quienes devuelvan esos fondos.
En este sentido, entendemos necesario exigir al FMI y otros organismos internacionales que brinden todo el apoyo para continuar con las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima y que colaboren en encontrar y restituir los fondos fugados del país.
Si alguien debe pagar, que sean los jugadores especulativos devolviendo el dinero y los funcionarios de entonces, solventando con su patrimonio las irregularidades cometidas, para que el pago no sea a costa del pueblo trabajador y de la salud de los argentinos, de los jubilados, los maestros, los necesitados.
El FMI debería no sólo adoptar un plazo en el que sea posible acotar el servicio de deuda del país, sino que sería justo que reconozca una quita de capital, a manera de compensación por las faltas cometidas en el otorgamiento del préstamo, sin desmedro de las consecuencias fácticas en que pueda derivar la auditoría.
El caso argentino no es uno más, sino que constituye una bisagra de fin de época. El FMI es un organismo que no debería fomentar ni planes de ajuste ni modelos económicos que condicionen los derechos políticos de las ciudadanías a darse sus proyectos económicos, ni los derechos sociales de los sectores vulnerables de las economías periféricas.
En el marco de la actual situación de crecimiento desmesurado de las deudas soberanas, especialmente en nuestra América Latina, siendo Argentina “un caso testigo”, es indispensable trazar una política exterior que tienda a fortalecer lazos para lanzar e impulsar una campaña internacional de esclarecimiento de la situación del endeudamiento de los países periféricos y proponer alternativas y acciones conjuntas para impulsarlas.
El mundo, no solo Argentina, se encuentra ante una crisis excepcional que requiere respuestas acordes a las prioridades de una emergencia sanitaria, social y económica inédita y no que profundicen aún más los enormes e injustificables desequilibrios que ya padece la humanidad.
El presente y el futuro están en juego.
