Por Nicolás Poggi
Ilustración: Adictos Gráficos
La agenda de la soberanía fluvial cobró nuevos bríos desde que se concretara la decisión de avanzar con el dragado del Canal de Magdalena. La voluntad fue sellada por el presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que anunciaron en Casa Rosada la puesta en marcha de una de las obras marítimas más importantes de la historia del país. Se trata de un proyecto largamente reclamado por distintos sectores que militan la soberanía hídrica.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicado en agosto pasado, el Proyecto Canal Magdalena es una “pieza clave para la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur, ya que brinda una salida directa al mar y mejora la conectividad fluviomarítima, permitiendo conectar la Cuenca del Plata con la Antártida sin tener que atravesar por aguas administradas por otro país”.
El canal es un cauce natural de la sección media del Río de la Plata y con una profundidad de unos 4 metros y medio. Justamente ese nivel impide que los barcos puedan usarlo como vía de ingreso a los puertos del Río de la Plata, Río Paraná y Río Uruguay, por lo que deben pasar por el puerto de Montevideo, a cargo de capitales ingleses.
El proyecto oficial contempla una ruta de navegación de aproximadamente 53 kilómetros de longitud por 200 metros de ancho, con una profundidad de hasta 12 metros, de modo tal de permitir la navegación de los buques.
Esto habilitaría una salida directa al Atlántico: las embarcaciones evitarían tener que pasar por el puerto de Montevideo, abaratando los costos de traslado.
También la obra abriría también una línea directa de comunicación entre la costa sur de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia, reactivando el sistema de navegación y, también, reduciendo los gastos de transporte para el sur, que hoy se hacen por vía terrestre con camiones.
HISTORIA DE UN APLAZO
Un vez que en 2015 Argentina y Uruguay terminaron de ponerse de acuerdo, como vecinos con una vía fluvial común, y se le diera luz verde a la apertura del Canal de Magdalena, el cambio de gobierno de este lado del Río de la Plata -con la llegada de la administración de Mauricio Macri- implicó entonces la paralización del proyecto.
A comienzos de la gestión de Gobierno del FDT, se incluyó la obra en los Presupuestos de 2021 y 2022, en este último caso sin poder aprobar la ley de leyes por la negativa de la oposición. Así se llegó al anuncio del Presidente con Kicillof del mes pasado y a la incorporación del proyecto en el paquete de gastos del año próximo. El 2023 podría significar un cambio de la corriente.
ANUNCIO OFICIAL
A principios de septiembre, el Presidente y Kicillof se reunieron para analizar los próximos pasos para avanzar en la licitación y construcción del Canal Magdalena. Los fondos para su realización serían incluidos en el Presupuesto 2023 con el visto bueno del Ministro de Economía Sergio Massa, y las tareas están previstas para empezar en marzo de 2023.
El anuncio dejó satisfechos (y expectantes) a todos los sectores que integran la Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberanía Nacional del Río Paraná y el Canal de Magdalena, una confluencia de organizaciones sociales, intelectuales y gremiales que reclaman no sólo la apertura del canal sino la administración estatal de la Vía Navegable Troncal (VNT), que conectan los ríos Paraná, Paraná de las Palmas y el Río de la Plata.
Esta Mesa Coordinadora está integrada por la CTA Autónoma, la CGT, ATE, la agrupación Soberanos, el Frente Social y Popular de Santa Fe, y organizaciones diversas.
A la hora de hablar sobre la “soberanía hídrica”, Hugo “Cachorro Godoy (ATE, CTA-A), le atribuyó un valor “fundamental” al proyecto porque permitirá que sea el Estado el que administre sus propios recursos para garantizar la “reducción de precios y promover la reactivación económica”.
“Soberanía y justicia social son dos banderas fundamentales para reencauzar la intervención de las políticas públicas y encontrarle salida a la crisis que atravesamos”, destacó el dirigente en diálogo con Malas Palabras.
CONTRAPUNTOS POR RESOLVER
El Canal de Magdalena está pensado para ser la salida de la Vía Navegable Troncal (VNT), conocida como la “Hidrovía”. En abril del 2021 venció la concesión de la empresa “Hidrovía SA” -un consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul- que durante 25 años tuvo la concesión de la VNT -esto es, dragado y balizamiento, con el correspondiente cobro del peaje.
Desde entonces el Estado se hizo cargo a través de la Administración General de Puertos, al tiempo que abrió una convocatoria nacional e internacional vía decreto para una nueva concesión. Sin embargo, una nueva administración privada de esta vía navegable es resistida por la Mesa Coordinadora por la Soberanía Nacional.
Consultado para la edición del pasado julio de Malas Palabras, el diputado por el Frente Social y Popular de Santa Fe e integrante de la Mesa Coordinadora por la Soberanía, Carlos del Frade, decía que con la privatización de la VNT, el Estado “simplemente mira lo que entra y lo que sale sin ningún tipo de participación“.
Esto significa “un pésimo negocio para el pueblo argentino en un contexto en el que hay millones de personas por debajo de la línea de la pobreza. Hay que reivindicar un rol activo del Estado, a través de la Administración General de Puertos, para la administración, supervisión y planificación de lo que pase con el Paraná, contemplando el desarrollo de la industria nacional ferro naval“, afirmó Del Frade.
El proyecto Canal de Magdalena sin duda sería beneficioso para los intereses nacionales en el comercio nacional e internacional, pero se mantiene activa y crítica la observación de sectores que militan la soberanía hídrica.
