La salida de Guzmán y la llegada de Silvina Batakis a Economía abre una nueva etapa, con expectativas distintas sobre el rumbo de “la lapicera” de Alberto Fernández. El vínculo con el FMI, ingreso básico universal y ganancias extraordinarias, tarifas y puja salarial, en la agenda urgente del Gobierno.
Por Mariana Portilla y José Maldonado
Fotos editoriales: Ariel Valeri
La crisis política que derivó en la salida de Martín Guzmán del gobierno del Frente de Todos y el desembarco de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía abre una nueva etapa en el país que se definirá por una pregunta central: ¿ajuste o redistribución?
Sobre este dilema gira hoy el debate en la coalición de gobierno, en un contexto marcado por el corset del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las metas fiscales pautadas por el ahora ex ministro Guzmán y, en contraste, una población cada vez más numerosa de trabajadores bajo la línea de pobreza, golpeada por una inflación que se ensaña con los sectores populares.
De las decisiones políticas que se tomen en esta encrucijada dependerá cómo transitará el gobierno del Frente de todos a su último año y medio de mandato, y si será capaz de cumplir con el contrato electoral con quienes lo votaron.
La llegada al Ministerio de Economía de Batakis parece dar señales sobre un nuevo rumbo, menos pegado a la ortodoxia fiscal que el que venía llevando adelante Guzmán, pero con planteos urgentes sobre la mesa.
Uno de ellos es el Ingreso Básico Universal. ¿Pondrá en marcha el gobierno este viejo reclamo de organizaciones sociales y sindicales? La iniciativa resurgió en los últimos meses, en medio del debate por la política de planes sociales, y derivó en un proyecto de ley presentado en el Congreso en mayo pasado por diputados oficialistas. Básicamente, se plantea extender a unos siete millones de trabajadores informales un refuerzo de ingreso para combatir la indigencia.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner suscribe a la iniciativa y habló del proyecto en su última aparición pública, en Ensenada. Desde La Cámpora y Juan Grabois también presionan a Alberto Fernández para que se avance en esa dirección. Pero, por ahora, Batakis no dio muchas señales alentadoras. “Es un tema que tenemos que debatir. Ni siquiera está resuelto en los países más desarrollados”, manifestó en su primera aparición pública, en la que además dijo que cree “en el equilibrio fiscal”.
Silvina Batakis jurando al frente del Ministerio de Economía, después de la renuncia de Martín Guzmán. Foto: Télam.
REDISTRIBUCIÓN URGENTE
Algunos números son alentadores. Por ejemplo, el crecimiento de diez puntos del PBI argentino en 2021. O los más de mil millones de pesos adicionales facturados por un sector concentrado de la economía argentina como consecuencia del aumento de los precios por la guerra en Ucrania. Sin embargo, nada de esto mejora los indicadores de pobreza en nuestro país. Pareciera ser el verdadero “problema de crecimiento” de Argentina: o empieza a impactar en los sectores populares, o continúa siendo acumulado por unos pocos, como hasta ahora.
La cuestión de la redistribución es una de las primeras que pusieron desde la mesa varios dirigentes en las primeras horas tras la salida de Guzmán. “Esta es una oportunidad para sacarse las ataduras del FMI y tomar medidas urgentes como la aplicación de un Salario Universal que avance en una redistribución equitativa de los ingresos”, dijo el secretario general de ATE Hugo “Cachorro” Godoy.
“Como nos dijo la ahora Ministra de Economía en el Seminario ‘Hacia Un Estado Democrático y Popular’ que realizamos en ATE: ‘Tiene que haber un Estado y ese Estado tiene que conducir la economía’”, recordó.
Para Ricardo Peidro, secretario general de la CTA-Autónoma, es fundamental poner sobre la mesa la discusión por el Ingreso Básico Universal: “Ese crecimiento, que dice el Gobierno que se da desde determinados parámetros macroeconómicos, no llega al conjunto de la clase trabajadora”.
En diálogo con Malas Palabras pidió que la flamante ministra aplique con urgencia medidas distributivas del ingreso. “Lo planteamos cuando fue el Impuesto a las Grandes Fortunas, pero tienen que ser iniciativas permanentes porque no hay ninguna posibilidad de terminar con la desigualdad de la sociedad sin tocar los intereses de los que más ganan en esta crisis”, concluyó.
En la misma línea, Claudio Lozano, director del Banco Nación, expresó: “Debe replantearse la posibilidad de recobrar impuestos a los sectores de mayor capacidad económica para que el Estado no tenga que depender tanto del financiamiento de la deuda con el poder económico local”.
Por su parte, el economista Tomás Raffo indicó que la llegada de Batakis “es el resultado del fracaso de la política económica de Guzmán” y puso la lupa en el acuerdo que Guzmán selló con el FMI.
“Se desaprovechó la oportunidad histórica de ubicar al FMI como corresponsable de la crisis económica y financiera que vive la Argentina. En ese marco, se hizo un acuerdo recesivo que determinó un mayor deterioro social, una mayor expansión de la pobreza y de la indigencia, y que se reflejó en la derrota del oficialismo en las elecciones del 2021”, sostuvo.
Al respecto, consideró que la designación de Batakis representa la decisión del gobierno de Alberto Fernández de no seguir profundizando una política de “ajuste y sufrimiento social”.
“La ministra debería pensar con urgencia en un plan de transferencia de ingresos para los sectores más vulnerables. Me parece que la propuesta del Ingreso Básico Universal es la clave para empezar a modificar el deterioro social, puesto que se trata no solo de tener trabajo sino de que los salarios estén por arriba de la evolución de los precios”, agregó Raffo.
Esta medida, para el economista, debería ser el norte que permita poner en línea la política fiscal con una mayor apertura del gasto e incidencia de los impuestos progresivos, “que vaya sobre la captura de los patrimonios y la renta de los sectores más acomodados”; y permita combatir a los sectores monopólicos de precios, discutiendo el control del comercio exterior para evitar que se siga ampliando la brecha entre el tipo de cambio oficial y el blue, “que solamente anuncia una futura devaluación”.
MENÚ DE MEDIDAS
Orden de cuentas fiscales, acuerdo con el FMI, segmentación de tarifas de electricidad y gas, control de precios e inflación, son algunos de los ejes de trabajo que abordará la agenda de Batakis, quien dio señales de continuar con el plan económico que el gobierno viene desarrollando hasta el momento.
Distintos espacios que conforman el Frente de Todos respaldaron la designación de la ex funcionaria de Daniel Scioli en provincia de Buenos Aires, pero insistieron que sin la redistribución de recursos no se puede encarar la reconstrucción productiva.
“Nosotros quisiéramos que el camino sea la redistribución, pero no hay muchos signos de que el gobierno vaya por ahí”, aseguró Leticia Quagliaro, presidenta del partido Unidad Popular: “Necesitamos un shock de justicia social, así no podemos seguir. Los votos no están comprados. En las PASO la gente salió a decir ‘por acá no es’”.
Para la dirigente santafesina, la coalición de gobierno “está en manos de dos o tres sectores”, por lo que nunca pudo terminar de construirse en una herramienta política. “No ha logrado ser la fuerza política que necesitamos para transformar al país. Hay que buscar el máximo nivel de unidad y conectarse con el territorio”, sentenció.
Por su parte, Gastón Harispe, diputado del Parlasur por el Frente de Todos y secretario general del Movimiento Octubres, propuso redefinir el rumbo de la economía con una alianza renovada: “Necesitamos una conducción política y una alianza que vuelva a ser mayoritaria, con los sectores medios, comerciales y empresarios, o sea, necesitamos poner en marcha una política productiva”.
Y agregó: “Tenemos que dar muestras de que queremos controlar las distorsiones que genera el comercio exterior, que no son solamente distorsiones de precios vinculadas al mercado interno, aquí habría que exigir la apertura del Canal de Magdalena y comprar barcos. Hay una Argentina que se va como agua entre los dedos a través de la venta de cereales”.
Las tareas que Batakis tiene por delante no son sencillas. Lidiar con un escenario macroeconómico complejo, contener una inflación de las más altas del mundo y resolver el problema bimonetario del país, entre muchas otras. Pero con un desafío urgente: afrontar las profundas desigualdades que existen en el campo social, en el que apremian medidas a favor de la redistribución. ¿Para qué lado se usará la lapicera?
EL TIEMPO DEL SALARIO BÁSICO UNIVERSAL
En las primeras horas de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía, el reclamo para que el gobierno avance con medidas de sostén de los sectores populares y los trabajadores informales a través de un shock redistributivo se escucha cada vez con más fuerza.
El “Salario Básico Universal” se instaló muy rápido en el centro de la agenda, a tal punto que Cristina Kirchner lo mencionó durante su acto en Ensenada: «Lo charlé mucho con Juan Grabois y creo que tenemos que empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico”, dijo la vicepresidenta en el mismo momento en que Martín Guzmán presentaba la renuncia.
Pero la idea existe en distintas partes del mundo. Quizás con pequeñas variaciones de denominación pero en esencia coinciden en proponer un salario universal por parte de los Estado nación, que llegue a la totalidad de la población para cubrir las necesidades básicas. En general surgieron signadas por un contexto de concentración de la riqueza inédito en la historia de la humanidad, y cobraron más fuerza por la parálisis económica producida por la pandemia de COVID-19.
En nuestro país a principios de los 2000 todavía no se hablaba de “renta básica” o salario universal, pero el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO) proponía inyectar un piso de ingresos al funcionamiento del deprimido mercado laboral con medidas como la Asignación Universal por Hijo.
Federico Fagioli, Leonardo Grosso, Itaí Hagman y Natalia Zaracho en la presentación del proyecto de Ley para el Salario Básico Universal.
Pero saltemos temporalmente al 2021, cuando la habitual marcha por el Día del Patrono del Trabajo que realizan los movimientos sociales y las organizaciones de trabajadores incorporó el reclamo por un Salario Universal, para paliar la catástrofe social y el aumento de la pobreza.
Ya en mayo de 2022, los legisladores Itaí Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli del Frente Patria Grande dentro del Frente de Todos, presentaron un proyecto de ley para que 9 millones de desempleados, trabajadores de la economía informal y otros sectores de la población de bajos ingresos accedan a un Salario Básico Universal (SBU). El acto contó con la presencia del jefe de bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez; el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois; el director del Banco Nación, Claudio Lozano; el diputado y ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, entre otros.
La iniciativa presentada tiene como objetivo ampliar el sistema de seguridad social para la población de entre 18 y 65 años sin hijos, pobres o de clase media baja sin patrimonio ni ingresos fijos. La prestación monetaria equivaldría al monto de una Canasta Básica Alimentaria de un adulto. En cuanto a los requisitos para percibirlo es no cobrar prestación por desempleo, Potenciar Trabajo ni Tarjeta Alimentar.
De acuerdo a estimaciones, la medida impactaría en 7,5 millones de personas y el costo fiscal bruto anual que demandaría el proyecto podría ascender al 1,8 por ciento del PBI.
Pero más allá de las intenciones de los legisladores del oficialismo, parece difícil pensar que una medida semejante pueda contar el Diputados y el Senado con el respaldo de Juntos por el Cambio, que tiene en sus votos la llave para la sanción de cualquier proyecto.
Por eso, la atención está puesta en este nuevo momento del gobierno precipitado por los cambios en el Ministerio de Economía. En la primera sesión de Diputados después de la renuncia de Guzman, un grupo de diputados del FDT exhibió panfletos con el texto “Salario Básico Universal YA“. En la misma línea, Grabois se mostró conforme con la designación de Batakis pero le insistió: “caza la birome y no te demores por favor!”.
Si existe un momento para ejecutar medidas de shock para equilibrar las profundas desigualdades distributivas, el tiempo es hoy.
GANANCIAS EXTRAORDINARIAS: COMPARTIENDO EL CAPITAL
Un mes antes de su renuncia Martín Guzmán presentó el proyecto de Impuesto a la Renta Inesperada, pero el mismo no logró avanzar ni siquiera un paso, lo que volvió a dejar al descubierto la debilidad política de su gestión.
La iniciativa apunta a un pequeño grupo de empresas del sector más concentrado de la economía que comercialmente aprovechó la guerra en Ucrania y maximizó sus ganancias, facturando más de mil millones de pesos adicionales como consecuencia del aumento de los precios por el conflicto bélico.
En caso de aprobarse, serían apenas 350 grandes firmas las que deberían pagar el impuesto a la renta inesperada, lo que equivale a apenas el 1 por ciento de las empresas que operan en Argentina. Una lista muy corta, si se la compara con los millones de contribuyentes que abonan IVA o Impuesto a las Ganancias.
Pero el rechazo al proyecto fue feroz y el proyecto quedó empantanado ante la falta de apoyo de la oposición, con muchos diputados de Juntos por el Cambio en la primera fila, y el escaso músculo político del oficialismo.
La idea de gravar a las empresas que se beneficiaron extraordinariamente por el aumento de precios de los commodities surgió del corazón mismo del establishment financiero: el propio FMI recomendó, como lo había hecho al inicio de la pandemia, un “aumento de las alícuotas para los tramos más altos de impuesto a las ganancias y bienes personales”.
La lista de casos de gobiernos que implementaron tributos a las ganancias extraordinarias es cada vez más larga. A fines de abril, Italia puso en marcha su propio impuesto a la renta inesperada. Grava con una tasa de 10% a los beneficios excepcionales que registraron las empresas energéticas que operan en ese país. Asciende a 4400 millones de euros. En mayo, se anunció que la tasa pasaría de 10% a 25%.
En Gran Bretaña, el conservador de Boris Jonhson anunció la aplicación del “windfall tax” o impuesto a las ganancias inesperadas para los productores de petróleo y gas que operan en el Reino Unido. Con los fondos recaudados está financiando un paquete de asistencia social extraordinario para atender a un fenómeno que crece cada vez más: la pobreza en Inglaterra.
En España el socialista Pedro Sánchez estableció un impuesto a las ganancias inesperadas para solventar gastos sanitarios. Ahora, se plantea reconvertirlo y poner el foco en las empresas energéticas. En Rusia, ya desde 2020 se aplica un impuesto del 15% a los dividendos en las cuentas extranjeras y uno del 13% a los depósitos bancarios de más de 13.000 dólares.
De vuelta en Argentina, la propuesta quedó en suspenso después de la renuncia del ministro de economía, sin llegar a defenderla parlamentariamente. Ahora Silvina Batakis deberá ponerse la discusión al hombro e intentar torcer rechazos. “Es justo que cuando hay una renta inesperada, como en este caso por una guerra, se aporte más. Tiene que ser un instrumento que logre la redistribución de los recursos”, señaló en sus primeras declaraciones públicas.
De avanzar, la iniciativa empezaría a poner un poco de equidad en un sistema regresivo e injusto. Un tributo deducido de las extraordinarias ganancias de los pocos beneficiados de esta crisis, para paliar las profundas desigualdades del país.
Foto: Canal Abierto.
