La ambiciosa reforma del aparato de inteligencia estatal revela la jerarquía prioritaria que ocupa el espionaje político en el plan mayor de obras del oficialismo
Por Luciana Bertoia
El asesor presidencial Santiago Caputo tiene responsabilidad sobre dos áreas sensibles del gobierno de La Libertad Avanza (LLA): la comunicación y los servicios de inteligencia. Hay sospechas de que esas áreas se tocan, sobre todo en sus canales informales. Buena parte de la dirigencia política teme que las campañas en redes sociales sean financiadas con los cuantiosos recursos que la administración libertaria destino para la recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
El 21 de agosto pasado, la Cámara de Diputados rechazó el DNU 656/2024 a través del cual se habían asignado 100.000 millones de pesos en fondos reservados al sistema de inteligencia –que había sido reformado por decreto un mes antes. La curiosidad fue que ese rechazo fue también votado por el PRO, que venía siendo el aliado estratégico del oficialismo.
Ese mismo día, Mauricio Macri cayó en desgracia frente a los trolls libertarios. Durante horas, fue atacado sin piedad en la plataforma X. Luego hubo un armisticio: Macri visitó a Milei en la quinta de Olivos. No terminaron de ponerse de acuerdo, pero el hostigamiento cesó.
Ese mismo día, Mauricio Macri cayó en desgracia frente a los trolls libertarios. Durante horas, fue atacado sin piedad en la plataforma X. Luego hubo un armisticio: Macri visitó a Milei en la quinta de Olivos. No terminaron de ponerse de acuerdo, pero el hostigamiento cesó.
Macri sospecha de Caputo, que viene creciendo en influencia en el gobierno desde que salió del gobierno Nicolás Posse, primer jefe de Gabinete y supuesto amigo del Presidente. La eyección de Posse se dio entre acusaciones de supuesto espionaje interno. Esas acusaciones precipitaron el desplazamiento del abogado que estaba al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori.
Caputo –un asesor sin más designación que las facturas que emite mensualmente– tomó el guante. Puso en la AFI a un viejo conocido, Sergio Darío Neiffert, que no tiene ningún pergamino para conducir la inteligencia del país. Neiffert lo que sí tiene para el asesor todopoderoso es otro valor: la lealtad. Después de la llegada de Neiffert, Caputo se dedicó a planificar el cambio del sistema de inteligencia.
La vuelta de los dinosaurios
El principal golpe de efecto fue el cambio de nombre. La AFI –que había sido creada en 2015 después de una reforma legislativa promovida por Cristina Fernández de Kirchner tras la crisis que se generó con la denuncia y posterior muerte del fiscal Alberto Nisman– dejó de existir. Caputo decidió volver a la vieja SIDE, sinónimo de los sótanos que conectan a lo peor de la justicia y la política locales. La SIDE está emparentada con las operaciones políticas, el manoseo con los tribunales, los centros clandestinos durante los años del terrorismo de Estado o la coordinación del Plan Cóndor durante la dictadura.
Macri puso el grito en el cielo porque la SIDE pidió tener acceso a las causas en las que se investigan distintos episodios de espionaje durante la gestión Cambiemos. La principal alerta llegó cuando un abogado de los servicios se presentó en el expediente en el que se indaga sobre la vigilancia ilegal que sufrieron entre 2017 y 2018 las familias de los tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en medio de un ejercicio de la Armada Argentina. En esa causa, Macri llegó a estar procesado y luego fue sobreseído porque la Cámara Federal de Comodoro Py entendió que estuvo justificado que la AFI siguiera y fotografiara a los familiares de los submarinistas porque supuestamente estaba en riesgo la seguridad del entonces Presidente.
En el gobierno explican que la SIDE no quiso meter las narices en esas investigaciones sino que estaba haciendo un relevamiento de cómo están las causas que involucran a distintos agentes. Hay una parte que es cierta: el apoderado de la ex-AFI se presentó en varios expedientes, incluso en uno que se centra en la persecución a activistas anti-minería en el sur del país.
El dato muestra que, más allá de la coyuntural disputa entre Macri y el joven Caputo, hay una vuelta de la SIDE a una práctica estructural del pasado: introducirse en los tribunales para poder maniobrar en los expedientes. En marzo de 2020, Alberto Fernández había modificado por decreto la ley de Inteligencia nacional para prohibir que los agentes de la AFI intervinieran en investigaciones judiciales.
La batalla cultural
La reforma del sistema de inteligencia, que se hizo en julio de este año a través del decreto 614, dio el plafón para mostrar algunos de los vínculos entre los sectores más tradicionales de la inteligencia y quienes dan la “batalla cultural” de la ultraderecha desde las redes sociales. El episodio que exhibió con mayor nitidez esa conexión fue la jura de los nuevos directivos de la SIDE en el palacete de la calle Libertad donde tiene su sede la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) –que está a cargo del periodista Juan Bautista “Tata” Yofre. Allí se lo vio al médico Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan en las redes sociales, definido como un exitoso tuitero por el vocero presidencial Manuel Adorni. Gordo Dan tiene información que le permitió anticipar algunos desplazamientos del gobierno de LLA. ¿Cuál es su relación con la administración libertaria? Hasta el momento, es incierta.
El episodio que exhibió con mayor nitidez esa conexión fue la jura de los nuevos directivos de la SIDE en el palacete de la calle Libertad donde tiene su sede la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) –que está a cargo del periodista Juan Bautista “Tata” Yofre. Allí se lo vio al médico Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan en las redes sociales, definido como un exitoso tuitero por el vocero presidencial Manuel Adorni.
Hay una preocupación en la que coinciden tanto dirigentes macristas como kirchneristas: el aumento uso de los fondos reservados –léase, el dinero que se puede usar de manera discrecional y que, en el pasado, sirvió, por ejemplo, para desviar la investigación del atentado contra la AMIA. En ambos sectores sospechan que el grueso de los millones irán directamente a las arcas de la recientemente creada Agencia Federal de Ciberseguridad, una de las áreas de la SIDE que quedó a cargo de Ariel Waissbein.
“Van a usar esa plata para financiar los fierros que quisieron comprar durante nuestra gestión y que no lo lograron. Tampoco los compraron durante la gestión de Alberto Fernández”, advierte en off un exfuncionario de Macri. El fundamento político de la reforma de este organismo es que, en el pasado, fueron hackeadas la Agencia de Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados. Pero, el decreto también le abre la puerta a esta agencia a la interceptación de comunicaciones –actividad que, tras la reforma de 2015, quedó en cabeza del Poder Judicial-. La Corte Suprema, enfrascada en sus luchas internas, no hizo advertencia alguna a la intrusión de los servicios en su territorio.
